Castilla-La Mancha pide al Gobierno la inmediata revisión de la ‘ley del solo sí es sí’ para evitar la rebaja de penas a agresores sexuales

Siguiendo una resolución aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, la portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad de esta comunidad, la socialista Blanca Fernández, ha enviado una carta a la ministra Irene Montero pidiendo “la inmediata revisión, por la vía de urgencia”, de la Ley de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley del solo sí es sí) para evitar la rebaja de penas a agresores sexuales.

“Desde la entrada en vigor de la citada ley hasta final de año, se han producido más de 120 revisiones de condena a la baja, además de la excarcelación de un total de 17 condenados”, incide la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Creemos que estas son razones más que suficientes para introducir los cambios que sean necesarios y evitar en el futuro esta sangría de revisiones que provoca desazón en las víctimas e indignación entre la ciudadanía”, prosigue el texto firmado por la consejera Fernández.

Esta inusual petición del Ejecutivo regional del socialista Emiliano García-Page, pidiendo enmendar la llamada ley del solo sí es sí al Gobierno central del también socialista Pedro Sánchez, es uno de los puntos de una resolución más amplia aprobada en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha los días 15 y 21 de diciembre. Una resolución sobre violencia de género que, como en otras similares de esta misma temática de años anteriores, fue aprobada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios de esta Cámara regional: PSOE, PP y Ciudadanos. Y después de que el Partido Popular retirara otra petición en la que se pedía la dimisión de la ministra Montero (de Unidas Podemos).

“Somos conscientes de que la ley es mucho más que las penas que contiene y de que, en términos generales, es un buen instrumento que permite por primera vez afrontar la violencia sexual, la atención a las víctimas y su resarcimiento, de una manera integral. Asimismo, consideramos un acierto haber puesto el consentimiento en el centro de todo”, se lee en la carta enviada a la ministra de Igualdad por la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha. “Pero lo cierto es que no compartimos las rebajas de penas que se están produciendo ni las que se puedan producir en el futuro. A nuestro modo de ver, aquí lo importante no es ganar la batalla del relato de quién tiene la culpa ―si el Ministerio de Igualdad o la judicatura―, se trata de resolver un problema que angustia a las víctimas y que no puede dejarnos en la indiferencia. Y la capacidad para resolver dicho problema la tiene su ministerio”.

Un asunto “incómodo”

En conversación telefónica, la consejera Blanca Fernández asegura que no es agradable tener que pedir al Gobierno central que modifique una determinada postura, pero en este caso todavía más por afectar a compañeros del partido socialista. “En este asunto es un poco más incómodo, es un poco más doloroso, pero creemos que hay que anteponer lo que pensamos que es más justo y más razonable a que sean tus compañeros de partido, quienes en definitiva dirigen el Gobierno de España”, asegura la también portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, que señala directamente a Irene Montero, ministra de Podemos en el Gobierno de coalición. “Han sido muchas las declaraciones un tanto contradictorias por parte de ministras socialistas que decían claramente que había que modificar la ley, había que tomar nota, había que actuar para que no pasara lo que está pasando, y parece que es el Ministerio de Igualdad el que se ha enrocado defendiendo que la aplicación de la norma a la baja por parte de los juzgados era una decisión errónea de los jueces”, incide Fernández.

“Se ha hecho una buena ley, pero se ha metido la pata en esto, porque al rebajar determinados tipos de penas se ha beneficiado a agresores sexuales, sin ser la intención del Ministerio, pero es lo que ha ocurrido. Por tanto, yo creo que no pasa nada por reconocer el error y solucionar los problemas”, comenta la consejera castellanomanchega. “A nuestro modo de ver, si no se hubiese quedado la puerta abierta, no hubiera habido ni una sola rebaja de penas, por tanto, cerremos esa puerta con doble cerrojo, porque es verdad que el Gobierno de España y el Ministerio de Igualdad han apostado mucho por defender a las víctimas de violencia de género, por reforzar la protección, por reforzar incluso los recursos que tenemos las comunidades autónomas, han hecho un buen trabajo en ese sentido”, recalca Fernández. Para la portavoz del Ejecutivo regional, la polémica por la revisión de penas en la ley del solo sí es sí “no es que borre todo lo demás, pero sí mancha todo lo demás”.