La rebaja de las penas por malversación planea sobre la corrupción del ‘caso Púnica’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise sus acusaciones en cuatro piezas del caso Púnica, un sumario de corrupción que salpica principalmente al PP de Madrid, por si hay que archivar la causa para algunos de los implicados tras los cambios en el delito de malversación impulsados por el Gobierno que han entrado este jueves en vigor. El magistrado también ha enviado un quinto escrito, en este caso en el llamado caso del cártel del fuego, en el que se investiga una trama de corrupción en la adjudicación de contratos de extinción aérea de incendios en la Comunidad Valenciana, para que la Fiscalía y las acusaciones personadas se planteen si mantienen sus escritos de calificación en dicho procedimiento o creen necesario variarlos por esta modificación del Código Penal. En estas resoluciones, el juez destaca que, si bien en estos cinco procedimientos ya se ha dictado la apertura de juicio oral, “concurren circunstancias excepciones que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación” de las acusaciones.

Estos cinco procedimientos no son, sin embargo, los primeros en los que se plantea esa posibilidad. De hecho, el 29 de diciembre, el mismo magistrado de la Audiencia Nacional ya planteó a la Fiscalía que estudiase si debería modificar su escrito de procesamiento en el caso Acuamed, en el que se investiga una supuesta trama corrupta en la adjudicación de contratos de esta empresa pública, ya que consideraba que la nueva normativa podía conllevar una reducción de las solicitudes de condena a los implicados.

Ahora, en las cuatro providencias y el auto dictados este miércoles, el juez incide en el argumento expuesto entonces. Así, explica que el pasado 23 de diciembre de 2002 se publicó en el BOE la ley que, entre otros punto, contemplaba la modificación del artículo 432 del Código Penal, el relativo a la malversación, por lo que pide “al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 5 días informe si, a la vista de las reformas introducidas, interesa el sobreseimiento de alguno de los investigados”. En el caso Púnica, la medida afecta a las piezas 4 (en la que se investigan las “actuaciones urbanísticas fraudulentas” perpetradas en Valdemoro desde la llegada del que fuera dirigente del PP Francisco Granados a la alcaldía en 1999), 5 (sobre corrupción en varios municipios de Madrid), 8 (sobre las irregularidades en la construcción de infraestructuras durante la etapa de Granados como consejero del Ejecutivo de Esperanza Aguirre) y 10 (sobre los trabajos de reputación en línea de las compañías de Alejandro de Pedro para varios cargos públicos de Madrid y la Comunidad Valenciana).

Los escritos del confirman el temor, expresado desde distintas instancias, de que la reforma del delito de malversación, aprobada a finales del año pasado por el Congreso y pactada entre ERC y PSOE, abra una puerta de consecuencias jurídicas imprevisibles, pese a que el principal partido del Gobierno y su socio parlamentario insistieran entonces que este cambio no provocará una rebaja de penas a corruptos, más allá de los dirigentes independentistas encausados por el procés. Sin embargo, las dudas sobre el alcance real de la medida vienen de lejos y desde diferentes ámbitos, incluido Unidas Podemos, socio minoritario de los socialistas en el Ejecutivo de coalición. Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de la formación, verbalizó su “preocupación” por los efectos que pudiera provocar.

La Fiscalía también ha mostrado sus reticencias. En el ministerio público se teme que la reforma aprobada implique un “goteo” de reducciones de penas a corruptos —e incluso prescripciones—, generándose un fenómeno similar al vivido con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, que ya ha permitido que más de un centenar de agresores sexuales se hayan beneficiado de rebajas en sus castigos, pese a que el Ministerio de Igualdad defendió que estas no iban a producirse.

Este temor lo verbalizó el propio fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un acto celebrado el pasado 14 de diciembre, aunque sin mencionar expresamente los cambios pactados por el PSOE y ERC. “Apelamos a los poderes públicos y a los representantes políticos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción”, dijo. También los directores de las agencias Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, y la Comunidad Valenciana, Joan Llinares, han cargado contra la reforma.