Sánchez frenó ‘in extremis’ una grave crisis de la coalición por el ‘solo sí es sí’

Tenía que ser una semana centrada en la agenda política internacional. El Consejo de Ministros era casi de trámite. Todo el foco del Gobierno estaba puesto en Bali (Indonesia), donde se celebraba la cumbre del G-20. Al Ejecutivo se le había cruzado la polémica por la reforma del delito de malversación que reclamaba ERC y que le traía de cabeza, pero aún no había propuesta escrita encima de la mesa, así que se estaban controlando los daños. Pedro Sánchez había cerrado una reunión bilateral con Xi Jinping, el líder chino, y al día siguiente lograría entrar en una reunión extraordinaria de los grandes líderes del mundo por el nuevo bombardeo de Putin sobre Ucrania. La Moncloa miraba a Bali.

Pero los móviles de ministros y asesores empezaron a saltar esa mañana del martes. Los jueces habían empezado a revisar a la baja las penas de algunos condenados por delitos sexuales, como consecuencia de la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí. Un efecto inesperado y contrario al espíritu de la reforma estrella del Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, y una de las normas claves de la coalición. Todo un referente internacional del Gobierno, del que había presumido en varias ocasiones el propio Pedro Sánchez. Si se confirmaba esa tendencia de los primeros jueces podía ser el mayor fiasco de la coalición en el peor momento posible: a seis meses de las elecciones autonómicas y municipales.

El PSOE reaccionó rápidamente de una forma que indignó a Unidas Podemos. La vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó que habría que “estudiar” una posible reforma de la ley porque el efecto que se buscaba no era el que se estaba produciendo —la revisión a la baja de las penas— “sino todo lo contrario”. Igualdad salió en tromba: la ley no se toca.

En ese momento el Gobierno se sumergió en uno de sus momentos más delicados de los últimos meses. Encima de la mesa estaba una norma que ya había puesto a la coalición al borde de la colisión cuando Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, llamó “machista” a Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia —ambos están ya fuera del Ejecutivo—, por las objeciones que estaba poniendo al proyecto estrella de Igualdad, ministerio dirigido por Irene Montero.

La Moncloa vio enseguida que este asunto se le podía ir de las manos. Montero elevó el tiro. La norma, sostuvo, no tiene ningún error: los que se equivocan son los jueces que la están aplicando, por machistas. “El machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente, o que la apliquen de forma defectuosa”, sentenció. Esta frase indignó a todos los colectivos judiciales, incluida la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que hizo una nota durísima contra Montero: “Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia [de revisión de las penas] no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ‘justicia machista’ o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema”, decía el comunicado.

Miembros del equipo de Sánchez hablaron con Irene Montero. Era imprescindible rebajar la tensión. Le pidieron que dejara de cargar contra los jueces. Ella protestó por las declaraciones de María Jesús Montero abriendo la posibilidad a cambiar la ley. La ministra de Igualdad insistía en que es una norma de todo el Gobierno, de la que el Ministerio de Justicia, en manos del PSOE, fue coproponente y encargado en especial del apartado de las penas. Había que defender la ley y proteger a la coalición.

Desde Bali, metido en las sesiones del G-20 y en la cena oficial, Sánchez seguía con su móvil una crisis inesperada que se complicaba por minutos. Al día siguiente tenía una rueda de prensa. Había que calmar las aguas. Así que el presidente, en un mensaje muy trabajado con sus colaboradores en Madrid, defendió la ley —“es una gran conquista del movimiento feminista, una ley a la vanguardia”, dijo— y confió en que instancias superiores que “marcan jurisprudencia”—esto es, el Supremo, pero también la Fiscalía General del Estado, que establece un criterio, y algunos tribunales superiores cuando empiecen a llegar recursos— puedan evitar esos efectos indeseados de la norma.

Pero sobre todo, políticamente, hizo algo más de fondo, según admiten diversas fuentes del Ejecutivo: protegió a la coalición en un momento especialmente delicado. Y esa es la estrategia que se va a seguir en los próximos días. Sánchez tiene el martes una cara a cara en el Senado con Alberto Núñez Feijóo, y ahí, sin duda, saldrá el asunto. Su intención, explican en su equipo, es mantener esta línea de protección de la coalición, explicar los beneficios que la ley va a tener para la protección de las mujeres y confiar en que la tormenta por las rebajas de penas se resuelva en la Fiscalía y el Supremo.

Fuentes judiciales confirman que la orden de la Fiscalía que marcará su criterio está prevista para esta semana que empieza mañana. Y hay varias resoluciones pendientes que podrían ir muy rápido. Así que la crisis se podría reconducir, si esas resoluciones van en la dirección que el Gobierno espera. Si no es así, y las excarcelaciones y rebajas de penas continúan de forma masiva, el Ejecutivo tendrá que replantearse la posibilidad de alguna iniciativa en el Congreso para frenarlas. No es sencillo jurídicamente, y no es el plan a del Gobierno. Pero nadie descarta nada. Hasta ahora, los tribunales están actuando de manera muy distinta: mientras en La Rioja se han rechazado todas las rebajas de condena, en Madrid se han aceptado varias. Hay que esperar para ver la dinámica general y la respuesta de tribunales superiores, insisten en el Ejecutivo.

En cualquier caso, lo que ha demostrado esta nueva crisis, según varios dirigentes socialistas, pero también de Unidas Podemos, es que el Gobierno ya no es una coalición sino un tripartito: está el PSOE, el sector de Yolanda Díaz y el de Podemos. Y la tensión mayor en esta crisis del solo sí es sí no se ha vivido con los socialistas, sino dentro de Unidas Podemos, con el durísimo ataque de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, a la que de nuevo sin citarla tildó el viernes de cobarde, miserable y estúpida por no defender a Irene Montero. Díaz pareció responderle este sábado, también sin citarlo a él expresamente, lamentando que en política las mujeres siempre son “insultadas”. ”Da igual de dónde venga, es la manera de dirigirse a nosotras”, dijo. Y añadió: “Tenemos derecho a hacer política equivocándonos”.

Casi todos los consultados asumen que ahí hay algo que se ha roto de manera aparentemente irreversible. En el PSOE inquieta que esta agresividad de Iglesias pueda debilitar a la coalición. Esta semana, los socialistas ya se indignaron porque Pablo Echenique, portavoz parlamentario y cercano a Iglesias, fuera el más duro en la junta de portavoces del Congreso defendiendo la comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla que estaba dirigida claramente contra Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Echenique, portavoz de un partido miembro del Gobierno, fue mucho más duro que ERC, Más País o Bildu. La iniciativa no salió porque la rechazaron el PSOE, el PP, Vox y Cs.

Los socialistas no creen que esté encima de la mesa la posibilidad de una ruptura del Ejecutivo. Es un escenario que nunca se ha contemplado de forma realista. Pero la deriva del grupo más fiel a Iglesias inquieta mucho en La Moncloa. Porque, aunque la crisis del solo sí es sí finalmente se reconduzca, la batalla en Unidas Podemos parece muy lejos de una solución.