Los constructores denuncian que el 90% de obra pública queda excluida de las compensaciones por la inflación

Los cuellos de botella de la salida de la pandemia y la guerra de Ucrania han formado una tormenta perfecta en torno a la construcción. El resumen es sencillo: hacer una obra es mucho más caro que antes. Según calcula la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), los costes han subido un 33,2% en un año. Pero en algunos materiales o factores productivos se dispara mucho más. El aluminio, por ejemplo, ha subido un 55% y el precio de la energía, un 84%, de acuerdo con datos oficiales. En la mayoría de casos, ha denunciado este martes la patronal del sector, los contratistas de la Administración no tienen más remedio que asumir esas pérdidas. Pese a que el Gobierno ha aprobado dos decretos en lo que va de año para impedir esa situación (y evitar que haya trabajos que se queden a medias o concursos desiertos), los empresarios se quejan de que este se está interpretando de una manera tan restrictiva que deja fuera a entre el 90% y el 95% de las obras.

El principal problema, lamenta la CNC, es una modificación que el segundo decreto (de 29 de marzo de 2022) hizo del anterior (del día 1 del mismo mes). Al establecer las condiciones para que las empresas se acogieran a la revisión de precios, en el cálculo del encarecimiento de materiales se introdujo la idea de que el periodo “no podrá ser inferior a un ejercicio anual ni superior a dos ejercicios anuales”. La patronal interpreta eso en el sentido de que permite hacer ese cálculo para 2021 o 2022 (los ejercicios anuales aludidos), pero se queja de que algunas Administraciones lo han interpretado como que la obra no puede tener una duración inferior a 12 meses. Solo esto ya deja fuera alrededor de un 80% de los contratos de obra pública que se firman en España.

La patronal lamenta, además, que Hacienda haya avalado esa manera de calcularlo y por eso pide la elaboración de un nuevo decreto. Este debería subsanar otras restricciones que han detectado en la normativa actual, como el hecho de que su adopción sea voluntaria (lo que se traduce en que algunos Ayuntamientos no la apliquen), que se exigiera tener obra en ejecución en el momento de aprobación del decreto (lo que deja fuera obras que se terminaron antes del 1 de marzo, incluso si estuvieron activas durante todo 2021) o que solo contemple en el cálculo tipos de materiales (siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre), sin tener en cuenta, por ejemplo, el encarecimiento de la electricidad. “La respuesta no ha funcionado”, ha resumido el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, en alusión a los dos decretos aprobados hasta ahora. “Hemos visto que en la práctica solo se puede aplicar en un número extraordinariamente reducido de obras”.

En ese pequeño grupo de trabajos que podrían acogerse a la revisión, los empresarios citan los de infraestructura ferroviaria (que en general supone un gran aporte de materiales) o algunos de carreteras. Esto, ha asegurado Fernández Alén, perjudica especialmente a empresas de menor tamaño, “que no se meten en contratos especialmente grandes o largos”. “Las obras se están ralentizando: lo saben perfectamente la Administración y las empresas”, ha incidido el patrono de los constructores, quien sostiene que la situación actual llevará a la “parálisis del sector y el cierre de empresas”.

Para evitarlo, la CNC propone un nuevo decreto que corrija los anteriores. En el mismo, piden que se rebaje el umbral de encarecimiento a partir del cual se puede pedir compensación del 5% al 2%, la ampliación a todas las obras con ejecución en 2021 y sin que los trabajos deban tener una duración mínima o la inclusión de más materiales en el cálculo, así como compensaciones por el encarecimiento de la energía. Entre las modificaciones que reclaman, también se encuentran la eliminación del tope de compensación (ahora no puede exceder un 20% del valor de contrato) o que la medida se amplíe también a contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras.