El PP plantea recentralizar el Estado en un programa con guiños al voto de Vox

“Españoles de Cataluña, catalanes de España. Qué bonito grito de guerra”. Así arrancó este lunes Pablo Casado en Barcelona uno de los discursos más duros que ha pronunciado desde que el 21 de julio ganó las primarias y ocupó la presidencia del PP. Antes de presentar su programa electoral, acusó al presidente del Gobierno de ser “el aliado de terroristas y golpistas”, “liquidar” la nación, y preferir “manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco”, en alusión a la protesta ciudadana contra el asesinato del catedrático Francisco Tomás y Valiente en 1996. "Pedro Sánchez es un peligro público, el presidente más radical en la historia democrática de España. Ha tenido la desfachatez de implorar los votos de los terroristas para aprobar unos reales decretos", declaró Casado unos minutos antes de insistir en que el PP es "el partido centrista y moderado".

El tono y las constantes alusiones a ETA —que se disolvió en mayo de 2018 y dejó las armas en 2011— recordaba al de su competencia, Santiago Abascal. También entre las medidas del programa del PP se aprecia el afán de Casado por taponar las fugas de su electorado al partido de extrema derecha. Así, mientras Vox plantea suprimir las comunidades autónomas, un espíritu recentralizador salpica las 102 páginas del programa popular, donde se propone “reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas”, ampliar los recursos de las Delegaciones del Gobierno, paralizar la cesión de nuevas competencias, abrir cauces para que las comunidades puedan devolver competencias al Gobierno y reformar la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “para garantizar la intervención en todo el territorio nacional de la Policía y la Guardia Civil”.

El PP, que durante su etapa en el Gobierno no derogó la ley de memoria histórica, lleva ahora a su programa la promesa de sustituirla por una “de concordia” acusando al PSOE de “falsear la historia” y “dividir a los españoles”. También asume el PP otras banderas de Vox. Propone “planes autonómicos en defensa de las tradiciones taurinas”, extender las licencias de caza, ampliar la Fiesta Nacional del 12 de octubre e “impulsar actividades en torno a ella en todos los centros escolares”.

El líder popular había revelado ya buena parte de las medidas del programa, que ha coordinado Andrea Levy, porque lleva meses en algo muy parecido a una campaña: desde julio ha recorrido 120.000 kilómetros y protagonizado varios actos a diario —"ni un domingo sin telediario", dicen en la cúpula—. Si llega a La Moncloa promoverá una ley para impedir que recojan su acta los cargos públicos que añadan "mítines, soflamas o ultrajes" en la promesa o jura del cargo, como utilizar la fórmula "por imperativo legal".

El programa recoge las medidas frente al desafío independentista en las que insiste desde las primarias: recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum, prohibir por ley los indultos a condenados por rebelión o sedición, aplicar el 155 en Cataluña "el tiempo que resulte necesario" y de forma extendida, o modificar la ley de partidos "para impedir que lleguen fondos públicos a todos aquellos que atenten contra la unidad de la nación". Tanto Casado, como su cabeza de lista por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, se refirieron a la Generalitat como una "dictadura blanca". El PP quiere endurecer las sanciones para las autoridades que no exhiban la bandera española en los edificios oficiales, las que retiren del salón de plenos el retrato del Rey o las que “adoctrinen” en la escuela.

Ni aborto ni corrupción

El documento no incluye la palabra aborto, como ya habían aclarado dirigentes populares después de que Casado generara confusión al afirmar que prefería la ley de 1985, de supuestos, a la vigente, de 2010 y de plazos. Los populares —a la espera de que se resuelva su recurso ante el Constitucional contra la ley de 2010— incluyen en su programa la creación de “oficinas municipales” de ayuda “para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar”. Y adaptar la escolarización de “jóvenes embarazadas”.

El término “corrupción” tampoco aparece en el programa del PP, desalojado de La Moncloa tras la moción de censura posterior a la sentencia del caso Gürtel. Los populares plantean restringir el uso del decreto-ley antes de las elecciones, y modificar la ley del Constitucional para que este pueda resolver los recursos —como el que acaban de plantear contra los decretos del Gobierno socialista— “en el plazo más breve posible”. El PP también propone “un mayor control de los préstamos a los partidos, regular el crowdfunding y agravar las consecuencias si el Tribunal de Cuentas no aprueba los balances presentados.

En economía, Casado plantea una amplia rebaja fiscal —bajar el tipo máximo del IRPF del 40% y de sociedades del 20%—, suprimir los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, extender los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y que la revalorización de las pensiones se haga teniendo en cuenta el IPC y “otros indicadores” que no especifica. Todo eso cumpliendo la senda de déficit y los compromisos del pacto de estabilidad de la zona euro. El PP no detalla cómo.

En materia de educación, el PP plantea recuperar la filosofía y eliminar las "zonas de escolarización" para que los padres elijan el colegio.