La patronal constructora denuncia que 1.455 obras públicas han quedado desiertas por el desajuste de precios

Solo un día después de unos presupuestos con récord de inversión en infraestructuras, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha echado un jarro de agua fría sobre la realidad del sector. La patronal constructora estima que al menos 1.455 obras públicas han quedado desiertas entre enero y septiembre de este año. El motivo, alega la organización, es la falta de adaptación de muchos pliegos a los desorbitados costes que afrontan las empresas constructoras y las limitaciones del sistema de revisión de precios que habilitó el Gobierno. En conjunto, las licitaciones a las que no ha concurrido ninguna empresa representan 652,8 millones de euros. En el conjunto del año, la CNC estima que puede acabar representando en torno al 10% del total presupuestado para obra pública (las cuentas del año pasado recogían unos 11.000 millones en partidas de infraestructuras), lo que compromete la ejecución de los fondos de recuperación europeos.

“El sector se preocupa cuando ve obras desiertas”, ha resumido Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, al presentar los resultados de su estudio este viernes en Madrid. Los datos se han obtenido a través de las diferentes organizaciones territoriales que se integran en la patronal y afectan a trabajos de todos los niveles de la Administración, desde organismos centrales hasta entes locales. Pero la media que resulta de dividir el volumen económico total por el número de obras, lo que arroja un resultado de menos de 450.000 euros por contrato, hace suponer al dirigente patronal que “sobre todo la pequeña y la mediana empresa son las que más están sufriendo”.

Por volumen de inversión previsto, 1.192 de las licitaciones desiertas tenían un presupuesto de menos de medio millón de euros. Otras 142 obras superaron ese presupuesto sin llegar al millón y, finalmente, 121 trabajos superaban el millón. Territorialmente, se distribuyen entre todas las comunidades. Castilla-La Mancha, con 211 obras por valor de 95,3 millones, es la que muestra una mayor afectación. Le siguen, por volumen económico, Cataluña y Andalucía. Las que menos son La Rioja (seis obras y 3,1 millones) y Navarra (11 obras y apenas 1,5 millones). En Cantabria no se han recogido datos.

El sector de la construcción afronta dificultades de costes desde el rebote económico que siguió a los meses de mayor paralización de la actividad por la pandemia. Los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y la carestía de materias primas disparó los precios de algunos materiales y dificultó la planificación de las obras. Luego la guerra de Ucrania complicó aún más la situación. En conjunto (contemplando la subida de materiales y otros factores como el coste eléctrico o la mano de obra), la CNC calcula que los trabajos se han encarecido de media un 33%.

Ante la volatilidad de precios, el Gobierno ha puesto en marcha tres decretos que permiten actualizar los precios de obra para que las empresas que las han puesto en marcha no se vean obligadas a trabajar a pérdidas. El mecanismo contó en su día con la aquiescencia de la patronal —”creíamos que iba a funcionar de manera fluida”, ha reconocido este viernes Fernández Alén— pero esta lleva meses denunciando que es insuficiente. Por un lado, porque tiene restricciones temporales y por otro porque solo se aplica sobre algunos materiales. “Alrededor del 95% de las obras no pueden acogerse a la revisión”, ha dicho el presidente de la CNC, “lo que está claro es que el precio no se ajusta al mercado”.

El problema es doble. Por un lado, la patronal exige que se habilite un mecanismo de revisión más amplio y critica que la Administración General del Estado amenazara a algunas comunidades autónomas que articularon sus propios sistemas con llevarlas ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Por otro, muchas convocatorias se hacen sobre precios desfasados. Como ejemplo, la patronal ha puesto el caso de una obra en Asturias que tras quedar desierta en una primera licitación por 37 millones se acabó adjudicando por 65 millones al actualizar los pliegos y volver a sacar el concurso.

Fernández Alén ha destacado que “el Ministerio de Transportes [el antiguo Fomento] es consciente” del problema y que hay “buena interlocución”, pero que esa situación no se aplica “a la globalidad del Gobierno”. La organización insiste en uno de los asuntos centrales de la legislatura: los fondos europeos de recuperación. España debía recibir 70.000 millones de ayudas (y la misma cantidad en préstamos) que se van liberando poco a poco y dependen en buena medida de actuaciones que pasan por el sector constructor. “Nos preocupa que todo tiene que estar ejecutado en junio de 2026″, ha asegurado el dirigente empresarial, quien también ha valorado el impulso a la inversión en las cuentas públicas de 2023. “No sé si se podrán cumplir”, ha asegurado al recordar que las partidas para rehabilitación de edificios, según sus cálculos, podrían crear casi 190.000 nuevos empleos. “Eso sería en una situación ideal en que los fondos europeos se puedan ejecutar y las licitaciones no queden desiertas”, ha añadido.