Cerca de un millar de ciudadanos rusos consiguen la ‘golden visa’ con la compra de viviendas de lujo en España

Las golden visa tienen a las fortunas rusas entre sus mayores beneficiarios en España. El visado dorado permite a estos ciudadanos extracomunitarios obtener el permiso de residencia a cambio de que realicen inversiones en bienes inmuebles o en activos financieros, desarrollen un proyecto empresarial o sean profesionales altamente cualificados. En 2019, el año anterior a la pandemia, se concedieron un total de 8.061 visados de este tipo, batiendo el récord por séptimo año consecutivo, desde que estos permisos entraron en vigor en 2013. La UE quiere ahora restringir la emisión de este tipo de permisos para los ciudadanos rusos.

España se ha convertido en el paraíso de la golden visa por inversión en ladrillo. El mínimo es de medio millón de euros y se puede lograr comprando una vivienda o varios apartamentos que sumen o superen ese importe. Rusos y chinos son las dos nacionalidades más beneficiadas. De 2013 a 2019, el año anterior a la pandemia, los ciudadanos del gigante euroasiático consiguieron 806 visados de oro, la mayoría por compra de inmuebles a precios superiores al medio millón de euros. De 2013 a 2016, obtuvieron 640 permisos; 70 en 2017 y 47 en 2019. En 2019, se hicieron con 42 visados a través del ladrillo, por detrás de China, que domina esa estadística: sus ciudadanos lograron 455 golden visa por inversiones inmobiliarias.

El pasado año, los ciudadanos rusos compraron 159 viviendas de lujo por ese valor o más en España. La cifra supone un 22,31% más que las compras realizadas en 2020 (130 viviendas), según el Colegio de Registradores, que cifra en 1.777 las viviendas adquiridas —y valoradas en más de medio millón de euros cada una— por ciudadanos rusos desde 2013. Esto no significa que todas esas operaciones dieran lugar a una solicitud de golden visa, ni tampoco que las compras se ciñeran a esos 500.000 euros (lo más habitual es que las grandes fortunas rusas compren mansiones valoradas en varios millones de euros). Aunque sí es esencial que para obtener la residencia, estas viviendas estén libres de toda carga o gravamen, por lo que no se puede adquirir un bien inmueble con una hipoteca, algo que no supone un problema para los magnates rusos. El inversor tiene que disponer de la liquidez y contar con este dinero en su patrimonio.

La rusa es la segunda nacionalidad que más viviendas de ese precio compró el pasado año en suelo español, después de los ciudadanos del Reino Unido. Las adquisiciones rusas en España representaron el 13,3% del total de compras hechas por ciudadanos que no pertenecen a la UE y el 0,7% sobre el total de extranjeros que se convirtieron en propietarios de una casa en España.

Sin embargo, no fue un dato récord y, de hecho, aún no se han superado los niveles previos a la covid-19 (en 2019 sumaron 173 casas). El mayor número de compras de la serie histórica del Colegio de Registradores fue en 2014, cuando las fortunas rusas se hicieron con 315 viviendas. Al año siguiente, tras la anexión de Crimea a Rusia, las compraventas bajaron hasta las 195, un 38% menos. La caída del rublo afectó al poder adquisitivo y llevó a una disminución de la cuota de mercado de los compradores rusos en la mayoría de los mercados inmobiliarios.

Ahora, la invasión de Ucrania por parte del Kremlin puede hacer tambalear el mercado inmobiliario de lujo en España, donde los magnates rusos atesoran mansiones por toda la geografía. “Los principales destinos con transacciones inmobiliarias por parte de personas con nacionalidad rusa son la Costa Brava, la Costa Blanca y también la Costa del Sol. También Islas Baleares y Canarias son objeto de interés del mercado ruso”, señala Daniel Cuervo, secretario general de APCE, la patronal de promotores y constructores. En cuanto a su activo predilecto, “el 32% de los compradores de origen ruso muestran preferencia por viviendas de más de 100 metros cuadrados”, según Knight Frank. Es pronto para cuantificar los daños, aunque esta consultora internacional considera que “la guerra sí afectará al comprador ruso por un tema de movilidad. En cuanto a las restricciones financieras, muchos de los compradores trabajan con bancos internacionales a los que no se les ha impuesto ningún bloqueo, aunque puede que el bloqueo a los bancos rusos influya en la utilización de sus cuentas internacionales”.

Inversión de 2.700 millones de euros

El Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy aprobó en 2013 la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por la que se concedía la golden visa, el permiso de residencia por dos años al inversor extranjero que realizase una compra inmobiliaria de al menos 500.000 euros en España, más de un millón en depósitos, más de dos millones en bonos del Estado o a profesionales altamente cualificados. La reagrupación familiar es otra de las causas que da lugar a ese visado dorado.

El objetivo era atraer inversiones en un momento de dificultades económicas por la crisis del 2008. El Parlamento Europeo calcula que en España se han concedido 12.104 permisos de residencia (sin familiares) entre 2011 y 2019 con una inversión estimada de 2.700 millones de euros. Transparencia Internacional señala que desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversores y sus familiares.

Se trata de un reclamo a la inversión muy extendido en Europa. Según el Parlamento Europeo, en 2011 cuatro Estados miembros de la UE contaban con estos visados especiales, frente a más de la mitad de los Estados miembros en la actualidad. En total, calcula, al menos 132.000 personas han obtenido la ciudadanía o la residencia de la UE entre 2011 y 2019 a cambio de inversiones que han aportado más de 21.400 millones de euros en ese periodo. Aunque la Eurocámara reconoce que es probable que la inversión sea superior a la cifra estimada debido a la limitada disponibilidad de datos.

A cambio, hay que acreditar no tener antecedentes penales y pasar por un procedimiento antiblanqueo. Sin embargo, las golden visa se han utilizado en ocasiones como una puerta de entrada para el blanqueo de capitales y la corrupción procedente de Estados extranjeros. Porque aunque los Estados miembros suelen exigir que los solicitantes demuestren el origen de los fondos invertidos no resulta tan sencillo. Además, aunque dichos controles suelen ser realizados por organismos gubernamentales y el sector bancario, algunos países confían en el sector privado, que a veces opera en el extranjero, para realizar estas comprobaciones. Transparencia Internacional hace tiempo que criticó estas prácticas.

El Parlamento Europeo también ha mostrado su preocupación. Los eurodiputados ya han pedido la prohibición de los pasaportes dorados (da derecho a convertirse en ciudadano) y la regulación de los visados dorados. Exigen verificaciones estrictas de antecedentes (incluidos los miembros de la familia y las fuentes de fondos), verificaciones obligatorias de los sistemas de justicia e interior de la UE y procedimientos de investigación en terceros países; obligaciones de información para los Estados miembros, y requisitos de residencia física mínima (para los solicitantes). Los eurodiputados debatirán y votarán el informe en la sesión plenaria del próximo miércoles. Si lo aprueba el pleno, la Comisión deberá preparar una propuesta legislativa o justificar su decisión de no hacerlo.