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Los barones del PP recelan del plan para recentralizar la educación

El Estado ya controla algunos de los elementos que pretende reforzar Casado

El líder del PP, Pablo Casado, justificó este miércoles  su propuesta de recentralizar la educación en la “deslealtad” de algunas autonomías para tratar de aplacar las críticas, internas y externas. “La competencia educativa es estatal y el PP la ejercerá sin complejos”, dijo. Los barones populares recelan de la pérdida de poder de gestión sobre la educación. El Estado ya controla algunos de los elementos que pretende reforzar Casado por una ley aprobada por el PP en 2013 en solitario.

 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante un almuerzo con militantes en San Fernando (Cádiz).
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante un almuerzo con militantes en San Fernando (Cádiz). EFE

Abrió la veda un veterano, Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León. “Yo soy un perro viejo. Llevo 27 años en la política autonómica y aunque me tenga que ir con cierta desazón no seré yo quien predique en mi partido político la recentralización de España. Modestamente, en Castilla y León, cuando nos evalúan por entidades externas, podemos justificar para qué quiere Castilla y León las competencias: para servir”, declaró el martes el dirigente popular marcando distancias con Casado.

El líder del PP trató de aclarar que se refería a las autonomías “desleales”, en la misma línea que el pasado septiembre, el vicesecretario de organización, Javier Maroto, habló de “las que se portan mal”, comparando la retirada de competencias a la retirada de la paga al hijo que desobedece. Casado insiste en que la Constitución establece que la Educación es estatal, las comunidades solo la administran y que es posible hacer una ley clara en materias troncales, con un mismo currículo, potenciando la alta inspección estatal para evitar el “adoctrinamiento” , o que una comunidad pueda decirle a los niños “en qué idioma tienen que hablar en el recreo”.

El Estado, según la ley vigente, aprobada por el PP en 2013 sin el apoyo de ningún otro grupo parlamentario, ya establece los contenidos, el horario mínimo y la evaluación de las materias obligatorias (troncales). Sobre las específicas, dictamina unos estándares de aprendizaje (lo que hay que saber al terminar el curso). Los gobiernos regionales fijan el temario, el horario y la evaluación de las asignaturas de libre configuración autonómica, diseñan el temario de las materias específicas (al hilo de os objetivos marcados por el Estado) y pueden completar el de las obligatorias. De facto, eso supone que el Estado controla el 55% de las horas impartidas en las comunidades con idioma cooficial y el 65% en el resto. Ya existe una alta inspección para detectar abusos.

Los populares no han redactado el texto de esa propuesta recentralizadora, que será una enmienda a la totalidad de la nueva ley educativa del PSOE, que tampoco ha sido presentada aún. Casado asegura que ya ha halado de su propuesta con los presidentes autonómicos del PP. Esa falta de concreción ha generado que haya voces, -también dentro del partido- a favor y en contra.

Herrera explicó que le parecían injustos los ataques al sistema autonómico. “Espero de mi partido que es el que me ha traído hasta aquí que lo valore y lo mantenga”. En Galicia, fuentes de la Xunta niegan que Casado proponga una recentralización de la Educación. “No hay ninguna novedad”, dicen. Abogan por mantener la transferencia añadiendo “mejoras”. “Los contenidos básicos, como hemos defendido siempre, deberían ser elaborados por una representación del conjunto de profesores de todas las comunidades para garantizar que la educación sea homogénea”, apunta el partido de Feijóo. “El PP sigue donde ha estado siempre: en la defensa de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, niega que Casado pretenda devolver las competencias en Educación al Estado. "Hay comunidades que incumplen la máxima de sacar la política de las aulas. Lo hemos visto en Cataluña y por desgracia en la Comunidad Valenciana donde el Gobierno de Ximo Puig permite que se incumplan las sentencias judiciales que han anulado un sistema lingüístico ilegal y contrario a la Constitución", asegura. "En lugar de acatar las sentencias, lo que hacen es incumplirlas  y crear una nueva ley. Como la inspección no actúa, debe hacerlo la estatal para evitar adoctrinamientos y eso no es recentralizar. Es dotar de instrumentos frente a la politización que pretenden los nacionalistas, separatistas y la izquierda cómplice. Si una comunidad incumple, el Estado tiene que tener instrumentos legales para obligarla, como pasó en Cataluña", añade.

El PP balear está de acuerdo con la gestión por parte del Estado de ciertos aspectos en materia de educación, aunque no de una recuperación global de la gestión educativa. El portavoz de la formación en las islas, Llorenç Galmés, alaba propuestas como la de crear un MIR para docentes de todo el Estado y promover un sistema nacional de evaluación de los centros educativos. Sostiene que la propuesta de Casado no pasa por una recuperación de las competencias educativas que tienen transferidas las autonomías. “Hablamos de unificar pruebas, libros de texto y currículums. Otra cosa es externalizar las competencias al Gobierno central”.

La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, muestra la disposición de Murcia de devolver esas competencias en lo que atañe a la "calidad educativa" y a la "inspección" para garantizar la "correcta evaluación" del sistema, para contar con un "programa básico" y unos libros de texto comunes El líder del PP andaluz y candidato a las próximas elecciones, Juan Manuel Moreno, niega que Casado abogue por una recentralización. “Él dijo que el Estado debe ejercer las competencias que ya tiene y ha hecho una dejación de funciones. Los 17 modelos educativos nos han llevado a un descontrol y hay un claro consenso".

El PP vasco ha decidido "no valorar de momento la propuesta de Casado hasta que se detalle por escrito". Su presidente en Euskadi, Alfonso Alonso, asegura que el anuncio es aún "embrionario".

Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que les parece “positivo” fortalecer el papel de la Alta Inspección del Estado, establecer una prueba de acceso a la universidad nacional (EVAU), un sistema de acceso a la docencia común para toda España (MIR Educativo) o garantizar que todos los alumnos puedan acceder a educación en Castellano.

Con información de Juan José Mateo, Sonia Vizoso, Maria Josep Serra, Mikel Ormazábal, Javier Martín-Arroyo, Lucía Bohórquez y Virginia Vadillo.

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