La UE protegerá a los filtradores que revelen ilegalidades

Europa quiere romper la red de complicidades que permite a empresas e instituciones mantener ocultas actividades ilegales. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes por una amplia mayoría de 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, una nueva ley para reforzar la protección de los filtradores. Hasta ahora, si un trabajador revelaba irregularidades cometidas por su compañía, se exponía a ser degradado en el escalafón, despedido e incluso condenado por la justicia. Esas represalias tienen los días contados. Los Estados miembros disponen de dos años para aplicar la directiva que otorga inmunidad a los que denuncien actuaciones ilícitas en ámbitos tan diversos como la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de productos y transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la protección de datos.

Filtradores, delatores, chivatos, soplones... las palabras con que se denomina a aquellos que un día rompen el silencio para sacar a la luz tejemanejes de la entidad que les paga son múltiples y más o menos despectivas según quién las pronuncie. Su travesía tras dar el paso está llena de luces y sombras. Pueden ser condenados, marchar a un exilio forzoso, seguir interminables procedimientos legales, recibir amenazas de muerte o sufrir otros castigos que los convierten en enemigos públicos. A la vez, reciben a menudo reconocimientos públicos y son catalogados como héroes por airear los trapos sucios.

Es el caso de Antoine Deltour, el consultor de PwC que desveló la trama de evasión fiscal de grandes multinacionales afincadas en Luxemburgo conocida como Luxleaks. Premio Ciudadano Europeo en 2015 de la Eurocámara, y condenado a seis meses de cárcel en 2017, finalmente los tribunales anularon la pena un año después. O el de Hervé Falciani, un desconocido ingeniero informático del banco HSBC en Ginebra convertido en icono de la lucha contra los delitos financieros tras huir de Suiza con una lista de más de 100.000 presuntos evasores fiscales con cuenta en la entidad que ha permitido recuperar 260 millones de euros a España —donde vive—. Actualmente sigue siendo reclamado por la justicia suiza.

Los europarlamentarios quieren evitar ese duro camino a los que sigan su ejemplo en el futuro, al estimar que cumplen una función social fundamental. Hacerles sentir seguros no es para Bruselas únicamente cuestión de justicia, es también un tema de dinero. Según un estudio encargado por la Comisión Europea, los países de la UE dejan de ingresar entre 5.800 y 9.600 millones de euros cada año debido a la falta de garantías ofrecidas a los que conocen ilegalidades pero no se atreven a denunciarlas. Ese caudal deja de entrar en las arcas públicas debido, por ejemplo, a fraudes cometidos por empresas para pagar menos a las Haciendas nacionales

La nueva ley anima a los que descubran las estafas a denunciarlas primero ante su propia organización. Para facilitarlo, las empresas de más de 50 empleados o con una facturación mayor a los 10 millones de euros deberán poner en marcha mecanismos internos para que sus trabajadores denuncien prácticas fraudulentas. La idea es que tengan la opción de tener un canal de comunicación con sus superiores, y si no da resultado, puedan recurrir a periodistas o autoridades públicas. Simona Levi, fundadora de Xnet, una de las entidades que ha participado en el diálogo para elaborar el texto final, ha celebrado que este ampare también a los que se dirijan a organismos externos. "Se quería introducir la obligatoriedad de una denuncia interna. Y eso hubiera desactivado la directiva", dice Levi. Si se demostrara que pese a todo ha habido represalias, los Estados deberán sancionar a los autores de esa intimidación.

La Eurocámara busca así armonizar las normas tras constatar un enfoque desigual hacia su figura. Una decena de países de la UE contemplan salvaguardas para los informantes (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido), pero en los otros 18, entre ellos España, la protección es parcial o afecta solo a algunos sectores o categorías laborales. Junto a la prohibición de represalias, los países europeos estarán obligados a asesorar gratis a los denunciantes durante el proceso, e incluso facilitarles ayuda psicológica si la necesitan.

Europa da ese paso después de que escándalos como Luxleaks o los Papeles de Panamá reavivaran el debate sobre la paradoja que suponía que los responsables de desvelar informaciones beneficiosas para el interés público se enfrentaran a responsabilidades legales por ello. Seguirá habiendo zonas de sombra, pero los que iluminen las tinieblas no serán perseguidos en la UE. "[Con la nueva ley] si Snowden fuera europeo no estaría exiliado en una pequeña dacha moscovita vigilado por todo tipo de espías y codiciado por servicios secretos que quieren extraditarlo a EE UU para someterle a la peor de las penas", ha destacado el eurodiputado liberal francés Jean-Marie Cavada.