Los efectos que la entrada en vigor de la llamada ley del solo sí es sí ha tenido en algunos tribunales con las rebajas de condenas por delitos sexuales ha provocado preocupación, inquietud y hasta alarma en la mayoría de los partidos del Congreso, pero esa unanimidad no se ha transformado en iniciativas parlamentarias concretas. El PP, Ciudadanos y varios socios habituales del Ejecutivo, como el PNV, Más País, ERC o EH Bildu, avanzan que estarían a favor de aprobar reformas legales con carácter urgente para paliar esa situación, pero no precisan cuáles. El PSOE insiste en pedir tiempo para que los tribunales establezcan un criterio jurídico. Unidas Podemos, la formación de la ministra Irene Montero, está en esa tesis, aunque avanza que estudiaría otras soluciones “reales” en caso de que se presentaran.

Los dos partidos con más representación en el Congreso, el PSOE y el PP, volvieron a emplearse a fondo el viernes en descalificar a los líderes de la formación rival como máximos responsables de esta nueva crisis, pero ninguno aportó alternativas concretas y viables. Ministras y dirigentes socialistas, como Isabel Rodríguez o Isaura Leal, insistieron en la idea de que ahora “es el momento y el tiempo” de que la Fiscalía, los tribunales, y en particular el Tribunal Supremo, aporten conclusiones y doctrina en los próximos días. Y apuntaron sus diatribas contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusaron de aprovechar el escándalo levantado “y el dolor de las mujeres” para socavar y “vaciar de contenido” las leyes que refuerzan los derechos de igualdad y la lucha contra la violencia machista. Los populares responsabilizaron de todo a la “soberbia e incompetencia” del presidente Pedro Sánchez por mantener en su puesto a la ministra de Igualdad y principal impulsora de la norma, Irene Montero.

El PSOE no facilitó ninguna opción parlamentaria o legislativa para reparar los problemas jurídicos hallados en la nueva ley, aunque Isaura Leal, secretaria general del grupo en el Congreso, aceptó que si en el futuro se extraen conclusiones en esa línea podrían “actuar en consecuencia”, para aseverar que ahora no es ese momento y no les gusta trabajar sobre “hipótesis o futuribles”.

Un planteamiento igual de precavido fue el que señaló el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que también destacó que su formación prefiere esperar a que se pronuncien los tribunales. Y recalcó en defensa de la ministra: “El Ministerio de Igualdad ha dicho lo mismo que el presidente: hay que esperar a que los operadores jurídicos unifiquen doctrina. Y, al mismo tiempo, cuando hay una Audiencia Provincial como la de La Rioja, que aplicando la disposición quinta del Código Penal tumba 54 rebajas de pena a la vez, es evidente que hay otros jueces que están interpretando una ley con un sesgo (ideológico) del que la ONU ya nos ha alertado”.

Unidas Podemos, sin embargo, acepta que podría llegar a estudiar “alguna idea legislativa que pudiera funcionar, si es algo real y no meras habladurías”, pero fuentes de su dirección en el Congreso matizan que siempre que no se centren, según sus expertos jurídicos, en intentar incluir en la norma la llamada disposición transitoria segunda, que en teoría tendría que haber limitado en algunos casos los beneficios para los castigos penales. Esas fuentes indican que meter ahora esa disposición “ya no serviría, ni tampoco en su momento, porque solo se podría contemplar para cuando se tratase de penas para un mismo delito y ahora el de abuso ha cambiado porque ya no existe”. Unidas Podemos tampoco observa qué tipo de proposición podría articularse en el Congreso para actuar de inmediato.

Representantes del PNV, ERC, EH Bildu o Más País, partidos que votan normalmente con el Gobierno de coalición, han apuntado estos días que estarían a favor de “mejorar” el contenido de la norma si se llega a esa conclusión, pero no adelantan en qué sentido. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, volvió a insistir el viernes en que el Congreso y el poder legislativo tendrían que “modificar” y aplicar “retoques” a la ley, que apenas lleva un mes en vigor, “si al final no es suficiente con el criterio del Supremo”, y aventuró que aguardar hasta que llegue esa doctrina inequívoca “puede que sí” o “puede que no” sea suficiente.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, matizó de entrada, como otros aliados del Ejecutivo, que no quería “añadir más ruido” al debate, pero sí apuntó a que ahora “el Gobierno debe decidir cuál es el plan más fácil” para solucionar esta situación. Y fue ahí cuando avanzó que su partido estará tanto por aguardar a que se aclare la doctrina jurídica como para poner en marcha alguna reforma legal. Una postura de apoyo al Ejecutivo para “mejorar” el texto normativo que también adelantó esta semana un diputado de EH Bildu, Óskar Matute. Esta formación precisó más tarde que es al Gobierno al que corresponde valorar esa posibilidad: “Si lo hacen y deciden que hace falta modificar la ley con alguna reforma legislativa, nos tendrán dispuestos a ayudar, les acompañaremos, pero nosotros no vamos a impulsar ni a plantear ninguna reforma jurídica”.

El PP no aclara su alternativa legislativa

El PP, que sí ha registrado ya una proposición no de ley para exigir el cese de la ministra Montero y que se aborden cambios en la norma, no aclaró el viernes cuál sería su alternativa. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, solo subrayó que están trabajando en su proposición, sin más datos, con la idea de que “nadie [ningún delincuente] se vea favorecido o tenga una pena inferior a la que había hasta ahora para estos delitos en el Código Penal”. La formación conservadora exige que sea el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Justicia, el que tramite un proyecto de ley de reforma del Código Penal y no por la vía de enmiendas, que consideran “un parche y un remedo” del que abusa demasiado el Ejecutivo y que luego puede provocar estos agujeros legales “recurribles y ganables” ante instancias jurídicas superiores.

Ciudadanos también ve “urgente” por parte del Ejecutivo “corregir el error”, no negar la realidad y frenar la campaña de ataque a los jueces desde el departamento de Igualdad, y proponen acelerar la solución como se hizo esta semana a toda prisa con “el impuesto ideológico a la banca o la reforma de la sedición, con maniobras parlamentarias”.