La Audiencia Nacional plantea a la Fiscalía revisar un caso de corrupción tras la reforma de la malversación

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón, ha pedido a la Fiscalía que revise el caso Acuamed a raíz de los cambios del delito de malversación impulsados por el Gobierno, que implican la rebaja de penas para algunos supuestos. En un escrito fechado el 29 de diciembre, seis días después de la publicación de la reforma en el BOE (que entra en vigor esta semana), el juzgado se dirigió al ministerio público para plantearle si debería modificar el escrito sobre el procesamiento presentado en esta causa de corrupción, ya que la nueva normativa podría conllevar una reducción de las solicitudes de condena. El PSOE negó que fueran a producirse disminuciones en los castigos a corruptos, pese a las alertas de la Fiscalía Anticorrupción y de las asociaciones jurídicas.

El paso dado por este juzgado es el primero que se conoce de estas características. Según detalla el escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, la Fiscalía había pedido el 29 de noviembre la transformación a sumario de la investigación: una iniciativa que se toma cuando las penas de los delitos contemplados superan los nueve años de cárcel. Según explican fuentes jurídicas, el instructor entiende que ahora, al haberse modificado la malversación, existiría la posibilidad de no alcanzar ese nivel de castigo y, por tanto, habría que optar por tramitar la causa bajo el término técnico de procedimiento abreviado. Una posibilidad sobre la que el ministerio público tendrá ahora la palabra.

El juzgado especifica que la reforma del Gobierno no solo ha modificado el contenido del delito de malversación, sino que también se han cambiado los “límites penológicos” previstos hasta ahora. “Aunque la norma prevé un plazo de 20 días para su entrada en vigor, lo cierto es que la reforma podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario”, avanza el escrito de la Audiencia Nacional. El caso Acuamed versa sobre la corrupción en la adjudicación de obras en la empresa pública Acuamed.

Precisamente, la Fiscalía General del Estado trabaja actualmente en un documento para unificar criterios en el nivel nacional de cara a las posibles solicitudes de revisión de condenas, según fuentes del ministerio público, donde llevan desde antes del parón navideño analizando las modificaciones introducidas en el Código Penal y sus posibles consecuencias.

Tensión política

La reforma del delito de malversación, aprobada a finales del año pasado por el Congreso y pactada entre ERC y PSOE, ha abierto una puerta de consecuencias imprevisibles y generó una enorme tensión en la recta final de 2022. Pese a que el principal partido del Gobierno y su socio han insistido en que este cambio no provocará una rebaja de penas a corruptos, más allá de los dirigentes independentistas encausados por el procés, las dudas sobre el alcance de la medida no se han disipado. Incluso Unidas Podemos, aliado minoritario de los socialistas en el Ejecutivo de coalición, ha expresado sus reparos; y Pablo Echenique, portavoz de la formación en el Congreso, verbalizó su “preocupación” por los efectos que pudiera provocar.

La Fiscalía también ha mostrado sus reticencias. En el ministerio público temían que la reforma aprobada implique un “goteo” de reducciones de penas a corruptos —e incluso prescripciones—, generándose un fenómeno similar al vivido con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, que ya ha permitido que más de un centenar de agresores sexuales se hayan beneficiado de rebajas en sus castigos, pese a que el Ministerio de Igualdad defendió que estas no iban a producirse.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, lanzó un mensaje el 14 de diciembre durante el acto de aniversario de esta fiscalía especializada, aunque sin mencionar explícitamente los cambios pactados por el PSOE y ERC. “Apelamos a los poderes públicos y a los representantes políticos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción”, dijo. “Queda mucho por hacer [en materia de lucha contra la corrupción]. Hace falta voluntad política para caminar ese sendero”, añadió.

Su voz no ha sido la única. Los directores de las agencias Antifraude de Cataluña y la Comunidad Valenciana también cargaron contra la reforma. Miguel Ángel Gimeno, responsable de la primera, afirmó que el cambio de la malversación es “una mala noticia”, e implicará rebajas de penas. Joan Llinares, director de la segunda, calificó la iniciativa como un “retroceso”, que “puede acabar con absoluciones y archivos sin más, por lo difícil que es demostrar el enriquecimiento ilícito”. Las asociaciones de fiscales y judiciales expresaron sus críticas: “El único dato objetivo y constatable es que las penas propuestas podrían conllevar revisiones de condenas ya dictadas. Pues, como ya pasó con la controvertida ley del solo sí es sí, algunos tipos contemplan penas inferiores a las vigentes”, expuso la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales.

Uno de los casos que mantiene en vilo a la Fiscalía es Kitchen, el espionaje irregular al extesorero popular Luis Bárcenas por parte del Ministerio del Interior para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores de altos cargos del PP. Fuentes del ministerio público, que ya tiene elaborado su escrito de acusación aunque aún no lo ha presentado, temen que la reforma de la malversación provoque que tengan que adaptar su petición de condenas para los implicados en esta trama, entre los que se encuentra el exministro Jorge Fernández Díaz. Consultadas por EL PAÍS, otras acusaciones manifiestan las mismas dudas. Además, las defensas ya estudian si podrían utilizar las modificaciones en su favor.