El PSOE y el PP vetan la comisión de investigación sobre Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá finalmente ante el pleno del Congreso el 30 de noviembre para dar su versión de la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde al menos 23 migrantes perdieron la vida al intentar entrar por la fuerza en España. Pero no habrá, al menos por el momento, comisión de investigación: la Junta de Portavoces de la Cámara baja ha rechazado este viernes que esa comisión se pudiera aprobar en el pleno de la semana que viene, al votar en contra de esa propuesta de otros cinco partidos tanto el PSOE como ahora el PP. El PP se reserva esa opción para más adelante, si no le convencen las explicaciones del ministro.

Cinco grupos parlamentarios ―de la oposición de derechas, pero también socios del Ejecutivo― habían demandado explicaciones sobre la tragedia, especialmente en la Comisión de Interior, y con más insistencia tras emitirse el 1 de noviembre un documental de la cadena británica BBC con imágenes muy comprometidas sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad españolas en la valla. Por ahora, no habrá comisión de investigación, pero Marlaska sí comparecerá en el pleno. Además, su ministerio proporcionará a los diputados de la comisión de Interior, a partir del 25 de noviembre, las imágenes grabadas por las fuerzas de seguridad aquel día. Pero ese material se tendrá que ver en el Ministerio del Interior, no en el Congreso, lo que ha provocado el malestar de varios partidos que achacan a Marlaska “falta de transparencia y de respeto al poder legislativo que es el que debe controlar al Gobierno”, como reseñó Cuca Gamarra, la representante del PP.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha comunicado esa disposición del ministro a la Junta de Portavoces extraordinaria convocada este viernes para ordenar el relevante pleno de la semana que viene, donde se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Los grupos de PP y Ciudadanos, pero también aliados habituales del Gobierno como ERC, EH Bildu o el PNV, habían incrementado en los últimos días la presión sobre Marlaska para que acudiera a las Cortes a ofrecer la información de la que dispone el Ministerio sobre los hechos ocurridos en Melilla el 24 de junio. La última vez que lo hizo fue el 21 de septiembre ante el pleno, cuando no se había emitido aún el polémico documental de la BBC.

El ministro Marlaska lleva semanas insistiendo en que las fuerzas de seguridad actuaron con criterios de “legalidad y proporcionalidad” ante una situación de violencia radical y desbordada originada por cientos de migrantes que intentaban cruzar la valla para acceder a España. Marlaska llegó a afirmar la semana pasada que aquel día, sin embargo, “no aconteció ningún hecho dramático en territorio español”, algo que han desmentido diversas organizaciones de derechos humanos radicadas en Melilla y que tampoco creen varios de los diputados y portavoces de distintas fuerzas políticas que visitaron la ciudad autónoma.

El ministerio prometió, tras la visita a Melilla el 7 de noviembre de los parlamentarios, que les proporcionaría todos los vídeos grabados el 24 de junio por el helicóptero de la Guardia Civil y por drones de las fuerzas armadas, con las imágenes de lo que sucedió. Los diputados habían criticado esta semana con dureza que los vídeos no les llegaban y que muchas de esas imágenes ya habían sido publicadas por diversos medios de comunicación y estaban en poder de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo, que están investigando los hechos. Interior entregará ahora ese material a los diputados de la comisión de Interior a partir del 25 de noviembre.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado este viernes que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes les haya comunicado que esas imágenes las tendrán que revisar los diputados de la comisión de Interior en el Ministerio, y no en las Cortes, y que Simancas les haya explicado que “ante lo delicado” del asunto era mejor esa solución “para garantizar que no se haga un mal uso” de las mismas. Gamarra ha rechazado dentro de la Junta, y luego públicamente, esa “desconfianza” y “falta de transparencia” del poder ejecutivo hacia los representantes del legislativo, “que con la separación de poderes son los que deben controlar al Gobierno”.

La Junta de Portavoces ha rechazado este viernes, además, que se aborde en el pleno de la semana que viene la creación de la comisión de investigación que habían exigido sobre ese asunto Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más País, el BNG y Compromís. El PSOE la boicotea y el PP aún no la considera oportuna. Portavoces de distintas formaciones han señalado que los socialistas han presionado en las últimas horas a varios de esos aliados parlamentarios para que aceptasen retirar o posponer su petición a cambio de que el ministro compareciese ante el pleno y que los diputados pudiesen tener acceso a los vídeos de forma inmediata. Ese intento no ha tenido éxito con los socios.

El PP sí se ha decantado en esta ocasión por respaldar la posición del PSOE, del Gobierno y del ministro porque defiende que “por ahora no es el momento” para esa comisión. Los populares, no obstante, no descartan presentar y defender su propia comisión de investigación si las explicaciones de Marlaska el 30 de noviembre no les convencen. Las propuestas de comisiones de investigación no decaen y la Junta de Portavoces las pueden retomar en cualquier momento. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado este mismo viernes que si al final se acredita que Marlaska ha mentido su formación “procederá en consecuencia”. Y añadió: “Queremos claridad y que se cuente la verdad a los ciudadanos”, aportó Feijóo, que calificó de “curioso” que los propios socios del Gobierno desconfíen de otra parte del Ejecutivo.