Dos de las tres asociaciones de fiscales auguran rebajas de penas a corruptos al reformar la malversación

El pacto del PSOE y ERC para reformar el delito de malversación acumula más críticas. Dos de las tres asociaciones de fiscales alertan de que el acuerdo hecho público este lunes para modificar el Código Penal, que implica disminuciones de penas en algunos supuestos, podría beneficiar a corruptos. Es más, ambos colectivos pronostican un posible fenómeno similar al ocurrido con la ley del solo sí es sí, que ha permitido que más de medio centenar de agresores sexuales se hayan beneficiado ya de rebajas en sus castigos, pese a que el Ministerio de Igualdad defendió que estas no iban a producirse. “Al menos, que no se diga que en esta ocasión no estaban avisados”, sentencia la Ejecutiva de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales.

A través de un comunicado difundido este martes, la Asociación de Fiscales muestra su preocupación por la reforma de la malversación pactada por ERC y PSOE. El colectivo cuestiona que exista una “necesidad” jurídica para acometer este cambio, como argumentan sus impulsores, y lamenta que se apruebe “omitiendo deliberadamente todo tipo de informe que hiciese reflexionar sobre sus terribles consecuencias”. En opinión de este colectivo, estos cambios no asemejan la legislación de España a la de los países de su entorno, ni supone una vuelta al Código Penal de 1995, como ha defendido Esquerra. “El único dato objetivo y constatable es que las penas propuestas podrían conllevar revisiones de condenas ya dictadas. Pues, como ya pasó con la controvertida ley del solo sí es sí, algunos tipos contemplan penas inferiores a las vigentes”, afirma la nota.

En una línea similar se mueve Salvador Viada, fiscal de Tribunal Supremo y presidente de APIF (Asociación Profesional Independiente de Fiscales). “No nos gusta esta reforma. Por un lado, por el modo en cómo se hace, ya que no obedece a una necesidad planteada por los penalistas porque el tipo esté mal, sino que responde a razones políticas. Van a cambiar las reglas para solucionar un problema político”, afirma el representante del ministerio público. Pero además, añade Viada, porque estos cambios implican castigar con menos pena “la corrupción más grave”: aquella en la que el implicado dedica fondos públicos para el beneficio de los intereses de su partido sin que exista un lucro personal de él. Además, según apostilla el fiscal, la redacción actual permite la posibilidad de perseguir el despilfarro de las autoridades cuando es abusivo, una puerta que ahora se cerraría.

El Código Penal vigente prevé penas de hasta 12 años de cárcel —además de hasta 20 años de inhabilitación— para las autoridades o funcionarios que administren de forma desleal o se apropien de patrimonio público, o favorezcan que terceras personas lo hagan. Sin embargo, el texto pactado ahora por PSOE y ERC modifica esta concepción del delito y lo hace girar en torno a la idea del “ánimo de lucro” del implicado. Así, prevé estas penas tan altas para quienes actúen movidos por ese “ánimo de lucro”, pero lo reduce para otros supuestos. Por ejemplo, contempla un castigo de seis meses a tres años de cárcel para quienes, “sin ánimo de apropiárselo”, destinen a uso privado el patrimonio público; y de un año a cuatro de prisión para quienes den a esos fondos una finalidad diferente a la que se hubiese previsto, provocando un “daño o entorpecimiento grave”.

Asociaciones judiciales

La tercera asociación, Unión Progresista de Fiscales (UPF), no se ha pronunciado en concreto sobre el delito de malversación, aunque este miércoles sí ha emitido un comunicado para mostrar su “oposición” a las reformas “apresuradas” del Código Penal: “Una técnica legislativa que privada de los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, así como impide el debate público, prudente y sosegado que debe proceder a tan importantes cambios normativos. Los informes de los superiores órganos consultores del Estado no son un simple trámite, son un elemento fundamental para dotarles de una mayor técnica legislativa y advertir posibles consecuencias en su aplicación”

Por su parte, las críticas sobre la reforma de malversación de la Asociación de Fiscales y de APIF se suman a las de los colectivos judiciales. El pasado domingo, después de que se conociera la enmienda de ERC y la intención del PSOE de pactar rebajas en las penas de algunos supuestos del delito de malversación, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia ya lanzó un mensaje que sentenciaba: “No cabe tolerancia contra la corrupción, cualquiera que sea la forma en que tenga lugar. Es un error modificar el tratamiento penal de la malversación”.

Para entonces, Esquerra ya había dejado claro que su intención era introducir una reforma que despenalizara el procés y el referéndum ilegal del 1 de octubre, beneficiando a todos los dirigentes independentistas encausados o condenados por ello. Según los republicanos, el uso de dinero para esos fines no debe constituir un delito, ya que los políticos secesionistas no desviaron fondos públicos para su beneficio particular. Una postura criticada abiertamente por algunas asociaciones judiciales. “Todos los delitos tratan de proteger un bien: el de malversación protege al funcionamiento eficaz de la Administración pública. La mayor o menor gravedad de una conducta de malversación no depende del enriquecimiento, sino del daño que causa a la eficacia de la administración”, afirmó el pasado viernes Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).