Transparencia constata por segundo año consecutivo un deterioro de la lucha contra la corrupción en España

La lucha contra la corrupción en España fue, durante 2022, algo peor que el año anterior. Y no es la primera vez. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que elabora anualmente Transparencia Internacional, alerta de que, por segundo año consecutivo, España no avanza en sus esfuerzos de prevención y lucha contra esta lacra. Aunque el descenso es ligero ―de un punto hasta situarse en 60 en una escala de 100, en la que cuanto mayor es la puntuación menor es la presencia de la corrupción―, este organismo independiente destaca que “una caída por segundo año consecutivo es una clara señal de riesgo y peligro de seguir descendiendo en el año siguiente”. El índice, que se elabora desde 1995, emplea 13 encuestas y evaluaciones elaboradas por especialistas, que luego se unifican.

Con la nueva calificación, España pasa a ocupar el puesto 35 de los 180 países analizados ―junto a Botsuana, Cabo Verde y San Vicente y Granadinas―, y desciende un puesto respecto al año anterior, tres respecto al informe de 2020 y cinco con relación al de 2019. Lejos quedan los cuatro países que encabezan el listado ―Dinamarca (90), Finlandia, Nueva Zelanda (ambos con 87) y Noruega (84)―, pero también las grandes potencias de la Unión Europea. Alemania recibe una puntuación de 79 y Francia, de 72. Dentro de la UE, España se mantiene en el puesto decimocuarto entre los 27 Estados, justo por detrás de Portugal y Lituania (que tienen 62 puntos). Por debajo continúa Italia, con 56 puntos. No obstante, el informe destaca que la UE ha sufrido “un duro golpe tras el escándalo de corrupción sin precedentes ocasionado por el denominado Qatargate”, en referencia a los supuestos sobornos a eurodiputados por parte del emirato.

Transparencia Internacional atribuye buena parte del descenso a los parámetros que mide el Global Risk Report 2022, del Foro Económico Mundial, una de las evaluaciones utilizadas para elaborar el informe. Según este, España ha empeorado su puntuación en lo referido a “pagos irregulares en servicios públicos, exportaciones e importaciones y decisiones judiciales en casos de corrupción”. Esto se ha unido a otras causas que venía arrastrando de años anteriores, como el estancamiento del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); la tardanza en regular la labor de los grupos de presión y los conflictos de intereses del personal del sector público, y el “retraso notable” en la adaptación de un nuevo marco regulatorio para el acceso a la información pública.

El organismo también reclama a España la aprobación de una ley de protección de las personas que informen sobre infracciones y corrupción para crear canales de denuncia que garanticen a estos la confidencialidad, como fija una directiva europea que debía formar parte del ordenamiento español desde diciembre de 2021. Cuando entre en vigor, toda la Administración pública y las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a tener canales para canalizar denuncias como las que hizo Edward Snowden, el consultor que reveló el alcance del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés) de EE UU, o José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó el caso Gürtel.

El informe también critica el mantenimiento por parte de España de los llamados “visados dorados” (popularmente conocidos por el término inglés golden visa), un programa que se puso en marcha dentro de la Ley de Emprendedores en 2013 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, por la que ciudadanos extranjeros ven simplificados los trámites para obtener permisos de residencia si hacen una inversión en el país. El objetivo era atraer capitales tras la crisis económica de 2008, pero en España se ha traducido principalmente en la compra de viviendas, sobre todo rusos y chinos. El mínimo es de medio millón de euros y se puede lograr comprando una vivienda o varios apartamentos que sumen o superen ese importe. En este sentido, el organismo critica también que en España no existe aún un registro central de titulares reales.

Conducta en el Congreso y el Senado

Congreso y Senado tampoco escapan a las críticas de Transparencia Internacional y, en concreto, el incumplimiento de los códigos de conducta de ambas cámaras. Según resalta el informe, más de la mitad de los parlamentarios “no publican sus agendas instituciones y las que se publican contienen información absolutamente desigual”, además de no recoger las reuniones que mantienen con grupos de presión. “Todos estos aspectos inciden de forma patente en nuestra capacidad para seguir avanzando en materia anticorrupción”, señala el organismo en una nota de prensa.

Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional en España, incide en que “las demoras en sacar adelante las reformas legales necesarias han pasado factura” a la calificación obtenida por España en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 y hace “un llamamiento al Parlamento para que no demore más en sacar adelante las leyes necesarias destinadas a la prevención de la corrupción y al refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas”.