La UE apuesta por ganar tiempo para decidir sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, va a tener que hacer un verdadero ejercicio de funambulismo cuando, este martes, defienda en Bruselas la propuesta española para hacer del catalán, el euskera y el gallego lenguas oficiales de la UE. Forzado por las exigencias de los partidos independentistas, que tienen en su mano la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno en funciones solicita que esas tres lenguas sean reconocidas como los idiomas número 25, 26 y 27 de la Unión. U bloque que es multicultural y plurilingüe pero en el que, por ese mismo motivo, los socios europeos son muy reacios a abrir la puerta a nuevas lenguas oficiales —actualmente hay 24— que puedan desatar demandas similares en el interior de sus propios países: el 8% de los ciudadanos de la Unión pertenecen a una minoría nacional y el 10% habla una de las 60 lenguas regionales o minoritarias del territorio europeo.

Así, es casi seguro que en el debate de este martes en el Consejo de Asuntos Generales los países miembros pospondrán la decisión sobre el catalán, el euskera y el gallego, dando una patada hacia delante al balón, y esa será la primera prueba de fuego para testar las negociaciones del Gobierno con Junts y ERC: se verá si los partidos independentistas se lo toman como un portazo y rompen las negociaciones o aceptan esperar.

Buena parte de los Veintisiete han mostrado en los últimos días su reticencia a analizar con prisas este asunto, y piden tiempo para evaluar todas las implicaciones de un paso que llega en un momento complicado: a menos de un año de las elecciones europeas y cuando aún están por cerrar algunas de las grandes reformas pendientes de un mandato complicadísimo, por la pandemia primero y la invasión rusa de Ucrania después. Además, varios países candidatos a entrar en la UE —con sus propias lenguas— llaman cada vez con más insistencia a sus puertas. Y, por último, la solicitud española tiene una dificultad añadida: las 24 lenguas que ahora sí son reconocidas como oficiales en las instituciones de la UE son todas oficiales en el conjunto de sus respectivos Estados, a diferencia del catalán, el euskera y el gallego, que solo son oficiales en determinadas comunidades autónomas españolas, no en el conjunto del Estado. “Hay muchas preguntas sin respuesta respecto a las implicaciones políticas, legales, financieras y prácticas de una decisión de este tipo”, resumen fuentes europeas sobre la situación.

La buena noticia para Madrid es que nadie parece querer dar este martes un no rotundo a España. Sobre todo, aquellos socios que verían con buenos ojos una revalidación del mandato de Pedro Sánchez que aleje la entrada de la extrema derecha en otro gran Ejecutivo europeo. Pero incluso estos señalan que no es posible tomar una decisión tan compleja, y que requiere unanimidad, “en tan corto plazo”. Como España preside este semestre el Consejo de la UE, puede marcar los tiempos en reuniones como esta y no forzar un voto si no lo ve claro, como todo apunta que va a suceder.

La pregunta del millón es si lo que salga del Consejo de Asuntos Generales, previsiblemente algún tipo de acuerdo para seguir estudiando la cuestión, bastará para convencer a Junts, que quiere pruebas de que el Gobierno en funciones trabaja en serio para hacer realidad una vieja demanda que ha chocado una y otra vez ante los socios europeos. Porque esta no es la primera vez que España busca un mayor reconocimiento del catalán e incluso intenta oficializar sus lenguas cooficiales ante la UE. Y, de hecho, fruto del intento anterior, lanzado en 2004, las tres lenguas gozan ya de un estatus intermedio, administrativo, que, aunque no compromete jurídicamente a la UE porque no son oficiales, sí facilita su uso en muchas de las instituciones, aunque no permite una cuestión clave para Junts: poder hablar catalán en plenos y reuniones del Parlamento Europeo.

“Le deseo mucha suerte al que tenga que negociar esto, porque va a ser prácticamente imposible”, auguraba al conocer la nueva propuesta española una fuente que participó en el principal intento previo. Fue en diciembre de 2004, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero solicitó “el reconocimiento oficial en la Unión Europea de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España”. Para ello proponía, como se vuelve a hacer ahora, “que se proceda a una modificación del vigente Reglamento 1/1958, en el que se establece el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión”.

No se logró, y eso que el ambiente parecía más propicio que nunca: aunque Francia era, como sigue siendo, alérgica a cualquier gesto que sus propios independentistas, sobre todo los corsos, puedan utilizar en su favor, el entonces presidente, Jacques Chirac, “quería complacer a Zapatero, porque venía tras Aznar, con quien tenía una animadversión personal, sobre todo por Irak y Marruecos”, recuerda esta fuente, testigo de las negociaciones de la época. Pero incluso así, agrega, Chirac “no podía dar el sí” al reconocimiento total del catalán y demás lenguas cooficiales en Europa.

“De una manera muy elegante, puso condiciones: que no tuviera efectos jurídicos, por lo que tenía que ser un acuerdo administrativo que no fuera parte del acervo europeo, y también que España asumiera todos los gastos”, recuerda de unos requisitos que, seis meses más tarde, acabaron marcando el acuerdo final. Pese a llegar rebajado, España todavía tuvo que lucharlo hasta el último momento, especialmente con Países Bajos. “Hicimos todo lo humanamente posible, de ahí va a ser muy difícil que se pase”, considera esta fuente sobre el nuevo intento de oficializar el catalán y demás lenguas.

Los acuerdos administrativos pactados en 2005, negociados institución por institución, posibilitan así, entre otras cosas, que los ciudadanos puedan dirigirse a aquellas en uno de los idiomas cooficiales y recibir respuesta en la misma lengua, en una traducción que costea el Estado español. También, siempre que se avise con tiempo y España pague el servicio de interpretación, un representante español, cuando interviene en una reunión de instituciones comunitarias, podrá hacerlo en una de las lenguas cooficiales españolas.

Pero no hubo entonces acuerdo en el Parlamento Europeo, donde “los grupos parlamentarios no lo consideraron oportuno”, recordaba la semana pasada el hoy alto representante de Política Exterior de la UE y entonces presidente de la Eurocámara, Josep Borrell. Aun así, el catalán, destacan fuentes institucionales, goza del reconocimiento más alto que jamás ha dado la UE a un idioma no oficial desde 1990, cuando ya fue reconocido como lengua de “comunicación”. También se decidió establecer la primera “antena” de la Eurocámara en Barcelona. Lo que buscan los independentistas catalanes, Junts ahora y ERC en un intento ante el Parlamento Europeo el año pasado, es poder usar el catalán en los plenos y negociaciones internas. El argumento de más peso para rechazar esto desde siempre ha sido, recuerdan testigos de negociaciones previas, que no se podía permitir el uso del catalán en la UE si en España no podía hacerse en instituciones como el Congreso de Diputados. El Gobierno en funciones ha barrido ahora ese reparo: desde este mismo martes, empezarán a poder usarse las lenguas cooficiales en la sede parlamentaria española.

El viernes, España hizo un gesto más al ofrecerse a asumir los gastos que conllevase el reconocimiento como lengua oficial del catalán, euskera y gallego. Fuentes cercanas a las negociaciones, tanto en Madrid como en Bruselas, confían en que todos estos gestos servirán para convencer a Junts de la voluntad del Gobierno en funciones.