Bruselas quiere proteger a los delatores para animarles a denunciar

Hay lugares oscuros donde la mano de las autoridades no alcanza a intervenir. Antoine Deltour y Hervé Falciani lo saben. El primero, consultor de PricewaterhouseCoopers, desveló la trama de evasión fiscal de grandes multinacionales afincadas en Luxemburgo, conocida como Luxleaks. El segundo, informático de HSBC, se hizo en 2008 con los datos de 130.000 clientes del banco privado con sede en Ginebra y colaboró con la justicia de varios países para detectar a miles de evasores fiscales. Ambos fueron condenados. Y ambos son excepciones. La Comisión Europea estima que la mayoría de testigos de prácticas fraudulentas guardan silencio por temor a represalias. Cárcel, exilio forzoso, interminables procedimientos legales, amenazas de muerte y otros castigos convierten a los informantes en enemigos públicos. Todo pese a que con su acción logran, en muchas ocasiones, beneficiar al conjunto de la sociedad.

Bruselas quiere alentar el chivatazo y tener más ojos escrutando prácticas ilegales de empresas e instituciones. Para conseguirlo, la Comisión Europea ha lanzado este lunes una propuesta que tiene como eje la protección de los denunciantes. Los delitos no comunicados por la falta de protección para los informantes suponen un perjuicio para las arcas de los países de la UE de entre 5.800 y 9.600 millones de euros cada año, según un estudio encargado por la Comisión. Hacerles sentir seguros no es para Bruselas por tanto únicamente cuestión de justicia, es también un tema de dinero.

La nueva legislación contempla que los Estados miembros pongan en marcha sanciones "proporcionadas y disuasorias" para todo aquel que lleve a cabo represalias contra los delatores. Les protegerá contra el despido, la pérdida de estatus profesional y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales formen a los funcionarios competentes sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. Además, las empresas de más de 50 empleados o con una facturación mayor a los 10 millones de euros deberán poner en marcha mecanismos internos para que sus trabajadores denuncien prácticas fraudulentas. La idea es que tengan la opción de tener un canal de comunicación de este tipo con sus superiores, y solo si estiman este insuficiente recurran a periodistas o autoridades públicas.

Dieselgate, Luxleaks, papeles de Panamá, Cambridge Analytica... las filtraciones han servido en muchos casos para desvelar casos que afectan a la salud de millones de ciudadanos, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o el uso de datos privados. "Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto", ha estimado este lunes el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. ¿Daría protección la nueva ley a Falciani, huido en España y reclamado por la justicia suiza? "No conozco el caso concreto, pero en general, casos así estarían cubiertos", ha señalado el político holandés.

Las paradojas son variadas. Alguien que hace ganar dinero a la Hacienda pública puede ser perseguido por la ley. Si un periodista saca a la luz un escándalo sobre paraísos fiscales, el resultado tal vez sea un premio o, como mínimo, reconocimiento profesional. En cambio, su fuente puede afrontar penas de cárcel. Si la iniciativa comunitaria prospera, se acabaría con este contrasentido: las fuentes de los periodistas también quedarían protegidas. "Necesitamos apoyar a la personas dispuestas a asumir el riesgo de revelar graves infracciones del Derecho de la UE. Se lo debemos a las personas honradas de Europa", ha afirmado la comisaria de Justicia, Verá Jourova. Actualmente, carecen de escudo en que guarecerse: según un informe de Global Business Ethics, uno de cada tres trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias.

El ámbito de actuación de la norma incluye la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear y alimentaria, la salud pública, la privacidad o la protección de datos. También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE. En este campo Bruselas ha sacado grandes réditos económicos gracias a un sistema de delación que rebaja —o elimina por completo— la multa a las empresas implicadas en carteles cuando deciden denunciarlos.

Bruselas pretende, en definitiva, unificar las legislaciones nacionales para que los testigos de acciones que perjudican el interés público dispongan de un marco en el que compartir documentación sensible y evidencias con sus propias empresas, autoridades o periodistas no sea sinónimo de hostigamiento. Solo diez países de la UE, entre los que no está España, garantizan la plena protección de los denunciantes de irregularidades: Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido. En los demás, la protección es parcial y se aplica solo a determinados sectores.