El líder del PP aplaza el viaje al centro

Pablo Casado convocó la convención nacional del PP para tratar de determinar, al menos durante una semana, de qué se hablaba cuando se hablaba de su partido y para ganar protagonismo desde la oposición mostrando el embrión de un programa de gobierno. Pero el cónclave nunca estuvo del todo en sus manos. Comenzó en EE UU, compitiendo con la gira americana y el titular de la ausencia de Isabel Díaz Ayuso, y algunos de los invitados, a los que se había encomendado para que lo señalaran como futuro presidente, desviaron el foco con polémicas declaraciones.

El cónclave ha evidenciado la tensión ideológica del PP, que trata de soplar y sorber a la vez: recuperar a los votantes de Vox y atraer a los que un día catapultaron a Ciudadanos. En la inauguración, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, defendió el europeísmo y lanzó una advertencia, casi un ruego: “No debemos caer en las trampas de los postulados nostálgicos, algo que nunca hemos sido. No hemos sido xenófobos, insolidarios, reaccionarios... Eso se lo dejamos a otros partidos”. Al cierre del cónclave, sin embargo, algunos de los ponentes elegidos y el tono duro de Casado, que llegó a comparar a EH Bildu con los yihadistas —”¿Alguien entendería que Sarkozy hubiera pactado con los terroristas del Bataclan?”— acercaron al partido a los postulados de su competencia por la derecha. Esta es la foto del recorrido del PP, y de dónde se sitúa ahora en asuntos clave.

De corrupción no se habla

Para tratar de zafarse de los escándalos, Casado anunció la convención de esta semana ya el pasado febrero, al mismo tiempo que comunicó que el PP abandonaría la sede central de Génova. Dijo: “No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales”, por haber sido pagada, presuntamente, con dinero negro. “Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle”, añadió, en alusión a escándalos como Gürtel, Púnica, Lezo y Kitchen. Aún no se han mudado, pero el líder del PP ha cumplido a rajatabla la segunda parte del anuncio.

Ninguna de las 33 charlas de la convención abordó la corrupción y regeneración democrática, capítulo imprescindible en los programas electorales desde que la acumulación de procesos judiciales generase un profundo desapego hacia la clase política, percibida como problema en los barómetros del CIS.

El cónclave no trató el asunto, pero la corrupción estuvo presente. El PP invitó a Nicolas Sarkozy, condenado en marzo a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Fuentes de la dirección explican que, cuando le convocaron, aún no se había dictado esa sentencia, pero cuando se produjo no anularon la invitación y el miércoles lo recibieron con una larga ovación en pie. Casado lo presentó como un “ejemplo de gestión” apenas unas horas antes de que el expresidente francés fuera condenado de nuevo, en este caso, por financiación ilegal de su campaña electoral.

También está prevista la asistencia este domingo, al cierre de la convención, del expresidente valenciano Francisco Camps, quien llamaba a uno de los cabecillas de Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes (25 años en condenas), “amiguito del alma”. Camps tiene todavía una causa pendiente con la justicia. Hasta ahora ha salido indemne de los casos de corrupción que afectaron a su Ejecutivo y por el que han sido condenados más de una decena de altos cargos que él nombró.

“Somos feministas, pero...”

El PP ha pasado por distintas fases al abordar el feminismo, buen termómetro para medir el grado de influencia de Vox en su discurso, y sigue lanzando mensajes contradictorios. Varios dirigentes han rechazado el concepto —Ayuso: “Para ser mejor mujer no tengo que ser feminista”; Casado: “Para mí el colectivismo no es bueno”— y el propio líder del PP comparó en las primarias el género y la edad para rechazar que el hecho de que una mujer llegara a la presidencia del Gobierno fuera un avance social. Los populares se han autoexcluido un año de las manifestaciones del 8-M y han participado al siguiente. Y hace unas semanas se abstuvieron en una votación del Parlamento Europeo para incluir la violencia de género en la lista de delitos comunitarios —Vox votó en contra—. Pero en su propósito de “ensanchar” el partido, el PP dedicó al feminismo una de las charlas de la convención.

“Creemos en el feminismo, pero en un feminismo liberal”, matizó Belén Hoyo, presidenta del comité electoral del PP y moderadora de la charla. “Un feminismo abierto, a diferencia del feminismo de la izquierda, que criminaliza de manera permanente al hombre”, añadió, invocando uno de los argumentos de Vox para oponerse a todo lo que tiene que ver con lo que llama “ideología de género”. Susana Camarero, ex secretaria de Estado de Igualdad, habló de la importancia de “educar en igualdad sin manipulación, que es a lo que se dedican cuando gobierna la izquierda”. La guerra contra lo que califican de “adoctrinamiento” es otra de las banderas del partido de Santiago Abascal.

De los 97 ponentes del cónclave, solo 25 eran mujeres. Se lo afeó, en plena charla, una de las participantes, Paula Gómez de la Bárcena, directora de Inspiring Girls: “Tengo que decir algo porque si no, reviento. En esta convención hay menos representantes femeninas que en cualquier consejo de administración del Ibex. ¡Búsquenlas, por Dios!”. También pidió más presencia de mujeres Elena Candía, presidenta del partido en Lugo, al cierre de la convención del sábado.

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Paula Gómez de la Bárcena afea al PP la falta de mujeres en la convención nacional

El PP rechaza las cuotas —”Son discriminatorias”, dijo Ayuso—. Ya admite que la igualdad “es legal, pero no efectiva”, que hay “brecha salarial” y que “queda mucho por hacer” en materia de conciliación.

Justicia: “No vamos a movernos”

El PP encargó a Enrique López la charla sobre “independencia judicial”. Durante su intervención dijo: “Puedo garantizar que los jueces españoles son, somos, hasta que yo lo fui, rabiosamente independientes”. Y a continuación culpó al Gobierno surgido de “una moción de Estado” [en alusión a la moción de censura previa a dos derrotas electorales del PP] de la “crisis de percepción de falta de independencia del poder judicial”. Antes de ser el secretario del área del partido y consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno madrileño, López tuvo que ser apartado por sus compañeros de la Audiencia Nacional —él rechazó hacerlo — del caso Gürtel y del caso Bárcenas por sus vínculos con la formación política. También pasó un año en el Tribunal Constitucional hasta que dimitió después de que le cazaran conduciendo su moto borracho y sin casco, y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) gracias al sistema de elección que ahora repudia el PP.

El acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ llegó a estar casi hecho en noviembre de 2018. Lo truncó la revelación de unos wasaps en los que el entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactaba de “controlar por detrás la sala segunda” del Supremo. El magistrado Manuel Marchena, el nombre en el que ambos partidos se habían puesto de acuerdo, renunció a presidir el órgano de gobierno de los jueces tras el escándalo de los mensajes del portavoz popular.

Casado insistió en la convención en que no se sentará a negociar con el PSOE la renovación del CGPJ si no se cambia la ley. “Nosotros decimos claramente que no vamos a movernos de la posición que decía la Constitución, que pide Europa y que exigen los jueces”. Se refería al cambio del método de elección que exige ahora pese a que el PP no lo impulsó cuando ocupó el Gobierno y tenía los votos necesarios. La Constitución no dice nada sobre el método que propone el líder popular. Sí establece que el mandato del CGPJ es de cinco años —se superaron a final de 2018— y que de sus 20 miembros, 12 se elegirán “entre jueces y magistrados en los términos que establezca la ley orgánica”.

El desafío independentista y un fundador de Vox para hablar del Estado autonómico

La dirección nacional insiste en que su intención es abrir el partido, ensancharlo a derecha y a izquierda, conquistando incluso a socialistas desencantados, pero el elenco de invitados a la convención no apuntaba en esa dirección. Por ejemplo, el expopular Alejo Vidal-Quadras, que se fue a Vox en 2014 tras llamar “pusilánimes” a sus compañeros de filas —”Las políticas que hace el PP son socialdemócratas”, dijo— dedicó la charla que le habían encomendado sobre “nación y sociedad abierta” a criticar el Estado de las autonomías, es decir, la Constitución, y a despacharse sobre una de las banderas antisistema de Santiago Abascal.

“Cuando escucho a destacados dirigentes de este partido afirmar que el Estado de las autonomías es una historia de éxito cuesta sobreponerse al estupor que produce semejante ceguera”, dijo Vidal-Quadras. Edurne Uriarte, secretaria ejecutiva nacional de Estudios y Programas del PP, trató de reconducir: “Hay que separar el problema nacionalista del Estado autonómico. Un Estado tan descentralizado como el alemán no tiene un problema nacionalista”.

El espíritu recentralizador salpicaba las 102 páginas del programa electoral de Casado para las generales de abril de 2019. Proponía “reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades”, paralizar la cesión de nuevas competencias y abrir cauces para que las comunidades pudieran devolver algunas de ellas al Gobierno. Varios barones del partido mostraron entonces su malestar. Casado obtuvo con aquel programa 66 diputados, el peor resultado de la historia del PP.

Uriarte también criticó la “escandalosa” mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat. “¿Cómo es posible que no haya una grandísima contestación social?”, se preguntó. El PP es la octava fuerza política en Cataluña. Dirigentes regionales consultados por EL PAÍS advierten de que el discurso centralizador, “madrileño”, de Génova no funciona en los territorios y recuerdan la dificultad de conquistar La Moncloa siendo un partido residual en una de las comunidades que más escaños aporta. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, admitió en la convención que, ante “semejante panorama”, un “observador externo” se preguntaría qué “impulso masoquista” les había llevado a afiliarse al PP catalán. “Pero vamos a seguir defendiendo España y la libertad hasta que se congele el infierno”, prometió.

Economía, fiscalidad y Medio Ambiente

El PP ya no tiene primos que cuestionan el cambio climático y en este asunto, como con el europeísmo, se distancia claramente de Vox, pero en los últimos años, dirigiéndose a ese votante, han criticado el “ecologismo prefabricado” (Ayuso) para no perderlos del todo. La exministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina fue contundente en la convención: “El modelo pasado está superado. No podemos crecer emitiendo, calentando el planeta porque las consecuencias son devastadoras, también desde el punto de vista económico. Nada más errado que contraponer crecimiento y Medio Ambiente. Quien entienda que es posible verá que la ola le pasa por encima”. A continuación, Juan Costa, exministro de Ciencia, aseguró que el Medio Ambiente era la excusa de la izquierda “para subir impuestos”. Daniel Lacalle, secretario de Economía del PP, cerró la charla diciendo: “Tenemos que abandonar el alarmismo. Nunca apostéis contra el ingenio humano”.

Pensiones: ruptura del acuerdo

Mariano Rajoy y José María Aznar, que comparecieron en días diferentes, recomendaron a Casado que si llega al Gobierno retome la reforma de 2013. Los populares, aliados con Vox, tratan de frenar en el Congreso el proyecto de ley para garantizar la actualización automática de las pensiones según el IPC. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, argumentó que el proyecto responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo suscritas por el PP y fue pactado en junio con los agentes sociales.

Educación. Oposición frontal a la ‘ley Celáa’ y un reproche de la ONCE

Para el PP la ley de educación del Gobierno es “perversa” y “convertirá la escuela pública en un erial al que solo acudirán quienes no puedan permitirse pagar otro tipo de educación”, en palabras de Sandra Moneo. Durante la mesa redonda sobre Educación y Familia, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, afeó al PP que se opusiese esta semana, como Vox, a que el término “disminuidos” sea sustituido en la Constitución por el de “personas con discapacidad”.

Memoria histórica y revisionismo

El pasado julio el Gobierno llevó al Consejo de Ministros la ley de memoria democrática y el PP, sin leerla, planteó su alternativa: la llamada “ley de concordia”. El encargado de su redacción, Adolfo Suárez Illana, al que su partido apartó de la primera línea de micrófonos tras varias polémicas, no ha revelado detalles del proyecto. En la convención se limitó a criticar el “revanchismo” de la norma vigente.

Durante el cónclave, Aznar aseguró: “La legitimidad de origen de las elecciones democráticas del 77 y con el rey Juan Carlos está hoy en cuestión por la ley de memoria democrática. Todas esas cosas tienen que ser inmediatamente suprimidas. Es una incitación al enfrentamiento y al revisionismo absurdo de la historia”. Pero ha sido el PP quien ha abrazado el revisionismo, como le aferon catedráticos de historia cuando, desde la tribuna del Congreso, su líder sugirió que la Guerra Civil no había empezado por un golpe de Estado. Casado, que al poco de llegar a la presidencia del partido se burló de “los carcas que están todo el día con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién”, llevó esta semana a Sarkozy y Durao Barroso a ver el Guernica de Picasso, pero en materia de memoria histórica sus planteamientos son prácticamente coincientes con los de Vox.