El Gobierno se abre a introducir más cambios en la ‘ley del solo sí es sí’

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dejado hoy abierta la posibilidad de introducir más cambios en la ley del solo sí es sí, ante las rebajas de penas que numerosos tribunales están dictando en las condenas a violadores en aplicación de la nueva norma, aprobada el pasado mes de agosto. Preguntada por estas revisiones y por si el Ejecutivo descarta algún ajuste más a esa ley, después de la aprobación de una enmienda legal el pasado diciembre para intentar guiar la interpretación de los jueces, la también ministra de Política Territorial ha dicho en una entrevista en Las Mañanas de RNE: “En el Parlamento, en este mes de diciembre, se ha introducido una enmienda en esa dirección y el Gobierno está muy pendiente de la aplicación de esas normas y del trabajo que están haciendo los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, para poder valorar cualquier otra acción”.

La polémica en torno a Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, se recrudeció a mediados del pasado mes de noviembre, cuando comenzó a producirse un goteo de rebajas de penas, con algunas excarcelaciones incluidas, al aplicar de manera retroactiva la nueva norma. Esta, al eliminar el delito abuso para englobarlo dentro de la tipificación de agresión sexual, obligó a ampliar el arco de penas para acoger desde lo más leve a lo más grave, y de acuerdo al derecho, cuando la nueva ley conlleve penas más beneficiosas para los reos, se han de aplicar con efecto retroactivo. Las rebajas de condenas por la aplicación de la ley suman más de un centenar de beneficiados.

Desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), insisten este miércoles en que no hay ninguna propuesta de reforma de la ley. Recuerdan que el propio presidente defendió la ley en el balance del año y “pidió a los tribunales aplicarla bien”. Desde el primer momento, los responsables de Igualdad han defendido que no era necesario ningún cambio en la norma, pues las rebajas respondían a una interpretación errada de la ley —contraria a la que estaban aplicando otros tribunales—. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió con entusiasmo el 16 de noviembre la Ley de Libertad Sexual y se declaró confiado en que los fiscales y los jueces acabarían fijando una interpretación correcta de la ley, que sería la que no rebaja las penas ya impuestas.

Sin embargo, el Tribunal Supremo avaló poco después la interpretación contraria, la de la revisión de condenas. De ese modo llegó al Congreso el día 13 de diciembre la enmienda, que introduce una serie de consideraciones con el propósito de guiar en sentido contrario su aplicación por parte de los jueces y evitar las rebajas de penas. La enmienda se introdujo en la exposición de motivos de la ley, que no tiene fuerza normativa, por lo que que queda muy en entredicho, según los expertos, su efectividad a la hora de frenar la rebaja de penas a los ya condenados por delitos sexuales.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, expresaba el 13 de diciembre en el Congreso que la intención de la enmienda es dar “un toque de atención a los tribunales para que no vayan por ahí, porque la ley permite lo contrario”. El añadido salió adelante en la comisión de Justicia del Congreso con los votos favorables de las formaciones del Gobierno, Junts y la CUP, y las abstenciones de ERC, PNV y EH Bildu, que dudaron de la eficacia jurídica de la medida. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, lo expuso claramente: “La exposición de motivos no tiene fuerza normativa nunca y cualquier jurista sabe que lo que no está en la parte normativa no es aplicable”.

Rodriguez ha recalcado esta mañana que desde el Gobierno están muy pendientes de esa aplicación de la de la norma y de la interpretación que están haciendo los jueces: “Ha habido sentencias en una y en otra dirección, estamos pendientes de la unificación. Hemos introducido algunos cambios normativos […] para fijar claramente cuál es el objetivo de esta ley”. La portavoz del Gobierno también ha puesto en valor el esfuerzo que la ley pone para proteger a las mujeres y a las víctimas de agresión sexual.