El registro de migrantes promovido por Trump llega a los tribunales

La defensa de los derechos de los inmigrantes suma un nuevo capítulo ante los tribunales. El American Immigration Council (AIC), Make the Road New York y Coalition for Humane Immigrants Rights (CHIRLA) son algunas de las nueve organizaciones que han interpuesto una demanda en un tribunal de distrito de Washington DC contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretaria, Kristin Noem, entre otras autoridades del Gobierno, para impugnar la regulación que obliga a que millones de no ciudadanos se registren ante el Gobierno Federal.

La medida impone un registro universal de inmigrantes y afecta también a quienes ya han sido examinados por el Gobierno. Bajo esta norma, millones de personas están obligados a dar datos como huellas dactilares y otra información biométrica y llevar siembre encima una prueba del registro. En caso de no hacerlo, las consecuencias pueden ser el arresto y la apertura de cargos. La entrada en vigor está fijada para el 11 de abril. La regulación no se aplica a quienes ya tienen residencia permanente (green cards), entraron en el país con visado o están en proceso de deportación, pero sí al resto de los mayores de 14 años. Los padres de niños indocumentados menores de esta edad también deben registrarlos.

Desde AIC se explica que después de haber publicado esta regla sin haber contado con una consulta pública, el Gobierno “activa una ley federal de la época de la Segunda Guerra Mundial que había permanecido inactiva”. Según los demandantes, la Administración quiere usar la no inscripción de los indocumentados para perseguirlos de forma agresiva. Noem ha explicado que el objetivo del registro es incentivar la autodeportación.

La demanda critica que el esquema de registro es “incoherente, inconsistente y confuso” y las organizaciones creen que hay muy poca claridad sobre qué categorías de inmigrantes van a ser contados como oficialmente registrados. Por ejemplo, aquellos que han recibido protecciones bajo DACA y TPS no serían considerados registrados si no cuentan también con un permiso de trabajo. La demanda también se extiende a los departamentos de Justicia, Protección e Aduanas y Fronteras, ICE y Servicios de Ciudadanía e inmigración ademas de sus responsables.

Las organizaciones aclaran que este registro universal y el mandato de llevar la documentación impacta a los residentes de Estados Unidos tanto ciudadanos como los que no lo son que “están ahora ante un mayor riesgo de ser conminados a mostrar esta prueba”. Además, sostienen que muchos ciudadanos serán sujetos de sospecha y se multiplicarán los casos en los que los latinos o nativos americanos terminen detenidos por las autoridades de inmigración a pesar de su ciudadanía. “Habrá un mayor acoso a los ciudadanos”, advierten.

“Esta regla es una invitación para un abuso amplio. Estamos hablando de una nueva realidad en Estados Unidos en la que alguien percibido como un inmigrante tiene que llevar sus documentos de identidad o arriesgarse al arresto”, explica Michelle Lapointe, directora legal de AIC. En la demanda se recuerda que, con la excepción de un un breve periodo de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nunca ha tenido un sistema de registro universal para no ciudadanos y que, cuando se hizo, el objetivo no fue para dar cumplimiento a las leyes de inmigración, sino como medida de seguridad interna durante la contienda.