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El acuerdo más allá de la amnistía: las otras tres demandas del independentismo en el aire

ERC exige el traspaso en Rodalies y mejoras en la financiación, y Junts, un mecanismo de verificación para dar el sí definitivo a Pedro Sánchez

ERC
De izquierda a derecha, el 'president' Pere Aragonès y los expresidents Quim Torra, Carles Puigdemont, y, detrás, José Montilla y Jordi Pujol en el acto de homenaje a Pau Casals en Prades (Francia) en agosto.MASSIMILIANO MINOCRI

El PSOE, Esquerra y Junts están apurando la negociación final sobre la investidura de Pedro Sánchez con el calendario en la mano al expirar el plazo para celebrar la sesión antes del 27 de noviembre. La reunión en Bruselas este lunes del expresident Carles Puigdemont con Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, presagia la cercanía del acuerdo. Sánchez ya hizo este sábado en el comité federal del partido una defensa explícita y sin tapujos de la amnistía, defensa que presagia un posible pacto. La militancia socialista votará esta semana el acuerdo de gobernabilidad con Sumar y proseguir las conversaciones con otras fuerzas políticas, en alusión a los partidos independentistas.

ERC da la amnistía por descontada y reclama con insistencia dos temas más que encallan por ahora las conversaciones y que coloca en lo que denomina la “carpeta del bienestar” para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía: el traspaso de Rodalies (los trenes de Cercanías en Cataluña) y la mejora de la financiación. La portavoz republicana, Raquel Sans, ha asegurado este lunes que las negociaciones “se han intensificado”, aunque también ha advertido que aún quedan muchas cosas pendientes y que no hay “nada cerrado”. “Estamos en días decisivos. El tiempo corre”, ha dicho tras la reunión semanal de la cúpula de los republicanos. Junts reclama la figura de un mediador para velar por el cumplimiento de los acuerdos.

El traspaso de Rodalies. Con un sistema ferroviario que registra averías de media uno de cada dos días, ERC reivindica el traspaso integral de ese servicio y que no sea, avisa, una transferencia “fake” [”falsa” en inglés], como asegura que fue en los tiempos del tripartito cuando se les asignó la capacidad de gestionar los horarios. Los socialistas están negociando ese traspaso, pero con esta salvedad: no quieren traspasar líneas ferroviarias que enlace comunidades autónomas (Aragón o Comunidad Valenciana) o que llegue a Francia. Eso limitaría la transferencia, a lo sumo, a apenas a tres líneas, entre ellas la del Maresme, una de las más conflictivas y concurridas. ERC sostiene únicamente se les ha ofrecido la gestión de un tramo en Barcelona —entre Bellaterra y El Papiol— y otro en Lleida, en la línea que comunica con el Pirineo y que ya opera Ferrocarrils de la Generalitat.

La financiación pendiente. ERC exige como medida estrella la amnistía —tiene muy asumido que debe aparcar su petición del referéndum—, pero pone sobre la mesa el asunto de la financiación autonómica al estimar que Cataluña arrastra cada ejercicio un déficit fiscal de 22.000 millones de euros. Junts coincide con esa cifra mientras el PSC no comparte en absoluto el diagnóstico. La consejera de Economía, Natàlia Mas, sitúa, sin embargo, el déficit en su máximo histórico y lo tildó de “sostenido, injusto y deliberado”. Sans se ha mostrado escéptica ante la posibilidad de que el Gobierno ofrezca una quita de la deuda de la Generalitat derivada Fondo de Liquidación Autonómica (unos 29.000 millones en los próximos cuatro años)· “La condonación de la deuda no deja de ser un retazo. Una respuesta puntual a un problema estructural”, ha dicho. “¿Está dispuesto Sánchez a regalarle la presidencia al PP y Vox porque no son capaces de resolver el problema de la financiación y la mala situación de la red de trenes que afecta a miles de ciudadanos?”, se ha preguntado.

La figura del mediador. Puigdemont reclamó en su conferencia en Bruselas previa a las negociaciones un “mecanismo de mediación y verificación” para velar por el cumplimiento del acuerdo ante los recelos que admitió tener hacia los socialistas. Fue el mismo método que utilizó el día de la constitución del Congreso cuando exigió que el Gobierno pidiera formalmente en Europa la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego como condición indispensable para votar a favor de la presidenta Francina Armengol. Sumido Junts en el mutismo, queda ahora la duda de hasta qué punto el mecanismo es esencial después de la reunión de este lunes en Bruselas que parece vaticinar el acuerdo. El comunicado emitido por Junts alude al “buen ambiente” del encuentro y constata que las negociaciones avanzan en la buena dirección y que seguirán hablando en los próximos días.

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