La Audiencia Nacional calcula que la sentencia de Camps no se dictará al menos hasta noviembre

El juicio contra Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana (2003-2011), ha quedado totalmente trastocado. La Audiencia Nacional prevé retomar este jueves la vista oral que sienta en el banquillo al exdirigente del PP tras otra semana de parón, pero los plazos para acabar se han visto alterados. De hecho, el presidente del tribunal, José Antonio Mora, que se encargará también de redactar la sentencia, ya comunicó a la Sala de lo Penal que calcula que el fallo “no podría dictarse antes del 30 de noviembre de 2023”, según consta en una de las actas de la Sala de Gobierno del órgano judicial. Esa previsión, unido al adelanto electoral anunciado este mismo lunes por el socialista Pedro Sánchez, implica que la decisión sobre Camps no se conocerá hasta después de los comicios nacionales. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para él.

En marzo de 2022, cuando se fijaron inicialmente las fechas para el juicio, el tribunal contemplaba empezar el 17 de enero de 2023 y finalizar el 23 de mayo —en plena campaña de las autonómicas y municipales—. Sin embargo, los retrasos se avecinaron muy pronto. Primero, la Audiencia acordó comenzar una semana más tarde: el 23 de enero. Pero ese día no llegó a arrancar la vista oral porque la defensa de Camps alegó dificultades para acceder a documentos del sumario, por lo que se les dio otros siete días más. De esta forma, el pistoletazo de salida se dio finalmente el 30 de enero con la fase de cuestiones previas, cuando el abogado del expresidente intentó anular la causa abierta contra el político o, en su defecto, suspender de nuevo el proceso. Pero no lo logró.

Las primeras sesiones se desarrollaron al ritmo previsto, pero el 18 de abril surgieron nuevas dificultades. Los magistrados se vieron obligados a posponer el juicio sine die por la huelga convocada por los funcionarios de la Administración de Justicia, que todavía siguen con sus movilizaciones. Desde entonces, solo se han logrado celebrar tres sesiones, y el tribunal ha tenido que suspender en otras dos ocasiones por los mismos paros de los funcionarios. La última, hace cinco días: el pasado 25 de mayo.

Los planes han quedado, por tanto, totalmente alterados. A finales de abril (cuando aún no se habían registrado las dos últimas suspensiones), el tribunal ya preveía que no acabaría el juicio hasta el 31 de julio. De momento, han desfilado ante los magistrados un total de 44 testigos —aunque se han renunciado a algunos, solo la Fiscalía propuso más de 150 que se pidieron, a los que se suman policías y técnicos de Hacienda—. Una vez que declaren todos los testigos, aún queda la fase documental de la vista oral, las conclusiones de todas las partes y los turnos de última palabra de los 26 acusados que se sientan en el banquillo.

Los retrasos también han trastocado la carrera profesional de uno de los jueces. José Antonio Mora, presidente del tribunal y encargado de redactar la sentencia del juicio, había pedido el traslado a la Audiencia Provincial de Valencia, que se le ha adjudicado de forma provisional. Pero, como la vista sobre Camps se ha suspendido en varias ocasiones, Mora presentó el 19 de abril un escrito para que se comunicara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su petición de aplazar su cese en la Audiencia Nacional hasta el 30 de noviembre de 2023, sin descartar que haya que posponerlo aún más. Según expuso Mora, “dada la complejidad jurídica del asunto” (con “numerosos acusados y testigos”) y la “incidencia de la huelga” de los funcionarios en el desarrollo del juicio, “la sentencia no podría dictarse antes del 30 de noviembre de 2023, siendo su dictado y redacción incompatible con otras tareas jurisdiccionales”.