Encalla el plan para contratar en el extranjero a miles de trabajadores de la construcción

El plan del Gobierno para contratar en el extranjero a miles de trabajadores de la construcción lleva encallado casi tres semanas. Estaba previsto que la iniciativa se aprobase el pasado 31 de octubre en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, pero las objeciones del Ministerio de Trabajo, que advierte del desempleo actual en el sector, y las quejas de los sindicatos, cuyo eco ha llegado a La Moncloa, han paralizado la medida, según fuentes gubernamentales. Hace 18 días la redacción del acuerdo estaba lista y este se daba por cerrado; hoy, nadie se atreve a concretar cuándo saldrá adelante. A pesar de las discrepancias, los ministerios socialistas no la dan por perdida y confían en retomarla a finales de año, según las mismas fuentes.

Responsables de Migraciones, uno de los departamentos que impulsaron la iniciativa, no se muestran preocupados por el retraso y cuentan con que salga adelante próximamente. “Es una medida para ser ejecutada en 2023, no hay una gran urgencia”, afirman. En el Ministerio de Transportes, corresponsable de la medida, afirman que se sigue negociando para alcanzar “un consenso más amplio”, pero confían también en su aprobación.

Ambos ministerios restan importancia al retraso de una iniciativa que hasta hace muy poco se consideraba perentoria. El tiempo apremia para ejecutar las inversiones. Cualquier obra de gran envergadura tarda al menos tres años en ejecutarse y la fecha final para tener listos todos los proyectos financiados con fondos europeos es mediados de 2026.

El Gobierno reconoce en un informe interno una ejecución insuficiente de los fondos europeos

A pesar de que el lanzamiento de convocatorias se ha disparado, el Ministerio de Transportes admite en un documento interno que debe mejorarse el ritmo al que gasta los 16.000 millones que gestiona de recursos comunitarios

El plan para contratar a miles de trabajadores consiste en ampliar el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que es la herramienta con la que se regula la contratación de personas en el extranjero, una lista en la que se incluyen aquellas profesiones que no pueden cubrirse con trabajadores que ya están en España. La propuesta es añadir a ese listado 31 nuevas profesiones, todas relacionadas con la construcción: fontaneros, electricistas, jefes de obra, carretilleros o instaladores de sistemas de impermeabilización.

Hacía casi tres lustros, desde que explotó la crisis de 2008, que ese catálogo no incluía este tipo de profesiones y se limitaba a un nicho de contratación de personal de buques, deportistas y entrenadores profesionales. El objetivo de la iniciativa es garantizar que no falte mano de obra en un sector que es estratégico para ejecutar el Plan de Recuperación, dotado con unos 70.000 millones de fondos europeos y estrechamente ligado a la obra pública y la construcción y rehabilitación de viviendas.

Para justificar la búsqueda de miles de profesionales en otros países, Migraciones y Transportes elaboraron un documento en el que se reconocía que la ejecución del plan avanza a un ritmo más lento del deseado y que la falta de mano de obra lo ralentizaría aún más. En ese informe, al que tuvo acceso EL PAÍS, se preveía que la obra civil y la construcción y rehabilitación de viviendas para ganar en eficiencia energética generaría unos 246.000 nuevos puestos de trabajo; un volumen de mano de obra que, según ese documento, no hay en España, a pesar de contar con casi tres millones de parados. El texto afirmaba además que la falta de trabajadores “puede poner en peligro el avance de las inversiones al ritmo necesario”.

La iniciativa no gustó a los sindicatos, que mostraron su oposición en público y en privado y acusaron al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, de falta de diálogo. Tampoco al departamento de Yolanda Díaz le entusiasmó la idea. Fuentes de su ministerio afirmaron que estudiarían la medida, pero que la veían con “escepticismo”. Otros interlocutores conocedores de esta negociación aseguran que Trabajo presentó un informe para rebatir los argumentos con los que Migraciones y Transportes defendieron la necesidad de la medida.

El escepticismo que mostró Trabajo se debe, entre otras cosas, a su rechazo a abrir a la contratación extranjera un sector como el de la construcción, sin acordarlo antes con los agentes sociales. Para Trabajo los datos no respaldan la necesidad de irse a otros países a buscar profesionales. El sector de la construcción actualmente apenas cuenta con 5.225 vacantes, mientras que hay más de 228.000 parados entre los que hay 42.500 extranjeros, según datos oficiales. Además, se considera un sector sensible dada la formación especializada y la prevención de riesgos laborales que exige. Tanto el Ministerio de Yolanda Díaz como los sindicatos consideran que no se encuentran profesionales para determinadas ocupaciones debido a las condiciones laborales del sector; pero que, si estas mejoraran, sí los habría. La patronal de la construcción contesta que el sector presenta una retribución un 30% superior al salario medio y cuenta con buenos horarios y beneficios sociales.