Sánchez defiende la ‘ley del solo sí es sí’ y esperará a que los tribunales fijen un criterio sobre las rebajas de penas que implica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles rotundamente la ley del solo sí es sí, muy cuestionada en las últimas horas al constatarse que su aplicación está dando lugar a rebajas de penas en algunos casos de condenados por agresión sexual. Desde Bali (Indonesia), donde ha participado en la cumbre del G-20, Sánchez ha eludido cualquier autocrítica, ha enfriado la posibilidad de revisar la ley en este momento y ha dicho que esperará a ver cómo se unifica por tribunales y fiscalía y la jurisprudencia que se siente al respecto. “La voluntad del poder ejecutivo y del poder legislativo [al aprobar esta ley] fue claramente reforzar la seguridad de las mujeres, ese es el objetivo. Y, por tanto, lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual, para que haya penas más agravadas”, ha dicho el presidente, antes de calificar la ley de “gran conquista del movimiento feminista”. “Es una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido”, ha añadido Sánchez, que ha defendido igualmente el pacto con ERC para rebajar el delito de sedición y no ha aclarado si esa rebaja se extenderá al de malversación.

Tras conocerse este martes que ya son varios los casos de agresores sexuales a los que los jueces han rebajado las condenas al entrar en vigor la ley del solo sí es sí —que prevé penas más bajas en ciertos supuestos—, Sánchez ha insistido en que esa no era la intención del Gobierno. Pero el presidente no se ha abierto a la posibilidad de cambiar el texto —al contrario de lo que hizo la víspera la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero—, sino que ha pasado la pelota a los tribunales y a la fiscalía, confiando en que la jurisprudencia marque la interpretación correcta de la ley. Sánchez ha evitado cualquier crítica a una de las normas estrella de Unidas Podemos, socio de coalición.

La ley, que entró en vigor a principios de octubre, cambia la horquilla de penas que establecía la legislación anterior. El objetivo es endurecer el castigo en algunos supuestos, como las violaciones en manada o bajo sumisión química; pero también ha provocado el efecto contrario en otros supuestos: se reducen las penas mínimas y máximas de algunos casos. Eso ha abierto la puerta a que los abogados de agresores condenados con la ley anterior pidan en los tribunales una rebaja de la condena, amparándose en que el Código Penal establece que los condenados tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta resulta más favorable para su caso. La ministra María Jesús Montero sugirió este martes que el Ejecutivo estudiaría revisar la norma para evitar estas situaciones, contrarias al espíritu con el que se hizo el texto, pero Sánchez ha enfriado hoy esa posibilidad.

En la misma línea ha hablado la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha asegurado que la rebaja en las penas a algunos condenados por delitos sexuales se debe a que hay jueces que “están incumpliendo la ley” por “machismo”. Montero ha abogado por reforzar la “formación obligatoria” en igualdad en el sistema judicial y ha apuntado: “Como ha dicho el presidente, lo que haremos será confiar en que se unifiquen los criterios. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha abundado en esa tesis de que el problema no es la ley, sino los jueces que la están aplicando: “Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad, que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la ley del sólo sí es sí y siguiendo el ejemplo del CGPJ”, ha tuiteado, haciendo también alusión al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

“Problemón en Cataluña”

Pedro Sánchez se ha referido también en la rueda de prensa en Bali al pacto con ERC para rebajar el delito de sedición en el Código Penal, beneficiando así a los condenados del procés independentista y a quienes aún están pendientes de juicio por esta causa. El presidente ha dicho que está convencido de que los ciudadanos entenderán lo que está haciendo el Gobierno en este asunto, aunque ha sido más ambiguo al referirse al hipotético siguiente paso: la posible reforma del delito de malversación. “Yo heredé un problemón en Cataluña en 2018″, ha afirmado, en alusión a las consecuencias de la declaración unilateral de independencia en Cataluña de octubre de 2017. Y ha insistido en que el Gobierno trabaja por la concordia, “y el PP, no”.

Sánchez ha descartado que la reforma de la sedición garantizara la impunidad a los independentistas en el caso de que volvieran a iniciar, en el futuro, algo similar al procés. “La Constitución sigue teniendo el artículo 155. Y el Estado de derecho continuará teniendo instrumentos”, ha subrayado. “Lamento que por parte del PP no tengamos una actitud de corresponsabilidad y solidaridad. Yo heredé en 2018 un problemón. Era el PP el que estaba en el Gobierno cuando le hicieron la declaración de independencia, y fue con estas penas en el Código Penal”, ha explicado para defender su tesis de que la clave no es la dureza de las penas, sino la eficacia de la política para evitar que las cosas lleguen a la justicia. “Con esta reforma de la sedición damos un paso más para avanzar hacia la concordia. Estamos demostrando que la política tiene instrumentos como el diálogo para resolver este problema. Pero el Estado de Derecho no se va a desmantelar, estos delitos [del procés] continúan tipificados, pero sus penas se homologan a países como Alemania, Francia e Italia”, ha asegurado.

“Hoy la situación es infinitamente mejor en Cataluña que en 2017. El propósito de esta reforma es construir convivencia y concordia”, ha insistido. “El PP no está construyendo convivencia. Vemos en el PP una ausencia de proyecto político, una oposición que solo se basa en el insulto y el agravio. Es importante construir convivencia, el Gobierno y también la oposición tienen un papel que jugar. El PP no está construyendo convivencia. Apelo a que bajen el tono”, ha proseguido el presidente.

Sobre la posible reforma del delito de malversación, pese a que varios periodistas han preguntado, Sánchez no ha querido aclarar nada, ni siquiera afirmar si la línea roja de esa eventual reforma sería evitar que beneficie a los corruptos. “En la tramitación parlamentaria ya hablaremos de las enmiendas, debatir en abstracto no tiene sentido”, se ha limitado a contestar.

Además, ha aseverado que si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) insiste en no nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, el Gobierno sí elegirá a los dos suyos. Esta decisión parece ya inminente, aunque Sánchez no ha querido poner una fecha, ni siquiera aclarar si será antes del 6 de diciembre, aniversario de la Constitución. “El Gobierno va a cumplir con su obligación y va a nombrar, no porque quiera yo, sino porque nos mandata la ley”, ha rematado.

El presidente del Gobierno ha comparecido ante los medios al término de la cumbre del G-20, que se ha celebrado en Bali y que ha estado marcada por la invasión lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania y sus consecuencias. Sánchez ha explicado que la voz de España ha estado presente en este foro para reivindicar el fin de la guerra, solucionar la crisis alimentaria y avanzar en todos los asuntos por los que España es reconocida en el mundo, entre los que ha citado “la apuesta por el ecologismo, el feminismo, la igualdad y la solidaridad”. “Es por esto por lo que España alza su voz en el G-20″, ha manifestado.