Escazú no tiene por qué causar escozor

A inicios de septiembre del 2014, en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (ubicada en el departamento amazónico nororiental de Ucayali, en Perú), tres indígenas de la etnia asháninka, la más numerosa del Perú, fueron emboscados atacados con armas, golpeados y finalmente asesinados. Posteriormente, partes de sus cuerpos incinerados fueron encontrados en la selva.

Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo luchaban contra taladores ilegales de madera en sus territorios, a pesar de la tormenta de amenazas, hasta que finalmente cayeron victimados. Más de cinco años después, la justicia peruana no ha resuelto el caso, mientras en Colombia, Brasil, México siguen ocurriendo crímenes igual de escandalosos.

Ignoro si sabían que desde el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Río de Janeiro y organizada por la ONU, se comenzó a debatir la existencia de un tratado internacional que los hubiera ayudado. Y que en el 2014 varios países latinoamericanos se dispusieron a negociar un tratado ambiental específico para nuestra región.

O que la Comisión Económica para América Latina acompañó a tales países para que este proceso avanzara y para que, finalmente, en la ciudad costarricense de San Miguel de Escazú se adoptara un Acuerdo el 4 de marzo del 2018. El 27 de septiembre del mismo año —justo cuatro años después de que Chota y sus hermanos de sangre fueran asesinados—, 14 países lo firmaron.

Hasta la fecha, 10 países han sumado su firma, de los 33 que hay en este barrio de grandes ecosistemas. Pero eso no basta. Para que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entre en vigencia tienen que ratificarlo al menos 11 países. Dicha ratificación implica que las partes de este Tratado se obligan a cumplir con lo que este dice. Hasta ahora han cumplido con este último paso nueve países; es decir, faltan dos. Brasil, uno de los países donde los crímenes ambientales son más numerosos, y donde hay un mandatario poco afecto a los derechos humanos, no ha dado señales de querer hacerlo.

¿Por dónde se conecta el fatal episodio ocurrido en Ucayali con ese documento que tiene 39 páginas, 26 artículos y un prefacio? El artículo 9 se titula Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y en el inciso tercero se lee que “cada parte (es decir, cada país) tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir”.

Es decir, eso que los indígenas de Saweto no tuvieron ni tienen, incluso después de muertos. Lo que tampoco tuvo la líder indígena hondureña de la etnia lenca, Berta Cáceres, asesinada el 4 de marzo del 2016. Y lo que podría haber evitado que, en el 2019, sean victimados 148 líderes ambientales en América Latina, de los 212 que registrados en el mundo por Global Witness.

La OCDE ha recomendado a los países que postulan a su exclusivo club que lo ratifiquen. Negarse es no ser ambientalmente responsable

El Acuerdo tiene también otros puntos importantes. Por ejemplo, haría más viable que a un ciudadano se le dé información de por qué no hay reciclaje en su distrito. Según el inciso b del Artículo 5, el derecho de acceso a la información ambiental implica que uno sea “informado en forma de expedita”, de modo que su solicitud no espere tanto como lo que dura un culebrón televisivo latinoamericano. En rigor, en muchas ocasiones eso no ocurre. Por dejadez, porque hay una selva burocrática o, incluso, porque se responde que se trata de “información reservada”.

A su vez, mediante su Artículo 7, el Acuerdo facilita la participación de la ciudadanía “en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente…”.

En cristiano, eso significa que si, digamos, se propone un proyecto petrolero en una comunidad indígena, los probables afectados puedan participar, a fin de que no se les informe cuando ya se comenzaron a cavar pozos. Varios países firmantes de Escazú han suscrito ya el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece una consulta previa. Aunque, con penosa frecuencia, ocurre que esta se hace sobre hechos consumados y árboles consumidos.

Esta parte del documento haría que eso sea más real. Acaso por ello, Escazú ha generado escozor en algunos gremios empresariales de nuestra región, donde buscar el punto de equilibrio entre inversión privada y conservación ambiental suele ser más difícil que encontrar la piedra filosofal. Hasta se ha hablado de pérdida de la Amazonía, cuando un apartado del Artículo 3 consagra el “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”.

Aun así, en el Perú hay quienes creen que lo que se viene es algo así como el secuestro de este ecosistema tropical, a pesar de que el Acuerdo de Escazú ni siquiera menciona a la Amazonía concretamente. Se basa en los principios de precaución, igualdad, transparencia, equidad, no discriminación. Es más: se trata de un instrumento internacional que promueve un enlace providencial, e indispensable, entre dos de las dimensiones más nobles de la especie humana: la defensa de los derechos humanos y el cuidado ambiental. ¿Por qué la alarma entonces?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que agrupa a los países más acomodados de este planeta, o a los que quieren serlo, ha recomendado a los países que postulan a su exclusivo club que lo ratifiquen. Negarse es no ser ambientalmente responsable. Implica situarse en el lado marginal de la Historia, allí donde se cree que el cambio climático es un cuento o que la alocada destrucción de la biosfera no tiene conexión alguna con el drama actual.

Sería un profundo error. América Latina es hoy el epicentro de la pandemia provocada por SARS-CoV2 y, precisamente por eso, debe hacer entrar en vigor este Acuerdo, que en los hechos podría ayudarle a evitar nuevas crisis sanitarias, conflictos socio-ambientales, la aceleración de la desigualdad y la pobreza, o la imposibilidad fatal de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo que ahora peligra por la expansión del nuevo coronavirus.

El Acuerdo de Escazú no es la panacea, ni tiene por qué causar picazón. Sí puede ser parte de la previsión para un mundo donde los virus saltarán más hacia nosotros si seguimos pulverizando bosques, mares, ríos, suelos. No verlo es pecar de ingenuidad, o de mala fe. Y, peor aún, es ningunear a esos hombres y mujeres caídos por defendernos de la tala ilegal, de la depredación, de la contaminación. Esos seres que, como Edwin Chota, querían o aún quieren salvarnos.

Ramiro Escobar La Cruz es periodista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Colabora regularmente con Planeta Futuro.

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