El Gobierno negocia un cheque para cuatro millones de beneficiarios vulnerables ante el golpe de la inflación

El Gobierno discute internamente varias medidas para aprobar el sábado un decreto contra la inflación mucho más potente que el anterior, que termina el 30 de junio. Como medida estrella de esta nueva norma anticrisis, el Ejecutivo negocia un cheque para compensar por la inflación a unos cuatro millones de beneficiarios, sobre los que todavía está por definir si serían unidades familiares o personas. Según las estadísticas del INE, por debajo de entre 12.000 y 14.000 euros de renta familiar anual hay alrededor de cuatro millones de hogares. El objetivo sería llegar a esa clase media-baja que sufre el encarecimiento de la alimentación, no está entre los que reciben prestaciones asistenciales y tampoco llega a beneficiarse de las ayudas fiscales al no hacer la declaración del IRPF.

La cantidad del cheque podría estar en el entorno de los 300 euros que ya había defendido Unidas Podemos, aunque la cifra final todavía puede variar en función de unas negociaciones que mantienen los equipos económicos del Gobierno y del socio minoritario de la coalición. Estas empezaron a última hora del martes y continuarán este jueves y el viernes. Si fueran al final los 300 euros por hogar, el coste de la medida supondría unos 1.200 millones de euros. Está aún por decidir si será Hacienda o la Seguridad Social quien lo gestione. Unidas Podemos prefiere que sea la primera por su mayor eficacia. En todo caso, las medidas se siguen discutiendo y será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tenga la última palabra antes del Consejo de Ministros extraordinario del sábado.

Según confirman diversas fuentes gubernamentales, esta sería una de las iniciativas que se incluirían en el paquete del próximo sábado, además de la bajada del IVA de la luz hasta el 5% que ha anunciado este miércoles el presidente, y otras cuestiones relevantes que están todavía en plena discusión. La medida de los 300 euros fue una reclamación de Unidas Podemos ya en el anterior decreto, y ahora la ha reactivado. Entonces el sector socialista la descartó: argumentaban que España ya había ayudado a ese sector con el Ingreso Mínimo Vital, que se reforzó en el decreto. Sin embargo, ahora sí que está dispuesto a llevarla adelante. El motivo es el agravamiento de la crisis por la persistencia de la inflación, y también para poder ampliar la ayuda a trabajadores que tienen rentas bajas pero no tanto como para cobrar el ingreso mínimo vital.

La medida se toma después de un gran varapalo político en las elecciones andaluzas que ha hecho que el Gobierno haya decidido pisar el acelerador y aumentar la profundidad del paquete ya para este verano. Otros países como Italia y Francia también han apostado por cheques a las rentas bajas para compensar la inflación. En Francia fueron 100 euros para los que ganan menos de 2.000 al mes —los salarios son más altos que los españoles—, y en Italia 200 euros para rentas inferiores a 35.000 euros anuales.

Más allá de la situación política tras las andaluzas, que le obliga a tomar la iniciativa para recuperar el pulso, el diagnóstico del Gobierno sobre la economía es claro: la inflación está tomando tal fuerza que es muy difícil intentar atajarla de raíz aplicando cirugía en sectores como la energía, donde se ha aprobado un tope al gas que ya está logrando bajar el precio de la electricidad, pero aún de forma moderada. Un análisis detallado de las tripas del IPC arroja que cerca del 70% de la cesta de la compra lleva seis meses acelerando los precios. Y la mitad de la subida del IPC se corresponde ya con bienes y servicios no energéticos. Por eso no basta ya con medidas que hagan descender la inflación. Hace falta un paquete más contundente para atacar las consecuencias en las rentas de las familias.

Hay bastante consenso en el Ejecutivo en estos y otros asuntos encima de la mesa, como la prórroga o incluso el aumento de ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas. Se trata de unos mínimos sobre los que se están puliendo los detalles con la atenta mirada de Hacienda, inquieta por el posible descontrol del déficit. En principio se volverán a prorrogar igual los 20 céntimos de descuento para los combustibles, cuya subida en estos tres meses casi ha devorado la ayuda. Unidas Podemos quiere que se hagan diferencias en función de la renta, pero Hacienda lo descarta por su complejidad. Además, el Ejecutivo también está estudiando otra medida estrella en sentido contrario a la ayuda a la gasolina, que es una reducción significativa del coste del abono de transporte. El Ejecutivo financiaría una parte de esta bajada y las comunidades y ayuntamientos otra, algo que puede traer problemas políticos. Además, se prorrogaría el límite del 2% a las actualizaciones de los alquileres.

Impuestos a las eléctricas

Pero donde sí está la discusión de fondo es en la subida de los impuestos a las eléctricas, que reclama buena parte de los aliados del Gobierno y promueve Unidas Podemos. La Moncloa admite que la situación de beneficios extraordinarios y reparto de dividendos récord mientras los ciudadanos sufren para pagar la luz, el gas y el combustible es insostenible políticamente. Sin embargo, Hacienda prefiere que este impuesto se aplique a partir de 2023, para hacer las cosas de forma prudente y evitar conflictos con Bruselas y posibles demandas judiciales. Querría ver el encaje jurídico y que su aprobación vaya en paralelo con los Presupuestos. Algunos países como Italia, Grecia o el Reino Unido ya han promovido impuestos extraordinarios a las energéticas. Unidas Podemos exige hacerlo ya, en este decreto o en una ley específica por vía de urgencia. De momento, no hay acuerdo.

El sector socialista rechaza una subida del tipo en unos diez puntos, como pide Podemos. Según explican fuentes gubernamentales, un incremento del tipo no conseguiría mucho porque hay mecanismos como las bases imponibles negativas que neutralizarían esta subida. En su lugar, el Ejecutivo está estudiando un recargo sobre el beneficio extraordinario similar al de Italia y Reino Unido, donde se lleva a cabo una media de periodos anteriores y se impone un gravamen sobre la diferencia. Por ejemplo, en Italia, donde el Gobierno de Mario Draghi empezó en un 10% de recargo y ahora ha anunciado que lo subirá al 25%, se calcula utilizando las liquidaciones del IVA y se aplica a eléctricas, gasistas y petroleras. Cuando la aprobó, Italia esperaba ingresar con el gravamen unos 4.000 millones de euros. Una posibilidad para agilizar el cobro es que este recargo se introduzca a través de los pagos fraccionados con los que las empresas adelantan su contribución por sociedades.

El Gobierno tiene en marcha un conjunto de medidas para intentar abaratar la factura de la luz, con la rebaja de impuestos y el tope al gas en el mercado eléctrico. Aquí entraría el recorte adicional del IVA de la luz al 5% anunciado por Sánchez. El Gobierno ya lo había bajado al 10% el verano del año pasado desde el 21% al que subió el tipo general el Gobierno del PP durante la crisis del euro. España sigue así la estela de Polonia, que también bajó el tipo al 5% sin pedir permiso a la UE. Esta era una de las principales reclamaciones del PP en el anterior decreto. De esta forma, con el paquete completo y algunas medidas más que se puedan incorporar estos días, el Ejecutivo pretende aliviar el bolsillo de los ciudadanos acosados por la inflación y cambiar la agenda política en una semana especialmente difícil. Es posible que sea el propio presidente el que comparezca el sábado para anunciar un paquete en el que todo el Ejecutivo se está volcando como gran medida estrella frente a la crisis.