Los guardianes de la selva maya desafían a narcos e inversores

En uno de los mayores bosques tropicales al norte de la Amazonía, en Guatemala, científicos de temáticas diversas se han topado con una anomalía. Arqueólogos, investigadores forestales, estudiosos del crimen organizado y expertos en migraciones han observado lo mismo: en un 25% de la reserva apenas hay incendios, deforestación o traficantes de cocaína. No hay saqueos de yacimientos arqueológicos. Hay muy poca emigración y las remesas económicas desde el extranjero son insignificantes. Y aunque el Estado está prácticamente ausente, hay clínicas y escuelas.

La respuesta se halla en el modelo de concesiones forestales manejadas por comunidades, que desde su creación en 1997 han levantado la economía local protegiendo uno de los enclaves naturales y culturales más importantes de América Latina. La Reserva de la Biosfera Maya, que abarca una quinta parte de Guatemala en la frontera con México, alberga jaguares, 500 especies de pájaros y sitios arqueológicos de primer orden como Tikal. La reserva está dividida en tres partes: un tercio de su territorio son reservas naturales, gestionadas por el Gobierno; un cuarto admite la extracción sostenible de madera y frutos silvestres a través de concesiones comunitarias, y el resto son zonas de transición con el mundo exterior.

“Después de años de estudios, sabemos que estas concesiones son el último bastión de la conservación del bosque tropical en Guatemala”, señala Andrew Davis de la Fundación Prisma, un centro de investigación sobre medio ambiente y desarrollo con sede en El Salvador.

Las concesiones, otorgadas por un periodo de 25 años al final de una cruenta guerra civil, se han convertido en la principal fuente de ingresos de las comunidades indígenas y rurales de la zona y en un fuerte incentivo para la conservación del bosque tropical. Pero a medida que el momento de renovar los permisos se acerca, las presiones externas van en aumento. Según una propuesta de ley en los EE UU, por ejemplo, las concesiones deberían dejar paso a una explotación turística con cientos de miles de visitantes, cadenas de hoteles y un trenecito. Todo ello potencialmente operado por una empresa de parques de atracciones y con apoyo financiero norteamericano. “Aquí tenemos un Disneyland de verdad. No tenemos que inventar nada”, ha declarado el arqueólogo y promotor de la iniciativa Richard Hansen.

El 86% de la cocaína llega a los EE UU a través de América Central, generando unos beneficios anuales de unos 6.000 millones de dólares

Luego está el tráfico de drogas. El 86% de la cocaína llega a los EE UU a través de América Central, generando unos beneficios anuales de unos 6.000 millones de dólares, señala la geógrafa e investigadora de la Universidad de Columbia Beth Tellman. La guerra contra las drogas está llevando a las organizaciones criminales a adentrarse en zonas cada vez más remotas, incluyendo la Reserva de la Biosfera Maya. Ello convierte a las concesiones en una isla de resistencia dentro de un mar de amenazas.

Por ello, Davis, Tellman y otros investigadores que llevan años documentando los éxitos de estas concesiones forestales se han movilizado, desplegando un arsenal de pruebas científicas bajo el auspicio del Earth Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Legal, sostenible y rentable

En las tierras gestionadas por las comunidades indígenas y locales, el bosque tropical es espeso. Se diría que está intacto. “Solo se extrae un árbol por hectárea y no se vuelve a talar en la misma zona hasta pasados 25 años, lo que permite la regeneración del recurso”, explica la guatemalteca e investigadora del Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) Iliana Monterroso, que lleva 20 años estudiando la zona. Además de maderas como la caoba y el cedro, otras fuentes de ingresos son la cosecha de resina del árbol del chicle, especias y hojas de palmera de xate, que se usan con fines ornamentales, así como el patrullaje forestal y la prevención de incendios.

En el plano ambiental, el modelo es sostenible y, en el económico, es rentable. Las concesiones suponen entre el 40 y el 60% de los ingresos familiares; han aportado más de dos millones de dólares en impuestos a las arcas del Estado; y han mejorado la calidad de vida de las personas, de modo que solo un 2% reciben dinero de parientes emigrados, frente al 7% en el resto del distrito del Petén, señala Monterroso. En el frente ambiental, el balance también es positivo. Las concesiones mantienen una tasa de deforestación del 0,4%, aunque están cercadas por una de las mayores tasas de deforestación del continente.

Asimismo, las zonas protegidas registran la práctica totalidad de incendios forestales, que son casi inexistentes en las áreas de gestión comunitaria. “El Gobierno ha invertido más de 1,5 millones de dólares en controlar una zona que representa solo el 4% de la Reserva de la Biosfera Maya”, señala Monterroso de CIFOR en referencia a la protección contra fuegos e incursiones. “Un coste muy elevado que se está ahorrando en las zonas administradas por las comunidades”, donde los resultados son significativamente mejores y los beneficios se reinvierten en conservación, clínicas y escuelas.

El modelo ha demostrado ser una herramienta importante para combatir la deforestación y es un buen ejemplo de la necesidad de involucrar a los actores locales en la gobernanza forestal

Omar Samayoa, especialista en Cambio Climático del BID

¿Pero cómo logran mantener el crimen organizado a raya? Según Tellman, los narcos deforestan tierras para desplazar sus mercancías y blanquear dinero a través de la cría y venta de ganado. Los criminales, que suelen amedrentar a quienes se cruzan en su camino al grito de "plata o plomo", podrían recurrir a la violencia para salirse con la suya. Y sin embargo, prefieren operar al margen de las concesiones forestales. “Para los cárteles, es mucho más sencillo comprar a un puñado de guardas en las zonas protegidas que lidiar con las comunidades locales que dependen de los bosques para su supervivencia”, explica la investigadora.

Derechos más sólidos

Los satélites muestran que la narco-deforestación se ha quedado a las puertas de las concesiones. De todos modos, las comunidades corren riesgos en su papel de defensa de un bosque tropical muy codiciado: reciben amenazas y algunos de sus miembros han desaparecido.

La mayoría de empresas locales están representadas por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), cuya misión es proteger la biodiversidad y el patrimonio cultural de la reserva. “Fuera de las concesiones forestales, impera la ilegalidad y tanto el bosque como los yacimientos arqueológicos están desapareciendo a un ritmo cada vez más acelerado”, añade el guatemalteco Francisco Estrada-Belli, especialista en arqueología maya de la Universidad de Tulane y Explorador de National Geographic.

El gobierno de Guatemala ha expresado su deseo de dar continuidad a las concesiones forestales comunitarias, pero queda trabajo por delante. Para Davis, de la Fundación Prisma, las concesiones deberían ser mucho más largas y con mayores garantías. “Es vital asegurar los derechos de las comunidades para que éstas puedan centrarse en gestionar el bosque. Ahora se ven obligadas a defenderse de presiones externas de forma constante”, afirma.

Otra muestra de apoyo viene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que lleva años apoyando la conservación y desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera Maya. “El modelo ha demostrado ser una herramienta importante para combatir la deforestación y es un buen ejemplo de la necesidad de involucrar a los actores locales en la gobernanza forestal”, constata el especialista en cambio climático del BID Omar Samayoa. La zona representa la mayor reserva de carbono de Guatemala, pero la deforestación también la convierte, paradojalmente, en una de las mayores fuentes de emisiones de CO₂ del país. Según el experto, he ahí otro motivo de peso para renovar las concesiones. Y hay otro más.

Cuando Guatemala puso fin a 36 años de guerra civil, las concesiones forestales fueron una herramienta para construir la paz en zonas plagadas de intereses cruzados. Para Monterroso, de CIFOR, “no se trata solo de proteger la Reserva de la Biosfera Maya, sino de establecer valores compartidos para que los locales, el Gobierno y el sector privado puedan colaborar hacia un objetivo común”.

Con el apoyo de la comunidad científica, los guardianes del bosque están decididos a entregárselo a la siguiente generación. Mal le pese al turismo de masas, al mercado de estupefacientes y a los parques de atracciones de verdad.

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