Empeoradores de la realidad

El hecho principal es que vivir con 900 euros de salario al mes (12.600 euros anuales) asegura una vida de escaseces. Quien crea lo contrario, que enseñe su nómina. Todas las demás consideraciones sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) son secundarias. El anterior Gobierno de Sánchez, empujado por Unidas Podemos, incrementó el SMI en el año 2019 más de un 22% hasta alcanzar los 900 euros (multiplicados por 14 pagas). En el acuerdo para un Gobierno de coalición entre las dos mismas fuerzas políticas se promete que al final de la actual legislatura (2023), si no hay adelantos electorales, el salario mínimo será del 60% del salario medio, lo que significa, en principio, alrededor de unos 1.200 euros mensuales.

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Este compromiso no es extravagante, sino que se alinea perfectamente con la agenda social europea de la nueva Comisión, que hace unos días dio los primeros pasos para la misma, con tres medidas en el horizonte: una remuneración mínima equivalente a un 60% del salario medio de cada Estado miembro, la creación de un seguro europeo de desempleo y una renta mínima que garantice a todos los ciudadanos en situación vulnerable unas condiciones de vida dignas (también figura en el acuerdo PSOE-Unidas Podemos). Se abre la batalla: Europa también es esto, no solo el control del déficit público.

Todavía se discuten los efectos colaterales del incremento salarial de 2019: mientras los sindicatos, el Gobierno o la Autoridad de Responsabilidad Fiscal no le atribuyen ningún efecto significativo en el mercado de trabajo, Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, indica que 60.000 trabajadores han pasado a la economía sumergida, dejando de pagar sus cotizaciones sociales y ampliando el déficit de la Seguridad Social. Un estudio del BBVA contabiliza en 45.000 los puestos de trabajo que se dejaron de crear por la subida del SMI.

Las declaraciones sobre los aumentos prometidos van en la misma línea de los que opinan que subir el salario mínimo tiene efectos negativos sobre el empleo. Leído en el titular antinómico de un artículo: “Subir el salario mínimo perjudica a los pobres”. El texto subraya un argumento utilizado mucho en el pasado: los que tienen unos ingresos escasos, los más cercanos a la pobreza a los que se quería ayudar, pueden resultar en definitiva perjudicados; no sería la primera vez que una ingenuidad bienintencionada acaba dañando a los que trataba de proteger.

Son idénticas palabras a las que el politólogo Charles Murray, que tanta influencia tuvo en los conservadores desde Reagan, escribió en 1984: “Intentamos dar más a los pobres y, en cambio, producimos más pobres. Intentamos eliminar las barreras para escapar de la pobreza y, sin darnos cuenta, construimos una trampa”.

Ergo mejor es mantener el statu quo. Lo explicó a principios de los años noventa el economista alemán afincado en EE UU Albert Hirschman en sus seminales Retóricas de la intransigencia (Fondo de Cultura Económica): los partidarios de que las cosas se queden como están arguyen que cuando se establece o se incrementa un salario mínimo es fácil mostrar cómo el empleo agregado de los trabajadores puede bajar en vez de aumentar: “Como lo expresa Milton Friedman ‘con su clásica y soberbia seguridad’, las leyes del salario mínimo son el caso más claro que puede encontrarse de una medida cuyos efectos son precisamente contrarios a los pretendidos por los hombres que con buena voluntad las defienden”.

Hirschman hizo famosas las tesis que combaten los progresos que se producen en la historia, en defensa del statu quo: una acción contra el sistema establecido produce el efecto opuesto al objetivo deseado (tesis de la perversidad); toda tentativa de transformación social será en vano (tesis de la futilidad), y el coste de una reforma es demasiado elevado como para poner en peligro los anteriores logros valiosos (tesis del riesgo).

El economista alemán llamaba “empeoradores de la realidad” a los que practicaban la política de que las cosas no se muevan nunca.