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El derecho a la alimentación, en riesgo

Si no se piensa en el medio plazo, asistiremos a un incremento del hambre y la pobreza, y afrontaremos problemas de abastecimiento para el conjunto de la población

Un grupo de personas hace cola para comprar comida en La Habana (Cuba).
Un grupo de personas hace cola para comprar comida en La Habana (Cuba). Reuters

Aunque sabíamos que podía ocurrir, la pandemia de covid-19 nos ha sorprendido y, en apenas unos meses, ha transformado todas nuestras previsiones y expectativas, además de estar poniendo a prueba nuestras capacidades. Aún es pronto para conocer su dimensión o hacer pronósticos fiables sobre su duración, pero ya podemos avanzar que va a trastocar la vida de todos y está afectando los diferentes sistemas clave para la supervivencia de nuestras sociedades. Con ello, la implementación del derecho a la alimentación en todos los países del mundo se ve amenazada.

Como señaló el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres: “La pandemia es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica, social y humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de Derechos Humanos”.

La crisis se superpone a otros fenómenos que afectan a millones de personas en diferentes partes del mundo: la plaga de langostas en África Oriental, conflictos que afectan directa o indirectamente a varias decenas de países, meteorología extrema incluyendo sequías e inundaciones y choques económicos que afectan a sectores clave de algunos países como es el caso de los exportadores de petróleo. Previamente ya había 821 millones de personas padeciendo hambre crónica, y 135 millones, en más de 50 países, se enfrentan al hambre aguda. Desde 2015, tanto la prevalencia de subalimentación como de hambre aguda vienen incrementándose. En el otro extremo de la malnutrición, dos de cada cinco adultos tienen sobrepeso, y la obesidad entre la población infantil y adolescente creció más de un 130% entre 2000 y 2016.

En este escenario de incertidumbre y temor se corre el riesgo de que se produzcan acciones descoordinadas e ineficientes que empeoren la situación para todos y, en particular, para los más vulnerables.

Un enfoque basado en Derechos Humanos, como el que han adoptado diferentes países a través del derecho a la alimentación adecuada, provee de mecanismos exitosos para fortalecer la gobernanza en términos de participación, inclusión y mejora de la calidad y pertinencia de la información para la toma de decisiones. Es importante asegurar que se tienen en cuenta las necesidades de todos los grupos, sobre todo de aquellos que están en mayor vulnerabilidad y que difícilmente tienen voz en los ámbitos de decisión. A su vez, es fundamental poder encauzar los diferentes intereses para que la acción sea más justa y efectiva.

También es necesario movilizar las capacidades y el compromiso de los diferentes actores si queremos realmente tener resultados: que los parlamentarios lleguen a acuerdos rápidamente para aprobar los presupuestos y los cambios legislativos necesarios, que las universidades movilicen su talento para proveer conocimiento e información contrastada y pertinente para la toma de decisiones, o que las organizaciones de consumidores jueguen un papel destacado a la hora de detectar intentos de fraude que afecten a la salud o a los precios.

Desde una perspectiva del vaso medio lleno, desde el comienzo de la pandemia ha habido un notable esfuerzo por atajar lo urgente en términos de contener su expansión y paliar el efecto económico en el acceso a los alimentos y bienes y servicios básicos. Por ejemplo, más de 170 países han adoptado cerca de 800 medidas de protección social que incluyen transferencias monetarias, entregas de alimentos, subsidios en servicios básicos… En general, los países han trabajado por mantener el buen funcionamiento del abastecimiento y el comercio de alimentos, evitando situaciones de pánico que hubieran sido desastrosas.

Más de 170 países han adoptado cerca de 800 medidas de protección social que incluyen transferencias monetarias, entregas de alimentos, subsidios en servicios básicos

Pero también hay que pensar en el medio y largo plazo y asegurar que todas las personas que participan en las cadenas alimentarias van a estar en condiciones de reanudar o continuar su actividad. De otro modo, no solo asistiremos a un incremento del hambre y la pobreza, sino que también afrontaremos problemas de abastecimiento para el conjunto de la población y una expansión de la malnutrición entre todos los grupos socioeconómicos, incluidos aquellos que se piensan a salvo.

Una primera medida que en algunos países se ha tomado ya es facilitar el acceso al crédito, de manera que los productores y procesadores de alimentos tengan liquidez para acceder a los insumos necesarios para su actividad. Esto, si bien es importante, resulta insuficiente. Hay que asegurar que ese acceso a crédito e insumos sea efectivo para todos, pues muchas veces los canales utilizados llegan a un porcentaje pequeño de productores. También, que todos los productores y actores de la cadena alimentaria puedan adaptarse para asegurar la salud propia y la de los demás. Esto implica mejorar el acceso a equipos de protección adecuados y el cambio de procedimientos y procesos. Las grandes corporaciones de la cadena de alimentación tienen recursos humanos y financieros que les permiten afrontar esas adaptaciones con bastantes posibilidades de éxito.

En cambio, muchos pequeños y medianos negocios y productores que forman parte de la cadena alimentaria tendrán serias dificultades para adaptarse si no tienen apoyo técnico y de comunicación, incluso si cuentan con acceso a recursos financieros. La experiencia muestra que, en crisis pasadas como la gripe aviar o el SARS, las grandes empresas se recuperaron y ganaron cuota de mercado, mientras que las pequeñas y medianas sufrieron un impacto negativo a medio y largo plazo.

Por ello, es importante que las políticas de repuesta para el sector agroalimentario tengan en cuenta el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de los pequeños y medianos productores,  y también de las empresas para protegerse y adaptarse en un contexto en el que será preciso convivir con sucesivos rebrotes y nuevas pautas sociales en tanto no haya una vacuna.

Diseñar y poner en práctica políticas que ayuden a todos los actores de la cadena agroalimentaria a adaptarse a este nuevo contexto y a afrontar las futuras turbulencias es fundamental para que las políticas de salud sean efectivas. También, para una recuperación del empleo y las economías locales que asegure la inclusión económica y el derecho a la alimentación para todos.

Juan Carlos García y Cebolla es líder del equipo de derecho a la alimentación de la FAO.

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