La Fiscalía señala a Camps como el primer cargo público “parasitado” por Gürtel en Valencia: “Es el paciente cero”

La Fiscalía Anticorrupción ha lanzado la última ofensiva contra el expresidente valenciano Francisco Camps, al que se juzga desde enero en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el caso Gürtel. El ministerio público, que ha presentado este lunes sus conclusiones en la vista oral, ha señalado al exdirigente del PP como el político que abrió las puertas de la Generalitat a la trama de Francisco Correa. Según su tesis, él fue el primer alto cargo “parasitado” por la red corrupta. “Se instalaron [en las instituciones regionales] a través de un paciente cero, que es Camps. Él les ofreció ir a Valencia”, ha sentenciado la acusación: “Hay prueba abundante, sólida y contundente”. Las fiscales piden un año de cárcel y seis años de inhabilitación para el antiguo jefe del Ejecutivo valenciano.

Como se esperaba tras casi 10 meses de juicio, Anticorrupción ha sacado toda la artillería en la fase final de la vista. Durante cerca de cuatro horas, las fiscales Pilar Santamaría y Concepción Nicolás han descrito una estructura ilegal que “desembarcó” en la Administración valenciana gracias, según su tesis, al compadreo entre el hombre fuerte de Gürtel en la región, Álvaro Pérez (alias El Bigotes), y la máxima autoridad autonómica, Francisco Camps. Sin su “estrecha” relación, ha incidido el ministerio público, no se entiende que la trama llegara tan lejos y consiguiera que se amañasen adjudicaciones a su favor: entre otras, las relacionadas con los trabajos para la feria de turismo Fitur.

El ministerio público ha perfilado primero la dinámica que seguía Gürtel para “colonizar” las instituciones —como ya hiciera en Madrid y en la propia Comunidad Valenciana, según han declaró probado los tribunales en otros juicios—. “[Este grupo criminal] entra siempre en la Administración de la mano de un político”, ha afirmado Santamaría. Y, en la Generalitat, ese papel lo jugó Camps precisamente, según la acusación. En opinión de Anticorrupción, el entonces presidente “facilitó” que la red trasladara su centro de acción a la comunidad levantina: conocía a El Bigotes porque organizaba los actos del partido y, cuando el PP nacional dio de lado a los hombres de Correa, les acogió en la región. “Camps va introduciendo a [Álvaro Pérez] en actos”.

Con el apoyo de las escuchas telefónicas intervenidas por la Policía y las confesiones de los líderes de Gürtel, la Fiscalía ha asegurado que Camps conocía a las empresas de Correa antes de que la trama llegara a Valencia (“Es algo probado”, ha dicho); y ha aseverado que “alimentó, amparó y protegió” las contrataciones irregulares que se cerraron en favor de la red. “Él las propicia y facilita”, ha expuesto Concepción Nicolás, que ha calificado la relación entre Camps y El Bigotes como un auténtico “tráfico de influencias”. Según su tesis, el jefe del Ejecutivo abrió la vía de la Administración regional a Pérez, de forma que llegó un momento en el que ya no hacía falta que él fuera pidiendo trabajo a los diferentes departamentos autonómicos, sino que estos iban “contratando con Gürtel para congraciarse con el presidente”. Enrique Navarro, jefe de gabinete de la consejera Alicia de Miguel entre 2003 y 2007, lo manifestó así en el juicio: “Pregunté por qué lo hacíamos con este señor. Y Alicia dijo que Álvaro tenía una amistad con [Ricardo] Costa, [ex secretario general del PP valenciano], y proximidad con Camps”.

Anticorrupción ha subrayado que la relación entre Camps y El Bigotes fue “cada vez más estrecha” y le generaba “más oportunidades de negocio”: “Y toda esta proximidad, este abuso, permitió que Pérez contratara con la Generalitat [...] El presidente tenía dominio del hecho: se podía haber negado, pero no. El presidente tenía interés en que se contratara a esa empresa”, ha dicho en referencia a Orange Market, la compañía creada “ad hoc” por la trama para aterrizar en la Comunidad Valenciana. Asimismo, las fiscales han hecho hincapié en que, pese que el presidente “reconoció” su relación con El Bigotes en el juicio sobre el caso de los trajes (del que salió absuelto), ahora ha tratado de negarla: “Creo que esta [actitud] debe ser valorada incluso como un contraindicio”, ha comentado Nicolás. En ese sentido, El Bigotes dijo durante el juicio: “Yo era consciente de que [Camps] me apreciaba y quería. Yo era su amigo”; “había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps; “yo le pedí a Camps que me ayudara. Y él me ayudaba”.

“¿Quién vigila a los vigilantes?”

Las fiscales se han dejado muy poco en el tintero. Han repasado las facturas sospechosas y el fraccionamiento de contratos, entre otra “batería” de indicios que han puesto sobre la mesa: “Todos, presididos por la ilegalidad, la arbitrariedad, la falsificación y la falta de competencias”, ha dicho la acusación pública. “¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién guarda a los guardianes? ¿Quién controla a esos funcionarios públicos que son custodios de la caja común?”, se ha preguntado Concepción Nicolás, que ha rechazado así los intentos de las defensas de minimizar las imputaciones: “Estamos ante delitos de corrupción [...] Tenemos la obligación de dar una respuesta desde el Derecho Penal. Y solicito una sentencia condenatoria”. Su compañera, Pilar Santamaría, ha remachado: “Son unos hechos intolerables para una sociedad que se diga evolucionada y respetuosa con el Estado de Derecho”.

El abogado de la Generalitat Valenciana, personada como acusación particular en la vista, ha incidido en la misma idea durante su alegato de este lunes: “Se han puesto de manifiesto mecanismos de manipulación de la contratación pública en el ámbito de la Administración autonómica”. Gloria de Pascual, letrada de dos exdiputadas socialistas valencianas personadas como acusación popular, ha añadido: “Cada vez que se entra en contacto con la rama valenciana de Gürtel, se adquiere una visión deprimente del funcionamiento de su Administración durante este periodo de tiempo. Resulta evidente la degradación de la Administración mientras él ejercía la Presidencia”.

El juicio —que ha celebrado la sesión número 42 este lunes— avista ya el final. Tras las acusaciones y las primeras defensas que han intervenido en esta jornada, el resto de partes expondrán a partir del martes sus conclusiones. Después, los 26 acusados tendrán la oportunidad de utilizar su turno de última palabra. Entre ellos, Francisco Camps, que afronta este proceso como mucho más que una vista oral. El expresidente ha insistido en que quiere volver a la primera línea de la política y, para ello, debe superar este escollo. Incluso, ya se postuló sin éxito como posible alcaldable de Valencia para las elecciones municipales de 2023. Pero, hasta ahora, en su partido han hecho oídos sordos.

En la formación conservadora saben que, aunque salga absuelto, no podrán borrar el legado que dejó: distintos tribunales ya han declarado probado que la corrupción anidó de forma generalizada en el Gobierno y el partido regional que Camps encabezó durante más de un lustro. Y el listado de condenados, muy próximos a él, resulta extenso: entre otros, su secretario general y mano derecha en el PP valenciano, Ricardo Costa, que relató que el presidente conocía y participaba de las irregularidades de Gürtel; su vicepresidente Víctor Campos —otro de sus vicepresidentes, Juan Cotino, murió en pleno juicio contra él—; su gerente regional, Cristina Ibáñez; su secretario general del grupo parlamentario y vicesecretario de Organización, David Serra; su tesorera, Yolanda García; su consejera y presidenta de la Cámara autonómica, Milagrosa Martínez; su conseller Rafael Blasco; su secretario de Comunicación y posterior director de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno...