Primera línea de choque

Los Gobiernos se enfrentan a una crisis severa y compleja, con extensas ramificaciones sectoriales. A la dislocación de la oferta le ha acompañado de forma inmediata un desplome de la demanda y una pérdida sin precedentes de riqueza financiera concentrada en apenas cuatro semanas. Del alcance de esa crisis no sabemos mucho, porque tampoco alcanzamos a conocer las exigencias que la cuarentena sobre las personas ejercerá sobre la cuarentena de la actividad empresarial.

Para orientar la gestión no sirven los manuales al uso, no existen archivos con experiencias mínimamente relevantes. Si cuentan las actitudes, la capacidad para perfilar las piezas esenciales del diagnóstico y definir prioridades, las habilidades para coordinar equipos técnica y políticamente heterogéneos. Ningún Gobierno lo tiene precisamente fácil. Desde luego en Europa, donde al día de hoy solo una institución, el banco central, ha sido capaz de adoptar decisiones convenientes. Pero la capacidad de maniobra del BCE es muy limitada, tributaria de esa actuación también en solitario para abordar los efectos de la pasada crisis, para salvar la unión monetaria. Tampoco las habilidades de su presidenta para interactuar con los operadores en los mercados financieros son equivalentes a las de Draghi.

Ese es el contexto en el que el Gobierno español ha dado a conocer las decisiones con las que afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. Lo ha hecho tras conocer la mayor permisividad europea para incurrir en desequilibrios en las finanzas públicas y las políticas económicas de otros Gobiernos europeos como Alemania e Italia.

Las políticas económicas anunciadas son pertinentes. Constituyen una primera línea de contención de las consecuencias económicas que la extensión de la epidemia y la cuarentena empresarial están originando. Serán recursos públicos en cuantía muy significativa los que den cobertura a los tres ámbitos donde los daños serán inicialmente más explícitos: el sanitario, el empresarial y el de los trabajadores más vulnerables. Al igual que en otros países, la cobertura financiera de la gestión sanitaria, sin restricciones, es la principal prioridad.

El resto de los recursos financieros públicos movilizados servirán para ayudar a las empresas a sortear caídas en sus ingresos por ventas, a mantener su capacidad, a facilitar el ajuste de sus plantillas y a digerir el endeudamiento. El Gobierno asume que la mejor garantía de minimizar los costes sociales de esta crisis, además de hacerlo con la salud, es procurar que las rentas de los trabajadores no sufran. En un país con un censo empresarial absolutamente dominado por pequeñas empresas y autónomos eso significa disponer de mecanismos de oxigenación financiera suficientes. Es lo que ha hecho el Gobierno alemán, cuya economía tiene la ventaja de tener una población empresarial con dimensiones medias mucho más elevadas. Apostar por la investigación sanitaria es también una señal en la buena dirección. La otra práctica que podemos importar de ese país es la celeridad con la que transmitió su plan de choque, tras un acuerdo ejemplar entre el ministro de hacienda socialdemócrata y el de economía de la CDU.