Bruselas no detecta riesgos de inestabilidad política en España

Bruselas descarta una grave crisis política en España. El panorama poselectoral, con el próximo intento de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se prevé fallido, y las conversaciones del PSOE con Junts para recibir apoyo de los independentistas, con la gran promesa de impulsar en la UE las lenguas cooficiales —priorizando el catalán— y una posible amnistía por los hechos vinculados al procés, no preocupan en las instituciones comunitarias. En Bruselas se vio con gran alivio el significativo retroceso de la ultraderecha euroescéptica de Vox el 23-J. Y mientras el PP de Feijóo, que ha formado coalición en varias comunidades y ciudades con el partido ultra, ha ido quemando opciones de formar Gobierno, varias fuentes europeas ven más cercano un Ejecutivo de Pedro Sánchez “si consigue algo que pueda defender”, dicen. Los independentistas de Junts inquietan menos que Vox y altas fuentes comunitarias resaltan que se ven soluciones políticas en España acordes con lo que quieren las instituciones europeas: estabilidad.

“No detecto ningún tipo de preocupación en Bruselas por la estabilidad política en España”, remarca el alto representante para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell. “Las instituciones están actuando con toda normalidad después del 23-J, jugando el papel normal que deben jugar”, señala por teléfono a EL PAÍS el jefe de la diplomacia europea. “No hay alarma”, insiste también una alta fuente de Bruselas. Expertos y analistas apuntalan la percepción. “A pesar de la alta incertidumbre política en la política española, no hay gran preocupación sobre el impacto que esto podría tener dentro y en toda Europa”, coincide Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho y Política de la Unión Europea en HEC Paris.

Es la temperatura del termómetro general: España no es un asunto de discusión caliente en la UE. Y menos en un momento turbulento como el actual, con elecciones europeas a la vuelta de la esquina, el próximo junio, comicios nacionales clave en varios Estados miembros —como en uno de sus socios díscolos, Polonia, o en Países Bajos— y temas cruciales para el futuro de la UE, como la próxima ampliación, el debate presupuestario o el migratorio, con una nueva crisis de llegadas irregulares despuntando, y la guerra de Rusia contra Ucrania para la que no se ve un final. España, además, está siguiendo la pauta general que se había marcado en la agenda de la presidencia semestral del Consejo de la UE, comenta una veterana diplomática de la UE. “La Comisión trabaja muy bien con la presidencia española. No tenemos ningún problema particular”, incide un portavoz del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.

Hasta ahora, además, el estancamiento político ha tenido efectos mínimos en la economía española, que es la cuarta mayor de Europa y la decimocuarta del mundo (en PIB nominal), analiza Standard & Poor’s. La agencia de calificación de deuda destaca que para 2023, España se encamina hacia el crecimiento más rápido entre las cuatro mayores economías europeas: del 1,6%.

De hecho, Bruselas ha elevado su previsión para España al 2,2% mientras ha rebajado la del conjunto de la UE y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha insistido, tajante, en que la situación política y la incertidumbre de cuándo se podrá formar Gobierno no inquietan a la Comisión —”Bélgica tuvo un Gobierno en funciones durante un año y medio”, recordó hace unos días el responsable europeo— y tampoco suponen un riesgo para la economía. “No estamos preocupados. Si se fijan las previsiones que hemos presentado, España tiene una situación bastante buena, mejor que otros países en términos de crecimiento o perspectivas de inflación”, destacó Gentiloni la semana pasada.

Los síntomas de preocupación serían otros: un gran retraso en la presentación de los Presupuestos, o que España no pudiera cumplir con sus obligaciones sobre el fondo de recuperación, la gran herramienta financiera de la UE, que tiene a España y a Italia como grandes receptores, donde se juega el éxito de la gran medida de la Comisión Von der Leyen.

El panorama político español, con sus turbulencias, no difiere mucho del de otros Estados miembros, recuerda Karel Lanoo, director de CEPS, uno de los centros de estudios europeos más potentes. El experto destaca la “habilidad” que ha tenido Sánchez y cómo su jugada de adelantar las elecciones a julio contribuyó al retroceso de la ultraderecha euroescéptica de Vox, que tanta alarma causa en Bruselas, por su agenda negacionista del cambio climático y la violencia machista y sus ataques a lo que los ultras llaman “los burócratas” de la UE. “Bruselas tiene miedo a la ultraderecha y el PP, que se había acercado a Vox, ha quedado un poco aislado”, dice Lanoo, que cree que Sánchez “encontrará la fórmula” y terminará formando Gobierno.

Que esa fórmula pase por acordar algunos términos con Junts es “parte del juego político”, señala el director del CEPS. En una Europa de múltiples realidades regionales, lenguas diversas y Estados miembros habituados a las conversaciones de coalición, la apuesta de Sánchez no chirría, dice Lanoo.

La oleada de críticas entre la derecha que despertó la visita de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a Bruselas para reunirse con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la justicia por los hechos del procés independentista y eurodiputado, apenas recibió atención en las instituciones comunitarias. Los furiosos debates sobre una posible amnistía, contra la que ha clamado la derecha, la ultraderecha y algunos históricos socialistas, no tienen réplica en Bruselas.

Sin embargo, destaca Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, la posibilidad de ese alivio penal sí puede ser un tema sobre la mesa institucional europea más adelante. “Depende de cómo se plantee, la amnistía puede plantear dudas sobre el Estado de derecho europeo y crear precedentes que otros Estados miembros vean con seria inquietud”, señala el experto, que destaca que a diferencia de 2015 o 2019, cuando también hubo gobiernos en funciones, la cuestión europea ahora sí forma parte de esta situación porque parte de la negociación introduce cuestiones que afectan a la UE, incluso a su funcionamiento, como el debate para oficializar en la Unión las lenguas cooficiales y sumarlas a las 24 que ya lo son. Una propuesta que, además de las serias implicaciones que tiene para algunos territorios, supone también un cambio en la logística (ahora, con las lenguas oficiales ya hay 552 combinaciones de traducción) y un asunto económico, aunque España haya propuesto asumir los costes adicionales.

La caja de Pandora de las lenguas oficiales

La proposición del Ejecutivo de Sánchez, que presentó el martes el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, en el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, ha creado grandes dudas entre los Estados miembros por todas esas implicaciones. No se han cerrado en banda pero han pedido más tiempo y un informe sobre las consecuencias legales y financieras. La negociación está siendo muy compleja y España ha decidido priorizar el catalán por ser la más hablada de las tres cooficiales (con la idea, además de que no es una lengua minoritaria, sino que tiene más hablantes que otras ya oficiales en la UE) y después impulsar el gallego y el euskera de forma gradual.

El Gobierno de Sánchez ha ganado así tiempo, algo que puede jugar a su favor en las conversaciones con Junts y con ERC. A ningún Estado miembro se le escapa que es un asunto sustancial para la política interna española y que en otro momento pueden estar en la misma tesitura. De hecho, Francia, que se ha opuesto a abrir el melón de las lenguas por sus conflictos con los movimientos nacionalistas bretones o corsos, ha asegurado que está dispuesta a “acomodar” la propuesta de España, aunque pide un informe jurídico para ver “cómo”.

En Bruselas, donde los actores clave conocen a fondo la situación política de los Estados miembros y todo el engranaje comunitario, no se ve como una humillación —como lo ha tildado la ultraderecha— ni los debates sobre la posible amnistía ni la petición española sobre las lenguas cooficiales, destaca una alta diplomática europea. No pasa desapercibido que el independentismo catalán ha perdido mucho fuelle —Junts perdió un escaño y ERC, seis— y que Puigdemont está pidiendo clemencia, aunque con palabras grandes y sonoras.

Con el fantasma de la ultraderecha sobrevolándolo todo, la Generalitat tiene también mucho que perder en Bruselas —donde se había dado muestras de restaurar las relaciones tras 10 años congeladas— si no se mueve para impedir que los ultraconservadores euroescépticos lleguen, de la mano del PP, al Gobierno de la cuarta economía de la UE. La posibilidad de nuevas elecciones si los procesos de investidura fracasan tampoco causan especial inquietud, aunque varias fuentes europeas destacan que la ultraderecha podría tratar de capitalizar el debate catalán. Un mensaje amplificado por los partidarios dentro del Partido Popular Europeo del acercamiento a los ultraconservadores, que ya daban por hecho el pacto de gobierno PP-Vox en España y que pueden generar más ruido en el debate político español.

Tras el 23-J se habló en Bruselas de una gran coalición PP-PSOE al estilo de otros Estados miembros y el PP intentó transitar esa vía. Pero cometió errores, analiza una alta fuente comunitaria. Lo hizo, como destaca uno de los últimos análisis de EuroIntelligence, de forma improvisada y tras una campaña plagada de ataques contra el “sanchismo” con el que después propuso pactar. “Todo este escenario poselectoral no es algo que Feijóo ni su entorno anticiparan, así que ahora están improvisando”, dice. “Esto también podría aplicarse a los socialistas. Pero Sánchez ha sido un protagonista clave en uno de los períodos más caóticos de la historia política española moderna. Tiene ventaja sobre Feijóo si ambos tienen que arreglar las cosas sobre la marcha”.