Los socios del Gobierno solventan tensiones en la reforma de la malversación y la ‘ley trans’ a expensas de la ley del bienestar animal

Los dos socios del Gobierno han hecho concesiones y no han dado su brazo a torcer en el marcaje estrechísimo al que se han sometido en las tres votaciones cruciales que ha dejado el arranque de una semana de vértigo en el Congreso. Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre malversación, la ley trans y la ley de bienestar animal han sido palpables, pero también la búsqueda de acuerdos para intentar aprobar todas las normas que La Moncloa tiene pendientes antes de que finalice el año. Los socialistas y el grupo confederal, junto a ERC y los socios habituales del Ejecutivo han aprobado en la ponencia de la comisión de justicia la enmienda transaccional firmada por el grupo socialista —pero no por la otra parte de la coalición— que rebajará a cuatro años las penas por malversación sin lucro personal o a terceros. La comisión de justicia debatirá este martes las enmiendas que han salido adelante para su votación en el pleno del Congreso del jueves y su aprobación definitiva en el Senado el 22 de diciembre si se cumple el calendario previsto por el Gobierno. El PSOE ha salvado este primer escollo de la malversación pese al recelo de Unidas Podemos, que a primera hora del día marcó distancias por sus “dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces”; con este argumento resolvió no firmar la enmienda aunque facilitó “que no descarrilase una ley que contiene elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional”, justificaron fuentes de Unidas Podemos.

El socio minoritario del Ejecutivo se ha impuesto al PSOE en la redacción definitiva de la ley trans, una norma por la que han mantenido una rivalidad y discrepancias durísimas los últimos meses. Unidas Podemos ha salido vencedor de este envite, en el que siempre ha defendido que hacía falta modificar el proyecto de ley tal y como había salido aprobado del Gobierno. Los socialistas, en cambio, insistían en que era necesario reforzar la seguridad jurídica de la ley ante la certeza de que el PP y Vox la recurrirán al Tribunal Constitucional. El motivo de discordia era la autodeterminación de género de los menores de edad. Unidas Podemos ha logrado los respaldos necesarios para vetar la enmienda con la que el PSOE pretendía ampliar la necesidad de un aval judicial para cambiar el nombre y el sexo en el DNI a los adolescentes de 14 a 16 años. Los socialistas finalmente han renunciado a presentar enmiendas cuando la ley trans se tramite en el pleno del Congreso para extender este requisito, que sí deberán cumplir los jóvenes de entre 12 y 14 años, según figuraba en la redacción original del proyecto de ley.

Donde el PSOE ha mantenido una posición férrea ha sido en la ponencia de la ley de bienestar animal. La comisión de derechos sociales se reunirá este martes pendiente de que socialistas y Unidas Podemos acerquen posturas sobre la regulación del tratamiento de los perros de caza, rehalas y animales auxiliares. Los socialistas han presentado una enmienda transaccional firmada también por el PP y PNV, muy similar a la que registró en septiembre, en la que insisten en que estos animales cuenten “con una legislación propia, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”. La novedad es que la legislación debería cumplir “en todo caso” con la legislación autonómica correspondiente. Unidas Podemos propuso la semana pasada una vía intermedia, basada en la ley en vigor en Castilla-La Mancha desde 2020, para que los animales empleados en la actividad cinegética quedasen exentos únicamente mientras practican el ejercicio de la caza. El resto del tiempo se les aplicaría la ley como a cualquier otro perro. Este martes debería encontrarse una fórmula que satisfaga a PSOE y Unidas Podemos. De lo contrario, la ley correría el riesgo de no salir adelante por las divergencias entre los socios de la coalición.

El Gobierno también ha salvado las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos en el Senado —donde se denominan vetos— que habían presentado PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN. La Cámara alta es exclusiva de la parte socialista del Ejecutivo, ya que Unidas Podemos no tiene ningún senador. El PSOE ha sumado en cada una de las cinco votaciones de los vetos al menos 148 votos de los 265 escaños en esta Cámara. La Moncloa espera en aprobar las cuentas públicas para 2023 la próxima semana en el Senado, para lo que necesita que no se apruebe ninguna enmienda de las que presenten los grupos. En ese caso, y como ya pasó el año pasado, los Presupuestos volverían al Congreso para su aprobación definitiva la última semana de diciembre.