Omer Shatz, el abogado que pretende probar la incitación al genocidio en Gaza

El 7 de octubre de 2023 Omer Shatz (Tel Aviv, 44 años) recibió muy temprano una llamada de su madre desde Florencia. Su vuelo a Israel se había cancelado y quería saber si todo estaba bien. Cogió el móvil y en Telegram vio el horror. Se quedó en shock. Respondió a su madre y salió de su casa. “Me encontré a una vecina y al verme la cara tuve que contarle lo que acababa de ver online. Me preguntó qué creía que iba a pasar próximamente. Le dije: ‘Creo que la reacción será un genocidio”. Los informes de oenegés o la acusación a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (TIJ) por parte de Sudáfrica, a la que, entre otros países, se sumó España el pasado 6 de junio, parecen haberle dado la razón.

Este pasado diciembre, Shatz entregó un informe de 170 páginas ante la Corte Penal Internacional (CPI) por incitación al genocidio. El documento presentado en nombre de una víctima francopalestina (cuya identidad está reservada por seguridad) afirma que al menos siete figuras gubernamentales y un periodista destacado, todos israelíes, han sido responsables de este crimen, entre ellos el propio Netanyahu o el exministro de Defensa, ambos con ordenes de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad. Es la primera vez en la historia de los derechos humanos que se presenta este tipo de acusación en solitario. “La CPI nunca ha tenido un caso relacionado con el delito de incitación al genocidio. En ocasiones alguien argumenta que existe e incluye la incitación. Así que adoptamos una perspectiva diferente: no sabemos si lo es o no, no es nuestro caso. Sí lo es la incitación al genocidio. No es necesario probar que este se cometió para perseguir al responsable del delito”, argumenta por videollamada desde París el abogado el pasado 21 de febrero, tras poco más de 500 días de ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Shatz comenzó su actividad profesional en Israel junto con el “posiblemente mejor abogado de derechos humanos de Israel”, Avigdor Feldman, conocido en España por ser el defensor de la cooperante española encarcelada Juana Ruiz. Después abrió con un amigo y colega su propio bufete de abogados centrado en litigios ante la Corte Suprema sobre asuntos de derechos humanos relacionados con el conflicto palestino-israelí. Paralelamente, cofundó una ONG enfocada en litigios ante la misma corte sobre migración y refugiados en Israel. En la oficina, representaban a oenegés y palestinos, principalmente en temas como asesinatos selectivos en Cisjordania o crímenes de guerra en Gaza. Desde 2020 es director jurídico de Front-Lex, organización especializada en litigios en materia de derechos humanos ante tribunales de la UE (TJUE), europeos (TEDH) e internacionales (CPI). Tras ello estudió en Yale y acabó impartiendo Derecho Internacional en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue allí, junto con ocho de sus alumnos que ayudaron a recabar pruebas durante todo un año, desde donde trabajó en el caso. Todos ellos aparecen en la primera página del documento enviado a la CPI. “Es una oportunidad para ellos, trabajar en algo que esté en curso, no algo que ya haya sucedido. Ya sabes, la ley siempre llega tarde”, argumenta.

Para Shatz el proyecto sionista refleja un “nunca más” [refiriéndose al exterminio del Holocausto] nacionalista. Pero argumenta que ese “nunca más” en el que él cree es universal, independientemente de la identidad de los perpetradores o las víctimas. Arguye que parte de este pensamiento parte de su tradición familiar, pues sus abuelos sobrevivieron a la guerra, perdieron a la mayoría de sus familiares en el Holocausto y llegaron a Palestina como refugiados. Por ello dice que litiga contra Israel por crímenes contra la humanidad pero también contra la Unión Europea y sus organismos en términos de derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la inmigración.

El abogado relata que el punto fuerte de la demanda es, paradójicamente, la dificultad de probar la comisión del genocidio. “Ese exterminio es uno de los crímenes más difíciles de probar. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que no hay otra explicación más que la intención de destruir al grupo como tal, no de matar a todos y cada uno de sus miembros, sino la idea de un grupo, su existencia colectiva”, explica. A lo que matiza: “Se ha de probar el delito principal para probar la responsabilidad secundaria. Solo hay una excepción a esta regla: la incitación al genocidio. En este caso, se puede investigar, procesar, acusar, condenar y sentenciar a las personas”.

—Y ahora… ¿qué puede pasar?

—Siendo sincero, no lo sé, todo es muy muy peligroso. Muy impredecible.