Frenazo en la construcción por el encarecimiento y carestía de los materiales

La construcción no las tiene todas consigo. Superado el susto de la huelga de los transportistas, ha vuelto a una realidad que ya había vivido. En ese dejà vu, los materiales crecen sin freno e impiden a las empresas hacer cálculos fiables sobre lo que les va a costar una obra. Una pesadilla para una industria donde los contratistas trabajan con plazos largos. Algunos están trabajando a pérdidas con la esperanza de que la situación cambie rápido, avisan en el sector, y los sindicatos ya ven incipientes ERTE, bolsas de horas u otras medidas con las que las compañías intentan cubrirse las espaldas si las cosas no se enderezan. Entre que un promotor comienza a vender unas viviendas y hasta que el edificio está acabado, pasan al menos 24 meses. Es el tiempo para obtener los últimos permisos, contratar a una constructora y levantar las casas. Demasiado riesgo en un mundo donde el acero o los ladrillos han duplicado su precio en menos de un año.

Después están las paralizaciones. Pero las obras paradas últimamente se asemejan a las meigas. Se habla de ellas, en el sector nadie admite haber visto una en concreto y parece que donde más constancia hay de su existencia es en Galicia. Una reciente encuesta del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de A Coruña ha detectado más de 40 obras detenidas en esa provincia. Pero se basa en respuestas anónimas de sus colegiados, que se dedican desde las infraestructuras públicas hasta trabajos de rehabilitaciones o reformas.

Roberto Medín, presidente de ese colegio, destaca que “el primer motivo es el encarecimiento de los materiales” (eso dijeron más del 35% de encuestados) y advierte que “una obra parada supone un problema grande después para reanudarla”. A Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco (la patronal de los promotores coruñeses), solo le constan problemas en algunos trabajos concretos. “Me han hablado de paros en algunos tajos, lo que no quiere decir que se hayan paralizado las obras”, afirma. Sí admite una ralentización de futuros proyectos: “Hay empresas que están esperando a que pare esta espiral alcista de los costes”.

Malabarismo

Felipe T., quien evita dar su apellido porque no quiere que se identifique a su empresa, es responsable de tres obras (una de ellas por empezar) en una de las constructoras con mayor actividad residencial. Su trabajo ahora mismo es como “hacer malabarismo para paliar la situación”. Una rutina de retrasos de materiales y subidas de precio que trata de combatir anticipando las compras y almacenando materiales. “Tratas con imaginación de ver las posibles modificaciones de obra que te permitan absorber las afecciones, pero hacerlo al 100% es imposible —describe—. Si no tienes acero u hormigón y estás con la estructura, no puedes hacer nada”.

El precio del acero corrugado ha crecido en el último año casi un 130%, según el índice Anifer (la patronal del sector de la ferralla). Y un informe sobre costes internacionales de construcción publicado esta semana por la consultora Altadis pone también el foco sobre los ladrillos o el cemento. En ambos casos, la energía empleada en su fabricación supone una cuarta parte de los costes totales, por lo que sus autores vaticinan “otro año de incertidumbre en los precios”. La Confederación Nacional de la Construcción calculó que en 2021 los costes de construcción ya aumentaron en España un 22%, lo que no impidió acabar más de 90.000 viviendas, la cifra más alta desde 2012. El presidente de esa patronal, Pedro Fernández Alén, cuenta que están esperando a que baje la volatilidad antes de hacer otro estudio. “Los presupuestos [de los proveedores] duran días y la energía en muchos casos ya supone un 30% de los costes en algunas obras”, justifica.

En ese contexto, Fernández Alén sostiene que “hay promotores que se plantean devolver la fianza a los compradores porque les sale más rentable que edificar”, mientras muchos constructores trabajan perdiendo dinero. “Que un constructor pare una obra ya avanzada no es fácil”, confirma Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac).

Él mismo apunta una posible solución, aunque no siempre es posible: “Lo normal es que todas las partes afectadas negocien y cada uno reduzca una parte del margen de su operación para evitar que esta se rompa”, señala. Ambos representantes patronales recuerdan que la construcción es responsable de 1,3 millones de empleos en España, además de ser un sector tractor de otras industrias como las del mueble o los electrodomésticos.

Medidas laborales

¿Qué pasaría si la construcción colapsara? El fantasma de la Gran Recesión todavía planea en el imaginario colectivo español, aunque de momento las empresas parecen tener más presente la lección de otra crisis más cercana: la de la pandemia. Enrique R. forma parte del comité de empresa de una gran constructora que hace dos semanas movió ficha. “Viendo la situación, nos reunieron para tomar medidas de flexibilización horaria como ya se había hecho en época de covid”, relata. Acordaron que cada empleado puede, en los dos próximos meses y manteniendo el sueldo, ser enviado a su casa hasta 80 horas. Luego debería devolverlas en los cuatro meses siguientes. “La idea es crear esta bolsa de horas para evitar llegar a un ERTE o incluso a un ERE”, afirma Enrique, quien dice que el comité acogió bien la idea de la empresa y moduló algunas propuestas, como limitar las horas extra que la compañía puede exigir en una misma jornada.

De momento esa bolsa no se ha utilizado, como tampoco el ERTE que planteó la constructora donde trabaja Beatriz Morueco. “Lo quieren por si lo tienen que ejecutar, pero que yo sepa no han metido a nadie”, aclara esta administrativa. La medida estará vigente siete meses y tiene potencial para afectar al 100% de la plantilla. “Si tienen que cerrar obras, irán ejecutándolo”, aclara Morueco. Ambos representantes sindicales coinciden en que hay preocupación en las plantillas y las preguntas de sus compañeros son continuas.

Nadie escapa últimamente al quebradero de cabeza de la construcción. Ni los contratistas públicos, que lograron que el Gobierno aprobara un decreto en marzo, replicado por otras Administraciones, que permite adecuar los precios a las circunstancias (es decir, subirlos). Ni los privados, que piden más medidas para estabilizar los precios de la energía y se encomiendan al final del conflicto en Ucrania.

Jaume Ferrari es responsable de compras en Bongrup, una compañía mallorquina de distribución de materiales de fontanería que cuenta con 170 trabajadores. En su caso, se han encontrado un comportamiento de sus clientes que a priori parece atípico. “Todos quieren acabar cuanto antes las obras”, señala Ferrari. Es una manera, explica, de no acumular más retrasos, o incluso pérdidas. Así que Bongrup acaba de hacer entre enero y marzo la mayor facturación trimestral de sus 16 años de historia. ¿Hay al fin alguien satisfecho en esta tormenta perfecta? “Parece que la cosa no va con nosotros”, indica Ferrari, aunque pronto rebaja el optimismo: “La actividad no es lógica; hay un desequilibrio y hay que ver por dónde se romperá”.