El PP exige a Vox que retire su propuesta para imponer el uso del castellano en las administraciones de Baleares

El Partido Popular de Baleares ha exigido a Vox que retire la proposición de ley para la creación de una oficina de garantía de la libertad lingüística con la que pretende obligar al Gobierno regional, los Ayuntamientos y otras entidades públicas como la Universidad de las Islas Baleares a utilizar el castellano en sus documentos, certificaciones y señalética, bajo amenaza de sanciones de hasta 100.000 euros. El PP de las islas, que gobierna en solitario tras lograr el apoyo de la ultraderecha a cambio de la aprobación de determinadas iniciativas a lo largo de la legislatura, considera que el texto presentado por sus socios atenta contra el Estatuto de Autonomía y no ha sido “pactado o consensuado”. Fuentes de Vox han confirmado que no retirarán el documento, puesto que consideran que el trámite parlamentario permitirá incluir enmiendas de los distintos partidos políticos.

El texto registrado por Vox ha abierto la primera brecha entre los aliados de gobierno y pone en apuros al Ejecutivo de Marga Prohens, que en su toma de posesión afirmó que la lengua no sería una herramienta de confrontación. La propuesta dinamita la Ley de Normalización Lingüística aprobada en 1986 por el Gobierno del PP de Gabriel Cañellas, que despliega el Estatut de Autonomía, que recoge el catalán como la lengua propia de las islas.

La ley de Normalización impulsada hace 40 años establece el catalán como la lengua propia del Gobierno autonómico, el Parlamento, los Consells Insulares y la Administración en general. Además, fija que la documentación expedida por las entidades públicas de la comunidad esté en catalán, excepto en los casos en los que el interesado la solicite en castellano. También contempla que la rotulación pública se presente en lengua catalana, con signos que faciliten su comprensión. La ley de Normalización escenifica el consenso histórico sobre la lengua que alcanzaron todos los grupos políticos del arco parlamentario. Hasta la irrupción de Vox.

En el documento registrado el jueves en la Cámara balear, los ultras argumentan que en las islas se llevan a cabo políticas públicas que “dificultan e incluso impiden” el uso del español, “cercenando el deber individualizado de conocimiento que rige respecto a la lengua común”. Y alegan que “el abandono y destierro” del castellano ha llegado a un punto en el que prácticamente todas las instituciones de las islas “exigen la obligación de utilizar el catalán”.

Considera Vox que algunos estatutos de autonomía se han amparado “torticeramente” en el artículo 3.3 de la Constitución, que establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, para distinguir “entre una lengua regional propia” respecto del castellano. Con el objetivo de combatir esta tesis, Vox contempla el deber de las administraciones de emplear las dos lenguas oficiales en todas sus comunicaciones, publicaciones y señalética. Y con el objetivo de hacerlo cumplir, los ultras proponen la creación de una oficina que permita tramitar las reclamaciones sobre vulneración del derecho a la libertad lingüística y promover el uso de las lenguas atendiendo a las modalidades de cada isla. Para quienes infrinjan las normas se contemplan multas de hasta 100.000 euros.

El portavoz parlamentario del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, criticado que Vox haya registrado “incomprensiblemente”, “sin avisar ni haberlo pactado” un texto que, sostiene, “no nos gusta ni poco ni nada”.Por eso, el PP ha exigido la retirada “inmediata” del texto para no verse forzados a presentar una avalancha de enmiendas. “El PP ha estado y estará siempre con el Estatut de Autonomía y en la defensa y normalidad de convivencia de las dos lenguas oficiales que tenemos en la comunidad, nuestra lengua propia, el catalán, y la otra lengua oficial, el castellano” ha dicho Sagreras.

El portavoz del Gobierno balear, Antoni Costa, ha recordado que en el acuerdo de investidura por el que pactaron 110 medidas con Vox a cambio de su apoyo a Prohens figuraba únicamente la creación de una oficina para garantizar los derechos lingüísticos y el compromiso de que fuera Vox el que presentara el texto. “Esta proposición la ha registrado Vox, únicamente Vox. El Gobierno de Baleares no conocía el texto que ha presentado Vox” ha señalado.

Cascada de críticas

La iniciativa de la ultraderecha ha provocado una cascada de críticas de los partidos de oposición y de entidades de la sociedad civil. El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha pedido a Prohens que rechace “el apartheid lingüístico” de Vox, mientras que el portavoz de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, se ha confesado “escandalizado” por la propuesta, que considera un “ataque directo” a la lengua catalana. “La pregunta es si Prohens considera que José Ramón Bauzá se quedó corto en su cruzada contra el catalán”, ha subrayado.

El miembro de la junta directiva de la entidad en favor de la lengua Obra Cultural Balear, Toni Llabrés, afirma que la oficina que pretende impulsar Vox quedará configurada como un instrumento para perseguir el catalán e invita al PP a “liberarse” de los peajes que le está reclamando Vox. El sindicato STEI ha tachado la ley de “buñuelo jurídico anticonstitucional” al considerar que presenta artículos que se contradicen entre ellos e incumplir lo que regula al haber registrado el texto solo en castellano.