Sánchez y Aragonès pactan la ley de amnistía y encarrilan la investidura

La investidura de Pedro Sánchez se acelera. El martes, el PSOE y ERC cerraron los extremos de la ley de amnistía que reclamaban los republicanos y que los socialistas tienen previsto presentar de forma inmediata en el Congreso, probablemente el jueves. El articulado no está cerrado definitivamente, porque aún hay que pactar algunos puntos con Junts, que se negociarán probablemente este miércoles, pero la parte que exigía ERC, que pedía una “amnistía completa” incluyendo a los encausados en la investigación por las protestas de la plataforma Tsunami Democràtic, sí se ha acordado.

El remate de la negociación se produjo en una conversación entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, según comunicaron los dos partidos pasadas las 22.00 del martes. El socialista había hablado hace dos semanas con el líder de ERC, Oriol Junqueras, pero las dos formaciones destacaron que fue Aragonès quien cerró la negociación, algo significativo internamente en ERC.

Según la nota de prensa, ambos presidentes “han desbloqueado los últimos detalles de la futura ley de amnistía” y se emplaza a los equipos negociadores de ambos partidos “al cierre definitivo, en las próximas horas” de los acuerdos pendientes en otras carpetas que estaban sobre la mesa y que “contendrán cuestiones políticas y económicas para desarrollar durante la XV Legislatura”. Teóricamente, allí estarían asuntos como el traspaso de Rodalies, el servicio de Cercanías de Renfe en Cataluña. El tono del comunicado es de investidura inminente. “La ley será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados” y también los órganos de ERC someterán a votación los acuerdos muy próximamente.

La investidura de Sánchez parece así definitivamente encarrillada a falta de rematar los acuerdos con los otros aliados: PNV, Bildu y BNG. Todo está perfectamente medido. Primero fue el discurso de Sánchez ante el comité federal del PSOE defendiendo la amnistía el sábado; el lunes llegó la delicada foto del número tres de los socialistas, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont en Bruselas. Y el siguiente paso, tras el acuerdo con ERC, es el registro en el Congreso de la ley de amnistía, hito previo a la investidura. El Gobierno y sus aliados trabajan con el escenario de registrarla esta semana, el jueves —este miércoles es festivo y no abre el registro— para que pueda ser calificada el viernes en la Mesa, que ya está convocada, y se pueda allí, en la Junta de Portavoces posterior, anunciar el pleno de investidura para la próxima semana. Como dijo Sánchez, “nada está cerrado hasta que todo está cerrado”, y, por tanto, todo podría cambiar en el último momento, pero los planes iniciales son estos.

La intención inicial es registrar la proposición de ley, que se lleva negociando semanas con Junts y ERC, con la firma de todos los grupos que apoyan la investidura —PSOE, Sumar, PNV, Bildu, BNG y los dos independentistas catalanes— pero aún tendrán que compartirla con los demás, porque se lleva con gran secreto. Hace dos meses, cuando planteó sus condiciones, Puigdemont insistió en que quería la ley aprobada antes de la investidura, algo que los socialistas veían inviable. No será así, pero, al menos, sí estará registrada y calificada por la mesa del Congreso para entonces, como forma de garantizar que la norma puede salir adelante.

Cuando los independentistas presentaron su propia ley de amnistía, en 2021, los letrados la rechazaron por inconstitucional, y no fue calificada. Sin embargo, fuentes de la negociación, aseguran que esta norma será completamente diferente a aquella, que se basaba en que no hubo ningún delito en el procés. Por tanto, la actual ley no debería tener ningún problema para iniciar su tramitación, que será larga y tortuosa porque la oposición será muy dura con ella. Además, el PP controla el Senado, donde puede entorpecer su marcha y retrasar los plazos, aunque no impedir que salga adelante, porque siempre tiene primacía el Congreso.

Además de la ley de amnistía, el pacto político, que prácticamente se sancionó con la foto de Puigdemont y Cerdán en Bruselas y ahora se remata con esta conversación entre Sánchez y Aragonès, incluye otros puntos que llevan semanas discutiéndose y que los socialistas confían en que suponga un acuerdo mucho más allá de una simple investidura; o, al menos, la garantía de aprobar los primeros Presupuestos, aunque el PSOE ha negociado con la intención de alcanzar un auténtico pacto de legislatura. Con Junts las cosas parecen muy amarradas, pero este grupo da por hecho que obtendrá algunos de los hitos que reclamaba, en especial el verificador para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

También da por hechos acuerdos sobre la lengua y lo que llaman el “reconocimiento nacional” de Cataluña y de cuyo avance a lo largo de la legislatura Junts espera condicionar su apoyo a Sánchez. Es un asunto sobre el que aún faltan muchas concreciones y todo se puede retrasar en el último momento, porque hay dos semanas más de margen para la investidura. El pacto a cinco bandas es muy complicado, en especial por la rivalidad entre Junts y ERC, pero los planes iniciales con los que trabajan los negociadores son muy claros e incluyen estos pasos decisivos los próximos días para concluir en la investidura la semana que viene.

En el PSOE defiende la foto que se hizo Cerdán con Puigdemont, que ha sido muy criticada por la oposición al tratarse del secretario de organización del PSOE junto a un expresident que huyó de su país en 2017 y lleva seis años esquivando a la justicia española. Los socialistas creen que en una negociación como esta, el Gobierno debe dar pasos y sostienen que la fotografía se hace con la intención de mostrar que lo que se está haciendo es “hablar para resolver problemas”. Fuentes de la dirección socialista aseguran que no están incómodos con esa fotografía porque supone dar un paso “para el reencuentro” y desbloquear además la investidura. Cerdán, según fuentes del PSOE, no sabía que Puigdemont lo iba a recibir en una sala presidida por un enorme cuadro en homenaje al referéndum del 1 de octubre de 2017, con una gran urna en primer plano. Lo que estaba pactado es que el PSOE haría la foto y el vídeo que se distribuyeron, y en ellas apenas se veía ese cuadro y no se apreciaba la urna. La foto que se envió a los medios fue pactada entre los dos grupos. En el PSOE minimizan la importancia del contexto de esa imagen, con el cuadro del referéndum en la sala, y destacan que lo relevante es que haya acuerdo. En cualquier caso, señalan que es impensable en una negociación exigir a uno de los interlocutores que cambie la decoración de su despacho para recibir al otro. El cuadro no se colocó para la cita, estaba allí y preside todos los encuentros del líder de Junts, que sigue reivindicando el referéndum y ha insistido en que nunca renunciará a la unilateralidad, una de las cuestiones que le reclamaron los socialistas durante la negociación. El encuentro duró una hora y llega después de muchas conversaciones de Cerdán con dirigentes de Junts y viajes discretos a París y otros lugares.

Aceleración

A falta de conocer el detalle del texto, el acuerdo entre el PSOE y ERC blinda que diferentes encausados por la causa del Tsunami Democràtic, el movimiento de protesta que nació tras la sentencia del procés, también sean beneficiados. Muchos de los activistas han sido absueltos, pero la supuesta cúpula de ese movimiento está siendo investigada por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Josep Lluís Alay, exjefe de la oficina de Puigdemont cuando este era president, están en esa situación. Rovira, afincada en Suiza, afirmó hace meses que no regresaba a España por temor a que se le imputara ese delito.

ERC había dado a entender en los últimos días que había alguna divergencia sobre el alcance de la amnistía en la que trabajaban Junts y los socialistas. El lunes, la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, abogó por más coordinación para obtener una “amnistía total”. El martes insistió en el mismo mensaje su homóloga del Govern, Patrícia Plaja, quien dijo que se debería incluir a “todos los casos de represaliados políticos, y esto también debe incluir la cuestión del Tsunami Democràtic”. Tras el comunicado emitido la noche del martes, fuentes de ERC ven ya todo subsanado.

Junts, y muy especialmente su fundador, se enfrenta ahora a la tarea de que en las bases se haga una buena digestión de un acuerdo que hace tan solo tres meses implicaba impugnar el camino de confrontación contra el Estado iniciado en 2017. Nada hace pensar que el expresident se vaya a encontrar con una contestación que descabalgue el pacto, ni por parte del Consejo Nacional ni en la consulta a las bases del fin de semana. Pero, por primera vez, Puigdemont se enfrenta a explicarse ante las bases. ERC está a la espera de que se cierre el acuerdo que hasta el martes primeras espadas de la formación insistían en calificar como aún crudo. El PSOE también terminará su consulta a la militancia para el fin de semana.

Todo está listo, pues, para ir a la investidura la próxima semana. Y, si nada se tuerce, algo que siempre es posible en una negociación tan complicada, los días y los hitos de cada uno de ellos hasta alcanzar ese momento están negociados y tasados.