Urge proteger a los filtradores

Un francés empleado en Luxemburgo fue condenado a prisión en 2016 por revelar turbios acuerdos entre empresas y gobernantes que erosionaban las arcas fiscales de toda Europa. El caso paradigmático de Antoine Deltour, promotor del llamado Luxleaks, una filtración de interés público con repercusiones en el conjunto de la Unión Europea, evidenció la falta de instrumentos legales para proteger a los denunciantes. Esta figura, vista con recelo por empresas e instituciones y jaleada por activistas y defensores de la transparencia, ha estado en el origen de los grandes casos de abusos y corrupción desvelados en los últimos años. Sin embargo, con la ley en la mano, su destino pasa más por enfrentarse a los tribunales que por recibir recompensas, especialmente en los casos de menor notoriedad.

Confrontada a esa paradoja, Europa trata a toda prisa de paliar las carencias con una legislación que debería ver la luz el próximo año y que protege al informante de posibles represalias. El intento no está exento de controversia; sin oponerse frontalmente, las organizaciones empresariales alertan de que el riesgo de vendettas en el seno de las compañías es enorme.

En EE UU las propias autoridades ofrecen recompensas económicas a los filtradores

El exauditor Deltour acabó siendo absuelto en los tribunales luxemburgueses el pasado junio. Pero su batalla judicial demostró que proporcionar munición suficiente para que las autoridades europeas pudieran reclamar a las multinacionales miles de millones de euros por privilegios tributarios excesivos no bastaba para librarse de la cárcel. Tras los grandes casos de cariz más político originados en Estados Unidos (WikiLeaks, el espionaje masivo destapado por Snowden…), Europa se topó con episodios más ligados al fraude y al abuso fiscal empresarial (Luxleaks, papeles de Panamá…). Esa oleada acabó impulsando una legislación, propuesta por la Comisión Europea a finales de abril y que el Parlamento Europeo ha comenzado a debatir este mes. La Comisión de Asuntos Jurídicos la votará a principios de octubre, con el propósito de que el pleno de la Eurocámara pueda pronunciarse la semana del 22 de octubre. Todo apunta a que habrá un amplísimo respaldo.

“Hasta hace poco la Comisión insistía en que legalmente era imposible plantearlo. Pero las revelaciones de Luxleaks supusieron un cambio dramático, un ejemplo de que lo que se denunciaba en un Estado podía afectar a otros. Se vio que había campo para que la UE actuara. Entonces empezamos a hacer campaña para proponer una legislación europea”, explica Pam Bartlett Quintanilla, experta en esta materia y asesora parlamentaria de Los Verdes, uno de los grupos más activos en este dosier.

De aprobarse, la norma fijará algo de uniformidad en un universo hoy muy fragmentario. En la actualidad, solo 10 de los 28 Estados de la UE cuentan con normas generales de protección al filtrador, con diferentes grados de celo: Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. En Francia, uno de los países con legislación más reciente, el Estado se hace responsable del asesoramiento jurídico de quienes necesitan ese escudo. En Suecia, la Constitución consagra el derecho de los funcionarios a divulgar a la prensa informaciones relevantes. Otros procuran una red a sus informantes, pero solo en sectores considerados sensibles. Es el caso del sector financiero, foco de grandes escándalos (como el de Enron) que pusieron en riesgo todo el sistema.

Mientras Europa se centra en ofrecer garantías contra las represalias y acceso a la defensa jurídica, Estados Unidos tiene una aproximación diferente. Las propias autoridades ofrecen recompensas económicas a los filtradores que han logrado destapar un gran escándalo. Hay programas que abonan hasta un 30% de la suma recuperada en el caso de escándalos financieros divulgados, una práctica muy criticada por considerar que se presta a denuncias oportunistas. “En Estados Unidos se empezó con el sector financiero, de manera muy agresiva, con incentivos económicos para el denunciante. La cultura europea no está preparada para eso”, razona Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de legislación europea. Este experto valora el intento comunitario de crear un marco homogéneo, aunque sea de mínimos. Se trataría del ámbito geográfico más vasto con una regulación equiparable.

Lo que propone Bruselas es un marco de protección horizontal para todo tipo de denunciantes (empleados de empresas o instituciones, incluidos los autónomos, los voluntarios, los trabajadores en prácticas o los candidatos a un puesto que no lo hayan logrado, así como directivos o accionistas) que tengan conocimiento de alguna práctica contraria a las normas europeas. Cubre ámbitos como la contratación pública, el sector financiero, el lavado de dinero, el medio ambiente, la salud pública o la protección de datos personales, entre otros. Y obliga a habilitar canales internos de denuncia a cualquier empresa con más de 50 empleados (o facturación anual superior a los 10 millones de euros), así como a todas las Administraciones, excepto los municipios con menos de 10.000 habitantes.

El denunciante gozará de asesoramiento jurídico gratuito, quedará exento de ir a los tribunales por presuntas infracciones al desvelar secretos empresariales y no podrá ser despedido o sufrir otras represalias. Las empresas o los organismos que lo incumplan se enfrentarán a sanciones. La duda reside en saber si esos esquemas bastarán para proteger al potencial informante. El experto Alberto Alemanno insiste en que, más incluso que tener normas, es necesario establecer los mecanismos necesarios que aseguren su cumplimiento.

Para evitar una de las principales suspicacias de las empresas —que supuestos filtradores utilicen información poco contrastada solo para dañar la reputación de la sociedad—, Bruselas establece en primer lugar la obligación de recurrir al canal interno para tratar de resolver el abuso. Si este no funciona, el filtrador deberá ir a las autoridades. Solo si fallan esas dos vías podrá el denunciante recurrir a los medios de comunicación, la fórmula que ha permitido destapar los grandes escándalos desvelados por filtradores.

“Antes las consecuencias de filtrar eran dramáticas, hay que evitarlo”, dice una eurodiputada

Esa restricción molesta a las organizaciones de periodistas, que ven un intento de acallar casos de interés público. La directiva, pese a todo, incluye una importante —y difusa— excepción que permite saltarse esos dos primeros peldaños y recurrir directamente a la prensa: cuando se den situaciones de “peligro inminente o manifiesto para el interés público o riesgo de daños irreversibles”. La Federación Europea de Periodistas rechaza esa redacción. “Es demasiado subjetiva. Crea una gran incertidumbre jurídica a la persona, que debe evaluar si el daño es inminente o no. Pedimos que el denunciante pueda elegir”, argumenta Camille Petit, experta en este dosier de la federación de periodistas.

Más allá de este elemento ligado a la divulgación, la propuesta del Ejecutivo comunitario ha sido bien recibida por los principales promotores de regular este ámbito. El Parlamento Europeo, que llevaba años pidiendo medidas, se declara sorprendido por la ambición del texto. “Es una muy buena base para trabajar”, defiende la eurodipu­tada Virginie Rozière, responsable de este dosier en la Eurocámara. Esta socialdemócrata francesa destaca la necesidad de ofrecer garantías a quienes dan el paso de denunciar. “Tiene que ser un mecanismo disuasorio. Las multinacionales utilizan el arma judicial para intimidar a quienes ya han hablado y disuadir a otros. Cuando los denunciantes hablan es porque tienen una fuerte sensación de injusticia. Antes las consecuencias eran dramáticas; en adelante hay que evitar eso”, razona.

El 81% de los ciudadanos no informa de la corrupción que ve en su entorno por miedo a represalias

Esa satisfacción de los promotores es directamente proporcional a la inquietud que suscita en las empresas. La principal patronal europea del sector, BusinessEurope, alerta sobre un elemento que minimizan los activistas: los abusos a los que se puede prestar el marco de protección. “No estamos en contra de la protección a los denunciantes, es una herramienta útil para descubrir comportamientos erróneos en las empresas”, arranca Pedro Oliveira, responsable de mercado interior en esta organización. A continuación expone sus reservas. “Tememos que la Comisión haya infravalorado la carga económica que supone a las empresas establecer esas estructuras. Además, no vemos un equilibrio entre la protección al filtrador y la que recibe la persona o la firma sobre la que se desvelan datos que pueden resultar infundados”, lamenta Oliveira.

Para demostrar que no son anecdóticos los casos de pérdida de repu­tación injusta, la patronal trabaja en una lista de ejemplos que divulgará en los próximos meses. Y asegura que tratará de influir en la tramitación parlamentaria de esta norma para equilibrar más el texto a favor de las empresas.

Antes de elaborar esta norma, Bruselas ya había experimentado el gran potencial que tienen las filtraciones anónimas en uno de los campos de mayor poder comunitario: la persecución de prácticas monopolísticas. Competencia abrió el año pasado una plataforma anónima en la que cualquier ciudadano puede alertar de prácticas empresariales que considere contrarias al libre mercado. Aunque la Comisión no ofrece datos, fuentes conocedoras de esta herramienta aseguran que ha sido ampliamente utilizada en su todavía corto recorrido.

La propuesta de la Comisión ha comenzado a debatirse en el Parlamento Europeo este mes

Como ejemplo de que urge cuidar a los filtradores, el Ejecutivo comunitario alega que la mala praxis en contratación pública cuesta cada año hasta 9.600 millones de euros en Europa. Si se considera el riesgo de pérdida de ingresos para el presupuesto comunitario por corrupción y fraude, la estimación asciende a la astronómica cifra de 256.000 millones anuales. Bruselas sostiene que el miedo frena muchas de estas revelaciones apoyándose en un Eurobarómetro de 2017. Según esa encuesta, el 81% de los ciudadanos no informan de la corrupción que experimentan en su entorno, principalmente por las consecuencias legales y financieras.

Pese a todos los avances, el principal riesgo de esta directiva es que nunca vea la luz. El Parlamento Europeo prevé votarla en pocas semanas. A partir de ahí, el reto será acordarla con el Consejo, que representa a los Estados miembros. Una portavoz austriaca, país que ejerce la presidencia rotatoria de la UE hasta diciembre, asegura que le otorgan gran importancia a este dosier y que llegarán “tan lejos como sea posible”. Pero la hipótesis de que se disuelva la Eurocámara antes de las elecciones europeas de mayo sin que se haya aprobado la directiva no resulta descabellada.