El Gobierno aprueba en el Senado la nueva senda de déficit

El Gobierno ha sacado adelante en el Senado, con más margen del que preveía, la senda de déficit y deuda pública para el período 2020-2023 y el techo de gasto para este año y el próximo. Un paso previo imprescindible hacia el gran objetivo del PSOE y Unidas Podemos: unos Presupuestos para este ejercicio, a ser posible antes del parón de agosto si no lo impide la convocatoria de elecciones en Cataluña, todavía sin fecha. Como ya sucedió la semana pasada en el Congreso, los socialistas se han fajado los últimos días a fondo, en negociaciones a múltiples bandas en una cámara con 20 partidos, para asegurar la votación, que era vital para la supervivencia del Ejecutivo. De nuevo con toda la atención en ERC, que se abstuvo como ya hizo en el Parlamento. El pulso por la hegemonía en el electorado independentista se ha revivido en la Cámara Alta, donde Junts per Catalunya ha votado en contra, desmarcándose una vez más de su socio minoritario en la Generalitat. “Somos los del diálogo pero no somos los de la rendición ni los de la renuncia”, ha afirmado Josep Lluís Cleries, marcando distancias con ERC. Al final, sin el suspense que tanto temían en La Moncloa, la hoja de ruta económica del Gobierno ha contado con 133 votos a favor (PSOE, PNV, Teruel Existe, Catalunya En Comú Podem, Adelante Andalucía, Más Madrid, Coalición Canaria, Partido Aragonés, PRC, Agrupación Socialista Gomera, Geroa Bai y Més per Mallorca), 109 en contra (PP, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Vox y UPN) y 14 abstenciones (ERC y EH Bildu). El senador Compromís se ausentó por motivos personales.

El Senado tenía capacidad de veto, por lo que si el Gobierno hubiera fracasado en la tortuosa senda hacia unas cuentas públicas, tras dos prórrogas presupuestarias, se habría quebrado en sus prolegómenos. Sin la posibilidad de unos Presupuestos la legislatura habría dejado de tener sentido. Y el primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República habría quedado sentenciado sin que hubieran transcurrido dos meses de la investidura de Pedro Sánchez.

María Jesús Montero ha apelado a la “responsabilidad” de todos los grupos para que apoyasen una senda que según la ministra de Hacienda le permitirá al Gobierno “aplicar políticas realistas”. El límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para 2020 será de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que en los Presupuestos fallidos de 2019, y un objetivo de déficit del 1,8% del PIB. “Sean conscientes de las consecuencias de mantener la senda de estabilidad vigente, irreal y caduca, aprobada por el PP”, ha advertido Montero. En un intento de convencer a los más reacios, la ministra ha subrayado que una votación contraria les haría perder dos décimas de capacidad de gasto a las comunidades autónomas. Esto es, unos 3.500 millones. Montero también ha puesto como ejemplo que la Seguridad Social pasaría a contar con 7.500 millones menos para el sostenimiento de las pensiones. La consecuencia sería que no se aumentarían las pensiones contributivas de diez millones de pensionistas. O que más de 190.000 padres verían paralizada la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas.

Los argumentos de Montero no han convencido al PP. “Hablan de realismo cuando el gasto público está descontrolado. Transforman el realismo en realismo mágico. Sánchez y el coronel Aureliano Buendía son la misma persona”, ha rechazado su senador José Vicente Marí en un homenaje particular a Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. El Gobierno rebajó a mediados de febrero dos décimas, hasta el 1,6% del PIB, su previsión de crecimiento para 2020. “Incrementan el gasto más del doble de lo que prevé el PIB… Y el que venga mañana, que pague”, ha cuestionado Goñi Sarries (Ciudadanos), para la que los Presupuestos “van a llegar hipotecados por el populismo y los nacionalistas”.

A diferencia del resto de partidos que han votado en contra, Junts per Catalunya se ha mostrado dispuesto a cambiar el sentido de su voto con una condición imposible para el Gobierno: que Montero se comprometiese a abonar más de 3.000 millones de euros a las comunidades autónomas y ayuntamientos por el IVA adeudado de la liquidación de 2017. El PSOE llegó a temer la semana pasada por el resultado de la votación precisamente por el seguidismo de ERC a Junts en una moción en la que los neoconvergentes exigían este pago. La iniciativa, no vinculante e idéntica a otra que había presentado el PP dos semanas antes, fue aprobada. “Nuestra voluntad es de diálogo, pero para eso tienen que querer las dos partes y el Gobierno no ha querido en este tema. Nos sabe mal. Nos vienen a reclamar nuestro voto en el Senado, pero también lo era en el Congreso… Si se comprometen públicamente [a abonar el IVA], les facilitaremos nuestro voto”, ha expuesto Cleries.

ERC ha aguantado la presión que le viene imprimiendo el antiguo PDeCAT, reacio a la mesa de diálogo aunque estuviera representado por una delegación encabezada por el president Quim Torra en su reunión inaugural de la semana pasada. El fin de semana su antecesor, Carles Puigdemont, obvió la mesa ante más de 100.000 independentistas en Perpiñán. Una demostración de fuerza en la que apeló a la “lucha definitiva”. Es decir, a no abandonar la vía unilateral para lograr la independencia. A diferencia de la mayoría de grupos, Esquerra no ha pedido el turno de palabra y ha evitado pronunciarse.

El precedente de otro fiasco en el Senado, donde el PSOE perdió la mayoría absoluta en las elecciones generales del 10-N, estaba muy presente. La Cámara Alta tumbó a finales de 2018 el objetivo de déficit del Gobierno para el siguiente año. El PP impuso entonces su mayoría absoluta en la Cámara Alta e impidió junto a Ciudadanos que la revisión del techo de gasto permitiera disponer de 6.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas, la Seguridad Social y la Administración central. En esta ocasión, las inquietudes del Gobierno no se cumplieron. “Estamos en un tiempo de diálogo y de acuerdo. El tiempo del bloqueo y de los vetos ha terminado”, ha observado el portavoz socialista, Ander Gil. Horas antes de la aprobación de la senda de déficit y del techo de gasto, el PP defendió una moción en la que reclamaba al Gobierno que renuncie a la reformar de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. Esto es, a que no perdiese la capacidad de veto que le otorgó el Ejecutivo de Rajoy. Vox fue el único que se sumó a la propuesta del PP.