Retrato de la politización institucional

John Githongo, keniano, activista contra la corrupción, aceptó ilusionado en 2003 un puesto específico para combatirla en el Gobierno del país africano. Dos años después pidió asilo en Londres. Cuando las autoridades empezaron a hacer lo contrario a lo que habían prometido, le explicaron: “Es nuestro turno para comer”. “Salvando las distancias, porque la democracia española es más fuerte”, explica Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política, “la frase me recuerda a cómo aquí la lucha contra la politización de las instituciones es siempre una prioridad en la oposición, pero una vez en el poder prima el interés a corto plazo, el turno para comer”.

Los dos principales partidos de gobierno, PP y PSOE, han planteado iniciativas contra la politización de las instituciones que no se han materializado al llegar a La Moncloa. Los populares acusan a los socialistas de haber usurpado el CIS, la justicia, RTVE... y los socialistas hacían lo mismo cuando estaban en la oposición. Lapuente y Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y directivo de Transparencia Internacional España, coinciden en un término: “Colonización”. Para Villoria, los distintos gobiernos han mostrado su voluntad de “acaparar las instituciones, impidiendo que funcionen con verdadera independencia” y “aunque en todas partes cuecen habas”, añade, “el caso español es especialmente llamativo”. Lapuente, coautor de Organizando el Leviatán. Por qué el equilibrio entre políticos y burócratas mejora los gobiernos, recuerda que “politizar las instituciones es ir contra su propia naturaleza” e influye de manera decisiva en que España tenga “uno de los índices más bajos de Occidente en confianza institucional”. La encuesta sobre tendencias sociales del CIS de noviembre muestra que la ciudadanía suspende a instituciones clave: la justicia, el Gobierno, el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos.

El último nombramiento que ha suscitado polémica —no ha llegado a materializarse por la renuncia del nominado— es el del catedrático y premio Rei Jaume I de Economía (otorgado por un jurado integrado por varios premios Nobel) Antonio Cabrales para el consejo del Banco de España. Francesc Trillas, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que es un ejemplo de cómo la polarización, el clima enrarecido de los nombramientos políticos por los abusos cometidos, puede terminar apartando a los mejores y que “gente muy capacitada se autoexcluya de ese tipo de cargos”. EL PAÍS ha analizado con expertos en transparencia, ciencias políticas y administración pública los casos más polémicos.

El CIS. El actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, catedrático emérito de Sociología, formaba parte de la ejecutiva del PSOE cuando fue nombrado, en junio de 2018 —la abandonó en julio, tras las críticas del PP y Ciudadanos—. Los cambios de metodología que impulsó han sido muy cuestionados en el sector y pese a disponer de más recursos que las empresas privadas, sus encuestas se han equivocado más de una vez, a menudo, con un sesgo a la izquierda. Responsable de una institución pública con un presupuesto de 12,6 millones de euros este año, no reprime sus opiniones personales. Tres días antes de las elecciones madrileñas, escribió un artículo en la revista Temas de debate —según la página web, es director de su consejo de redacción— en el que tachó de “tabernarios” a los votantes de Isabel Díaz Ayuso, a la que atribuyó “escasa entidad intelectual”. En el último número de la revista acusa al PP de “confusas simplificaciones democráticas” por criticar que un político esté al frente del CIS. ¿Habrían preferido que hubieran puesto “a marcianos, a monjes motilones”, en su lugar?, se pregunta. Tezanos sostiene que “siempre” se ha puesto al frente de la institución a “personas con ideas políticas”. “Creo que solo ha habido dos o tres que fueron, más o menos, independientes”, añade. El año pasado, publicó un libro sobre el líder del PSOE en el que incluye comentarios como estos: “Pedro Sánchez es una persona honesta, de convicciones. Un líder político que no está sometido (...) una persona a la que hay que apoyar si queremos lograr que la política recupere la credibilidad necesaria en las descreídas sociedades de nuestro tiempo”.

El Gobierno de José María Aznar colocó en 2000 al frente del CIS a Ricardo Montoro, catedrático de Sociología y hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El PSOE reclamó entonces una reforma para ampliar el control parlamentario de la institución, así como la dimisión de su presidente tras varias polémicas, como no preguntar por el caso Gescartera [los responsables se apropiaron de más de 50 millones de euros de 4.005 clientes hasta que fueron intervenidos por la CNMV en 2001] y sí hacerlo sobre la dimisión del secretario general del PSE, Nicolas Redondo Terreros.

“El problema de Tezanos”, explica Trillas, “no es tanto que fuera de la ejecutiva del PSOE como el mal uso del CIS. Se ha ganado el desprestigio de la profesión. No hay un politólogo contento con lo que está haciendo y era evitable. No es serio hacer las declaraciones que hace, un presidente del CIS debe guardar las formas”. Para Villoria ha sido un error: “Tengo amistad con Tezanos, pero estar en la ejecutiva de un partido genera obligaciones de las que es difícil desvincularse. En otros países, cuando se ocupa un puesto así existen incompatibilidades para evitar un conflicto entre intereses: el general y el del partido”.

La justicia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la elección del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, doctor en Derecho, como magistrado del Tribunal Constitucional es “obscenamente partidista” y una forma de “desprestigiar a las instituciones limitando su independencia”. En 2012, a propuesta del PP, ingresó en el alto tribunal Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, miembro del Opus Dei y diputado del partido durante cinco legislaturas. A él le fue asignada la sentencia sobre el recurso presentado por los populares contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque el retraso del fallo —conocido más de 12 años después—, provocó que fuera otro magistrado, Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional también muy vinculado al PP, el que asumiera la redacción de la ponencia, que fue rechazada. El Constitucional avaló en su totalidad la ley de plazos.

En diciembre de 2010 fue elegido presidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo incluido en el listado de donantes y afiliados del PP y colaborador de la fundación FAES de Aznar. En junio de 2013, el PP logró colocar al juez Enrique López, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otro habitual colaborador de FAES, en el Constitucional, algo que intentaba desde 2006. López tuvo que dimitir apenas un año después por conducir su moto sin casco y bajo los efectos del alcohol. El juez fue condenado por un delito contra la seguridad vial a 1.440 euros de multa y ocho meses sin carné. En 2019, Isabel Díaz Ayuso lo nombró consejero de Justicia. López ocupó durante la presidencia de Pablo Casado esa cartera en el organigrama del PP nacional. Acaba de anunciar su baja como militante del partido, y fuentes de su entorno señalan que es porque desea regresar a la judicatura.

El PP criticó también el nombramiento en 2020 de la exministra de Justicia Dolores Delgado, exfiscal antiterrorista en la Audiencia Nacional, como fiscal general del Estado —ahora está en el Supremo—. En 2017, el Congreso reprobó a José Manuel Maza, exmagistrado del Supremo elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy para la Fiscalía General; al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, por entender que entorpecían la investigación de casos de corrupción ligados al PP.

En 2018, la filtración de un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que su partido iba a controlar el Supremo “por la puerta de atrás” frustró el acuerdo entre el PP y PSOE para la renovación del CGPJ, que sigue pendiente. Tras el escándalo provocado por el mensaje de Cosidó, Manuel Marchena, magistrado del Supremo que iba a ser el presidente del órgano de gobierno de los jueces, renunció.

“Cuando se pregunta a la gente por su experiencia directa con la administración de justicia”, explica el catedrático Lapuente, “la respuesta suele ser relativamente buena, pero la percepción del sistema en general es nefasta porque hay una concepción de abuso”. Para Villoria, “el problema ya es de eficacia, porque cuando nombras a alguien muy vinculado políticamente tiene que abstenerse en muchas cuestiones y va a ser impugnado en más ocasiones. Otros juristas de prestigio podían haber ocupado esos puestos. Deberían aprender a no poner a exministros ni en los tribunales ni en la Fiscalía, porque aunque no sea tan fácil presionar a un fiscal, se generan dudas, acusaciones de partidismo. En la Fiscalía, además, debería haber mucha más transparencia para conocer reuniones, instrucciones... Un fiscal general me dijo que si el Gobierno quiere echarte, te echa, porque las presiones y amenazas con el presupuesto son tan fuertes que al final te tienes que ir”.

Televisiones públicas. RTVE tiene en la actualidad una presidenta interina, Elena Sánchez, tras la dimisión en septiembre del presidente del ente, José Manuel Pérez Tornero, quien había llegado al puesto por un acuerdo entre el PSOE y el PP. El sector del Consejo de Administración más próximo al PSOE y Unidas Podemos dejó de apoyarlo. Algunos de ellos creían que estaba entregado al PP. Tornero había quedado tercero en el concurso público para elegir a los consejeros del ente, que solo aprobaron, como reveló la fundación CIVIO, 4 de los 10 elegidos.

El actual administrador de Telemadrid es José Antonio Sánchez, presidente de RTVE en la época de los “viernes negros”, cuando los empleados se vestían de ese color para denunciar la manipulación política. La primera norma aprobada por Isabel Díaz Ayuso como presidenta madrileña tras su victoria de mayo de 2021 fue precisamente para incluir un cambio legal que la permitiera destituir al director general de la televisión pública y poner en su lugar a Sánchez, quien aparece en los papeles de Bárcenas y en 2017, en comisión parlamentaria, dijo, tras jactarse de ser votante de los populares: “Es de agradecer que el PP me busque un puestecito”. El año anterior al nombramiento, la propia Ayuso había lamentado en la Asamblea: “Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica”.

En 2003, Esperanza Aguirre colocó al frente de Telemadrid a su antiguo jefe de prensa, Manuel Soriano. En la Comunidad Valenciana el PP hizo lo propio al entregar la televisión autonómica al ex secretario de comunicación de Francisco Camps y exjefe de prensa de Eduardo Zaplana, Pedro García Jimeno, quien en 2020 fue condenado a seis años de cárcel por el desvío a la Gürtel de fondos públicos en la visita del Papa a Valencia. “En cuestiones de televisiones públicas”, afirma Villoria, “el PP no puede dar lecciones porque la politización ha sido siempre mayor en su etapa”.

En 2021, el Consejo del Audiovisual de Cataluña criticó a TV3 por el sesgo independentista. Durante el procés, la cadena pública catalana extendió la causa independentista a informativos, contenidos con niños y programas satíricos. El actual director del canal, Sigrid Gras, prometió a su llegada, en julio, despolitizar la cadena. “Los 10 años de procés han sido de un descaro impresionante en TV3″, afirma Trillas. “Ahora funciona mejor, pero el anterior director, Vicent Sanchis, era un reconocido independentista, había programas hispanófobos y creo que todo eso contribuyó a la división, al odio”, añade.

Banco de España. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, acudió a La Moncloa para explicar que si se formaba un consejo monocolor, el PP tendría en el futuro todas las excusas para nombrar un gobernador y subgobernador sin pactarlos con el PSOE. Finalmente, la vicepresidenta Nadia Calviño puso a su exjefa de gabinete, Judith Arnal, doctora en Economía, miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, de consejera, y el PP nominó al reconocido economista Antonio Cabrales. Al conocerse que este había suscrito cartas de apoyo a los exconsejeros de la Generalitat Clara Ponsatí y Andreu Mas-Colell, decidió renunciar. Con los dos nuevos nombramientos, el reparto será ahora de cuatro consejeros para el PSOE, uno para el PP y otro de cuota catalana. “Es una lástima que personas sobresalientes como Cabrales queden excluidas”, lamenta Trillas. “Yo no hubiera firmado esos manifiestos, pero si lo hubiera hecho, lo habría explicado y ya está. Para este tipo de cargos es necesario tener muy buen nivel, pero también habilidades políticas. El problema muchas veces no es tanto el vínculo político, sino que se prima sobre la capacidad. Yo soy militante del PSC, mi último cargo político lo cobré en pesetas, y soy académico, conozco los dos mundos. Y creo que debería haber más colaboración entre ambos”.

INE. En junio, Juan Manuel Rodríguez Poo, catedrático con amplia trayectoria en estadística, presentó su dimisión como presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), que venía arrojando cifras de PIB inferiores a las que estimaba el Ejecutivo. Varios miembros del Gobierno criticaron abiertamente las estimaciones del organismo. Fuentes del entorno de Rodríguez Poo aseguran que las presiones políticas fueron clave en su renuncia.

CNMV. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió no renovar a Sebastián Albella, abogado del Estado, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) nombrado en 2016. Se había mostrado crítico con el impuesto a las transacciones financieras del Ejecutivo socialista. El Gobierno ha reforzado la presidencia del organismo al extender el mandato de cuatro a seis años, separándolo del ciclo político. Pero, al actual, Rodrigo Buenaventura, antiguo director general de Mercados de la institución, se le han dejado los cuatro años con opción de renovar dos, lo que deja su futuro en manos del Ejecutivo.

CNMC. Un caso problemático fue el de Mariano Bacigalupo, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre 2017 y 2022. Allí se encargaba de la regulación del área energética, mientras que su cónyuge, Teresa Ribera, era desde 2018 la ministra titular de la cartera. Bacigalupo es un jurista de reconocido prestigio en la materia, pero esa relación tan directa planteaba “problemas de estética ante la ciudadanía”, como explica un ex alto cargo de la Administración. Cuando ya solo le restaban seis meses en el puesto, el Gobierno lo nombró como consejero para seis años en la CNMV, un órgano muy técnico para el que Bacigalupo no reunía la misma experiencia.

Todos los gobiernos han mantenido relaciones complicadas con las instituciones. La vicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó en 2015 un proyecto para incluir a las “autoridades administrativas independientes en la categoría de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General”. El Consejo de Estado lo criticó en su dictamen: “Cabría pensar que el anteproyecto sólo busca cohonestar la independencia y autonomía de tales autoridades”.