El Gobierno cree que ERC resistirá la presión de Puigdemont y habrá Presupuestos
Los republicanos permitirán con su abstención que la senda de déficit se apruebe también en el Senado
La semana más importante para la estabilidad de la mayoría de Gobierno desde la votación de la investidura ha terminado incluso mejor de lo que esperaba el Ejecutivo. El miércoles pasado se constituyó la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el jueves se votó la senda de déficit en el Congreso y el sábado, el expresident Carles Puigdemont congregó a más de 100.000 simpatizantes en Perpiñán (Francia). En todas estas pruebas de fuego, el Gobierno cree que ERC, su aliado clave, ha soportado la presión de Junts per Catalunya con mucha claridad y en La Moncloa están convencidos de que los republicanos, que este miércoles con toda probabilidad rematarán con su abstención en la senda de déficit en el Senado, mantendrán esa actitud de apoyo al Ejecutivo y por tanto habrá Presupuestos este año, en el mejor de los casos a finales de julio.
El problema, sin embargo, es que el calendario está en manos de Quim Torra, que puede convocar elecciones catalanas antes del verano, lo que haría inviables los Presupuestos de 2020 y llevaría al Gobierno a empezar a negociar los de 2021. Este escenario no es con el que trabaja La Moncloa prioritariamente, pero el Gobierno contempla incluso una negociación paralela si se empieza a ver en las próximas semanas que Torra complica los planes del Ejecutivo y de ERC, que parece más cómoda con la idea de unas elecciones catalanas en octubre. El Ejecutivo se reunirá de forma inmediata con el PNV o ERC para negociar los Presupuestos de 2020, porque ese es el escenario ideal, pero si se frustran las cuentas ya tendrá trabajo adelantado para los de 2021, que habría que empezar a tramitar en verano.
El problema es Junts, que controla los tiempos al tener la capacidad de convocar elecciones cuando quiera. Las fuentes del Ejecutivo consultadas han seguido con interés la reacción de ERC al multitudinario mitin de Puigdemont, en el que obvió la mesa de diálogo. El Gobierno cree que los republicanos aguantan el tirón y mantienen una posición bien diferente a la del expresident, que lidera la línea más radical. La portavoz, María Jesús Montero, sin citarlo, ha lanzado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros un mensaje claro contra Puigdemont. “Algunos esperan a que la mesa descarrile porque prefieren el argumento de la confrontación. Nosotros vamos a seguir sin caer en provocaciones”, señaló incluso antes de empezar la ronda de preguntas. “Ojalá el dialogo no esté impregnado de la atmósfera que rodea los climas electorales que escuchamos el fin de semana, ojalá seamos capaces de aislar el diálogo y ojalá seamos capaces de articular los Presupuestos, algo que debería estar fuera del ámbito electoral”, sentenció para concluir que el Ejecutivo sigue con su hoja de ruta de presentar las Cuentas para 2020 en abril o mayo para aprobarlas antes de que acabe el verano.
Aun así, el voto de ERC nunca es seguro. Todas las alarmas se activaron el miércoles unas horas antes de la mesa de diálogo, cuando ERC decidió con su voto la aprobación de una moción presentada por Junts para el pago del IVA que reclaman comunidades autónomas y ayuntamientos. La iniciativa era idéntica a una que había presentado, sin éxito, el PP dos semanas antes y en la que instaba al Gobierno a abonar de inmediato más de 3.000 millones de euros por el IVA adeudado de la liquidación de 2017, cuando Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno.
El día siguiente, después de que el Gobierno y la Generalitat acordaran en la primera sesión de la mesa de diálogo reunirse mensualmente y que los acuerdos serían “en el marco de la seguridad jurídica”, el Ejecutivo respiró aliviado. El Congreso aprobaba el techo de gasto y el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos salvaba así el primer escollo en el arduo camino a los Presupuestos. Lo hizo pese al pulso que los dos socios en el Govern mantienen por la hegemonía entre el electorado independentista: ERC se abstuvo y Junts per Catalunya votó en contra. El Gobierno contó con el respaldo de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. EH Bildu y BNG se abstuvieron, mientras que el PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN y Foro Asturias fueron los otros partidos que votaron en contra.
La preocupación de la semana pasada ha dado paso a un optimismo prudente en La Moncloa. El visto bueno del Senado a la senda este miércoles parece asegurado. El Gobierno confía en que los grupos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez mantendrán el sentido de su voto de la semana pasada en el Congreso. Esto es, que ERC, con 13 senadores, se abstendrá.
El PSOE cuenta con 113 senadores de 265 y espera el voto a favor del PNV (10). También de la izquierda confederal, un grupo heterogéneo que forman seis partidos diferentes, cada uno con un único senador: En Comú Podem, Adelante Andalucía, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Més Per Mallorca. Todos son por designación autonómica. Unidas Podemos, que en las elecciones generales del 10-N vio reducida su presencia en el Senado hasta un punto casi testimonial. Según los cálculos del PSOE además podrían sumarse los senadores de Coalición Canaria, Teruel Existe, Partido Aragonés, PRC y Agrupación Socialista Gomera (uno por partido). Los dos senadores de EH Bildu se abstendrían. El PP (97), Ciudadanos (9), Junts (5) y Vox (2) votarán en contra.
El PSOE no se fía
Pero el PSOE no se fía. Y menos después de perder la mayoría absoluta en el Senado el 10-N. El Senado ya rechazó a finales de 2018 la senda de déficit del Gobierno para el ejercicio siguiente. El PP impuso entonces su mayoría absoluta en la Cámara Alta e impidió con los votos de Ciudadanos que la revisión del techo de gasto permitiera disponer de 6.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas, la Seguridad Social y la Administración central. Para acabar con la capacidad de veto del Senado, el PSOE y Unidas Podemos acordaron en agosto de 2018 modificar la Ley de Estabilidad.
El PP llevará al pleno de este miércoles, horas antes de la votación decisiva de la senda de déficit, para que la Cámara Alta mantenga su capacidad de bloqueo a la aprobación del techo de gasto. El partido de Pablo Casado acusa al Gobierno de “ningunear” al Senado al plantear la reforma legal para acabar con el procedimiento vigente y permitir que, si el techo de gasto es rechazado en esta Cámara, regrese al Congreso y que sea el Parlamento el que tenga la última palabra. El PP lleva al Senado una moción para que esta Cámara mantenga la capacidad de veto a la senda de déficit. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Rajoy, fue el impulsor que introdujo la posibilidad de veto del Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en un momento en el que el PP disponía de una holgada mayoría absoluta en la Cámara Alta
El PP persiste en su estrategia sobre la mesa de diálogo y Venezuela
La estrategia del PP para desgastar al Gobierno ha vuelto a orbitar en el diálogo con los partidos independentistas catalanes y la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El pleno del Senado arrancó fuerte con Salomé Pradas, de la bancada popular, afirmando que la mesa con la Generalitat no era una mesa de negociación sino “la mesa de la humillación” y de la “venta por fascículos de España”. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, replicó que al PP “le interesa el jaleo e hiperventilar” porque “no puede garantizar la unidad territorial del país” debido a que “prácticamente ha desaparecido” electoralmente en Cataluña y el País Vasco. El PP obtuvo dos diputados en las elecciones generales del 10-N en Cataluña y uno en Euskadi. En las últimas autonómicas lograron, respectivamente, cuatro y nueve escaños. Calvo responsabilizó al PP de la subida del electorado secesionista hasta el 48%.
Pese a no lograr la reprobación de Ábalos hace dos semanas en el Congreso, el PP interpeló de nuevo al Ejecutivo sobre la gestión de la polémica reunión del ministro con Rodríguez la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, insistió en que la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro no pisó suelo español y por tanto “no franqueó Schengen”. España cumplió “plenamente” con las restricciones europeas, zanjó.
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