El Gobierno reconoce en un informe interno una ejecución insuficiente de los fondos europeos

El Ministerio de Transportes, uno de los departamentos que gestiona más fondos europeos con unos 16.000 millones del total de 70.000, reconoce que el ritmo de ejecución de estos recursos es “insuficiente”, según se recoge en un documento interno del Gobierno al que ha tenido acceso EL PAÍS.

En los papeles que ha elaborado el Ejecutivo con el fin de justificar la contratación de inmigrantes para trabajar en la construcción, el Ministerio de Transportes hace una valoración sobre la marcha del Plan de Recuperación, que recoge las inversiones de los fondos europeos: “Cuando se lleva más de un año transcurrido desde la aprobación definitiva del Plan en julio de 2021 y dos años y medio desde el punto de inicio de las inversiones elegibles en febrero de 2020, cabe concluir que el ritmo de ejecución (el mejor indicador de la actividad real) debe impulsarse más y acelerarse”, señala.

Y proporciona datos sobre cómo se están desembolsando los fondos que gastan el ministerio o sus empresas como Adif, Enaire o Puertos del Estado: “Actualmente, la inversión ejecutada directamente por el Ministerio de Transportes o sus entidades vinculadas no alcanza los 500 millones de un total de 7.600 millones de inversión directa contemplada en el Plan. Considerando solo los últimos 12 meses, el ritmo de ejecución es de menos de 40 millones de euros al mes, un ritmo insuficiente”, concluye esta nota de la semana pasada.

“Ello a pesar de que ya han sido licitados 5.500 millones de euros y adjudicados 3.600 millones”, dice. Es decir, aunque el gasto sea lento, se están dando pasos importantes para que avance el plan. El Gobierno siempre habla de que se ha alcanzado una velocidad de crucero con unos 2.000 millones de convocatorias lanzadas al mes.

Aun así, el documento reconoce que probablemente va peor aquella inversión que no gestiona directamente Transportes, esto es, las convocatorias de subvenciones y las transferencias a otras Administraciones, sobre todo para rehabilitación de vivienda: “No se disponen de datos comparables para evaluar la inversión indirecta. Pero cabe conjeturar que, pese a que ya se han transferido a las comunidades más de 3.300 millones de euros y que se han convocado ayudas a entidades locales por valor de 2.600 millones, la ejecución real es incluso proporcionalmente menor que la de la inversión directa, debido a la mayor complejidad en la tramitación administrativa (transferencias, convocatorias o ambas, previas al inicio de las obras)”. Y explica que “los proyectos, en gran parte ejecutados por las entidades públicas empresariales Adif y Adif-Alta velocidad, conllevan una inevitable demora entre la transferencia de los fondos y la ejecución de los mismos, como también sucede en el caso de las ayudas y subvenciones que gestionan las comunidades”.

El ministerio asegura a EL PAÍS que ya ha transferido a las comunidades todos los recursos para la rehabilitación de vivienda y que en 2023 debería producirse un fuerte despegue de estas inversiones. Y fuentes gubernamentales reconocen que hay un cuello de botella en el mercado laboral e insisten en que se están tomando medidas para impulsar el número de trabajadores que se necesitarán.

Cabe recordar que este ministerio es uno de los más especializados en contratar y hacer inversiones. Resulta además llamativo el desconocimiento sobre la evolución de estos fondos en manos de las comunidades: aunque en principio el sistema de información, llamado Coffee, debería estar en marcha, esto pone de relieve que no está operativo. A pesar de que el hito 173 del plan era que estuviese implementado en el tercer trimestre de 2021. Si bien algunos consejeros de comunidades explican que por fin se les ha dado acceso a la plataforma hace unos días.

“Es claro que, pese al tiempo transcurrido y los esfuerzos realizados, el Plan no ha desplegado aún todo su potencial en el empleo y la actividad y es importante que lo haga”, destaca. El Ministerio de Transportes lo achaca en parte a que se trata de contratos grandes y complejos en materia ferroviaria. Y también subraya la “complejidad administrativa” que presenta la rehabilitación energética de edificios.

Según fuentes del sector de la construcción, Transportes ha tenido dificultades debido principalmente a cuatro factores: uno, el tiempo que tarda en aprobarse y cumplir con todos los trámites una inversión grande de este tipo. Dos, la falta de mano de obra. Tres, el encarecimiento de las materias primas y los límites puestos a las revisiones de precios. Y cuatro, las cláusulas anticorrupción, que tenían parados unos 1.500 millones en contratos. Como las principales constructoras habían sido señaladas como miembros de un cartel por la CNMC, la patronal de la construcción había impugnado hasta diez pliegos de Adif alegando que las cláusulas anticorrupción eran excesivas y que los medios que se les exigían eran desproporcionados. Este problema se ha solventado suprimiendo dichas cláusulas.

Según datos de la Comisión Europea, en 2021 España solo gastó efectivamente 2.400 millones. De los 28.000 millones presupuestados para este año, la Intervención del Estado reconoce obligaciones de pago por valor de más de 11.000 millones hasta agosto. Sin embargo, de estos unos 9.600 millones son transferencias. Es decir, buena parte va a otra administración o empresa pública. Y estas a su vez han de iniciar de nuevo el proceso para lanzar las convocatorias o licitaciones.

Todas las inversiones deberían estar ejecutadas para junio de 2026. Hay hitos como los proyectos estratégicos de industria, la rehabilitación de edificios o las electrolineras que tienen que cumplir con un calendario exigente. Sin embargo, no todo es negativo. La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, ya avanzó que en septiembre se había cuadruplicado la formalización de contratos. El seguimiento que hace el observatorio de fondos europeos EsadeEcPol-EY Insights valida esta evolución a partir de bases de datos públicas: de los 70.000 millones planeados, se han movilizado unos 45.000 millones, de ellos unos 15.000 en licitaciones y otros 30.000 en convocatorias de subvenciones. “Estos datos no son tan malos. Significa que como mínimo se ha publicado la licitación o convocatoria y que ya se están empezando a gestionar”, apunta Manuel Hidalgo, codirector del observatorio.

De los 15.000 millones licitados, unos 4.300 millones ya tienen una empresa adjudicataria. De los 30.000 millones en subvenciones, unos 7.500 millones han sido concedidas. Esto no implica que necesariamente hayan sido transferidas, y de ellas la mitad han sido entre administraciones, como por ejemplo la convocatoria del Estado entre entidades locales para que fundamentalmente hagan carriles bici por valor de 1.000 millones.

La obtención de los fondos europeos por la pandemia fue una victoria del Gobierno. Sin embargo, se han gestionado mal las expectativas. Por cálculos políticos, el Ejecutivo decidió que lo gastaría en los tres años que le quedaban de legislatura para impulsar el crecimiento y el empleo. Dispuso los 70.000 millones, a razón de un tercio al año, para que se desembolsaran a través de los presupuestos. Se juzgó que era la forma más rápida de hacerlo. Pero al final, según admiten fuentes gubernamentales, la Administración es un tubo por el que no entra más. Se precisa más tiempo. Y la burocracia que ha impuesto la UE lo ha hecho incluso más complicado. Van bien iniciativas como el kit digital o los techos solares. Pero tienen más dificultades la rehabilitación verde de edificios, las electrolineras o la instalación de parques renovables, en parte por la resistencia de los municipios a tenerlos en sus terrenos.

Por otra parte, los proyectos estratégicos financiados con fondos europeos, bautizados como PERTE, tampoco están despegando con la fuerza que se esperaba. El del coche eléctrico, la apuesta para mantener a esta industria en el país, fue el primero. Tenía que ser un ejemplo. Sin embargo, ha recibido críticas de Volkswagen, la empresa que prometía la mayor inversión, con cerca de 7000 millones de su bolsillo. De momento se ha adjudicado poco: solo 800 de los 2.900 millones comprometidos. Se espera que la semana que viene el fabricante alemán reafirme su compromiso con el proyecto. Pero pone de manifiesto las dificultades que tienen grandes iniciativas, como la fabricación de chips, debido a los límites que pone la UE a conceder ayudas de Estado a las empresas.