Irene Montero acusa a los jueces de “machismo” y de “incumplir” la ‘ley del solo sí es sí’ por rebajar penas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles por la mañana que la rebaja de pena a algunos condenados por delitos sexuales en aplicación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) se debe a que hay jueces que “están incumpliendo la ley” por “machismo”, y ha defendido la calidad del texto legal. La titular del departamento que ha elaborado la norma considera que el machismo puede nublar “la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia” y “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”. Montero ha abogado por reforzar la “formación obligatoria” en igualdad en el sistema judicial y ha suscrito las palabras dichas poco antes por Pedro Sánchez al término de la cumbre del G-20 en Bali. “Como ha dicho el presidente, lo que haremos será confiar en que se unifiquen los criterios”.

La dirigente de Podemos ha insistido por la noche en la Cadena SER que la ley está “bien redactada” y lo que hay es “un problema de la aplicación y de interpretación” de la nueva norma “por la falta de la perspectiva de género” de los magistrados. “Ojalá haya un error y una posibilidad de mejora y se resuelva con eso”, ha dicho Montero, que ha asegurado que “si hubiera un error [en su formulación] sería la primera en reconocerlo”. La responsable de Igualdad ha esgrimido que la ley fue revisada “por multitud de organismos y ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura penal que se estaba proponiendo”. Montero ha subrayado que se tuvo en cuenta al máximo órgano de gobierno de los jueces: “De lo que alertaba el Consejo General del Poder Judicial y cumplimos con lo que decía era de no rebajar las penas máximas, nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas”.

Horas antes, la crítica a los jueces le ha supuesto el reproche de su compañera de Gobierno en la cartera de Defensa, la socialista Margarita Robles, quien ha subrayado que no le gustan “las descalificaciones a los jueces con carácter general”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, guarda silencio y no se ha pronunciado sobre la última polémica que afecta al Ejecutivo. Sí lo ha hecho Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso y referente de los comunes: “El problema no está en la ley, está en la justicia. Los jueces no pueden suplantar al legislador interpretando lo que no dice la ley. Hay que hacer pedagogía y reforzar la formación en violencia machista en la justicia”. Mientras, el Partido Popular ha pedido al Gobierno la “inmediata revisión” de la citada ley, que entró en vigor el 7 de octubre. El portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado que su partido ha presentado una moción urgente en la Cámara alta para forzar al Ejecutivo a abordar cambios en el texto y, además, forzar a todos los grupos parlamentarios a fijar posición sobre la aplicación de la ley.

Por la mañana, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un acto sobre la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, la ministra de Igualdad ha criticado las rebajas de las sentencias de algunos condenados y ha negado que ello sea culpa de la redacción de la norma. Montero ha dicho literalmente: “Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí. Naciones Unidas, el comité CEDAW [Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer], ya nos alerta de esta situación, nos dice que los estereotipos, el machismo pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa, por tanto, lo que haremos será en cumplimiento de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y como ha dicho el presidente confiamos también que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha abundado en esa tesis de que el problema no es la ley, sino los jueces que la están aplicando: “Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad, que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la ley solo sí es sí y siguiendo el ejemplo del CGPJ”, ha tuiteado, haciendo también alusión al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La también secretaria general de Podemos mostró su voluntad de “defender juntas” la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como la del solo sí es sí, tras trascender que varias condenas de violadores han sido revisadas a la baja, amparándose en esta norma. Lo hizo junto a la propia Montero durante su intervención en la inauguración en Madrid del acto A ti te importa: Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia, donde también estaban la representante especial del secretario general de la ONU para la violencia contra la infancia, Najat Maalla Mjid, del secretario de Estado de Derechos Sociales, entre otras personalidades.

Por su lado, la ministra Margarita Robles ha rechazado las “descalificaciones” a los jueces “con carácter general”, como cree que hizo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para justificar las rebajas de condenas en aplicación de la norma. Ambas son magistradas. En una entrevista en Telecinco, Robles ha evitado profundizar en el alcance de la legislación hasta leer las resoluciones judiciales que han motivado las rebajas de condenas y poder así analizar si se debe a casos concretos o a una “distorsión” de la ley.

“Por lo que a mí respecta, sería un poco prematuro que hiciera una consideración porque no he podido ver las resoluciones. No puedo decir si es una interpretación puntual o una distorsión de la ley”, ha sostenido Robles. En cualquier caso, ha rechazado que la acusación pueda derivar en los jueces, a quienes ha dedicado “elogios” y ha reivindicado que son “serios, profesionales, formados y preparados”. “Esas descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gustan”, ha respondido después de que Rosell, pero también Irene Montero, defendieran que “el problema no es la norma”, sino la “interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo”.

El PSOE habla de “posibles modificaciones”

Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha abogado por “estudiar y valorar de manera sosegada” la norma para saber “las posibles modificaciones que hay que hacer para respetar claramente su objetivo: la protección clara y rotunda de las víctimas”. Alegría, a preguntas de los periodistas antes de la inauguración del XVI Congreso Estatal de la Inspección de Educación, ha garantizado que el Gobierno va a “mirar y revisar” esta legislación impulsada por el Ministerio de Igualdad ante las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos sexuales. “Toda la sociedad hemos conocido estas sentencias”, ha recalcado antes de afirmar que hay que ver “qué ha sucedido” y, a partir de ahí, saber “si hay que hacer algún cambio para evitar que esto se produzca”.

“Si hubiera que revisar una ley, y hablo más como portavoz del PSOE, para conseguir claramente su objetivo, se tendrá que hacer”, ha abundado Alegría, recordando la posición que trasladó la ministra de Hacienda y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero. Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la norma y ha apelado a la sensibilidad de los tribunales, después de que el Ministerio de Igualdad asegurara que la ley “no es un problema” y descartara estudiar el texto legal.

En el otro lado del arco político, el PP en el Senado ya ha registrado la iniciativa para mandatar al Gobierno a acometer “la inmediata revisión por la vía de urgencia” de la norma en cuestión, a fin de que los autores de delitos sexuales puedan tener “cuanto antes” las mismas penas vigentes hasta la entrada en vigor de esta legislación. La moción ha sido anunciada por el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha subrayado que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual está acarreando la revisión de muchas sentencias, de modo que personas condenadas por delitos sexuales “o bien salen de la cárcel o sus penas son minoradas simplemente porque Irene Montero y Pedro Sánchez han pasado por su vida”.

Maroto ha hecho hincapié en que ambos han cometido un “error irreparable” con todas las víctimas de delitos sexuales, cuyos agresores han visto “aliviada” su pena o han sido excarcelados, y por ello el Grupo Popular intentará que ese daño “no se perpetúe” mediante una revisión urgente de la ley del solo sí es sí. El interés de los populares, ha manifestado, es que los autores de delitos sexuales puedan tener “cuanto antes” las mismas penas vigentes hasta la entrada en vigor de esta norma.

“Cada día que pasa sin corregir esta ley, todos los delitos sexuales que se cometan contra mujeres y niños no serán castigados como antes, y todas las sentencias y delitos cometidos van a ser revisados con la normativa de Irene Montero y Pedro Sánchez”, ha manifestado el portavoz del PP en rueda de prensa. Los populares avisan de que cualquier posición que no sea un sí a la reforma de la ley “será un escándalo” y han cargado contra la “soberbia” que ha hecho a los miembros del Consejo de Ministros “sordos” ante las advertencias de los jueces, juristas e incluso de anteriores miembros del Ejecutivo, como Juan Carlos Campo sobre que esto iba a “suceder”.