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Patologías posinvestidura

La renovación de los órganos de control del poder político define la calidad de la democracia

El PP ha anunciado que no participará en las negociaciones para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones desde diciembre de 2018 y que tiene una composición de mayoría conservadora. El CGPJ no es, como algunos creen, la corporación profesional de los jueces, sino un órgano intrínsecamente político, al que corresponde el gobierno de un poder del Estado. El bloqueo del PP genera un precedente sobre la dificultad de renovación de otros órganos constitucionales (el propio Tribunal Constitucional) o administrativos independientes del Gobierno (reguladores, supervisores, etcétera).

Son malos presagios, que vaticinan el tono de la oposición mayoritaria en la legislatura. En el acuerdo entre el PSOE y Podemos para gobernar, en el apartado titulado “Regeneración democrática y transparencia” se dice textualmente: “Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como el caso del CGPJ, el Defensor del Pueblo, la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el consejo de administración de RTVE. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional”. A la vista de las intenciones del PP, parece utópica tal renovación; además, existen numerosos antecedentes de la capacidad de bloqueo de la derecha cuando no gobierna.

Los problemas surgen cuando se trata de colonizar o instrumentalizar estas instituciones. Las dificultades provienen no de su politización, como abusivamente se interpreta, sino de su partidización, que provoca el desmoronamiento de su imagen y prestigio y la confianza de la ciudadanía en su buen funcionamiento. En demasiadas ocasiones, los órganos constitucionales y administrativos independientes parecen enfermos dada su manipulación. Entre las patologías que sufren se pueden destacar las siguientes: primero, el bloqueo y los retrasos interesados de las renovaciones periódicas por falta de acuerdo entre las grandes formaciones políticas, normalmente debido a la ausencia de interés político de uno de los grupos en que se produzca la renovación; segundo, la negociación de las vacantes por “cuotas de partido” (cada grupo coloca a sus candidatos con independencia del otro). Este fenómeno se agrava cuando se empaquetan vacantes en distintas instituciones (Constitucional, CGPJ, RTVE…); como consecuencia de ello se produce una lógica faccional: sus miembros acaban actuando en cada vez mayor medida con un grado de alineamiento parecido a la disciplina con la que funcionan los grupos políticos en las instituciones representativas.

Y sin embargo estas son vitales para el buen funcionamiento del Estado de derecho y para la calidad de una democracia, porque realizan funciones fiscalizadoras o revisoras o porque se les encomiendan determinados ámbitos de decisión que se sustraen al ámbito directo de los poderes políticos por entender que deben gestionarse en condiciones de neutralidad partidaria (que no política). Ello no significa que carezcan de legitimidad democrática, ya que sus miembros son designados por los poderes democráticos (Gobiernos o Parlamentos) y ejercen funciones en el marco de la ley. Pero sus componentes no están sometidos en el ejercicio de sus funciones a instrucción ni directriz alguna, ni son libremente removibles por pérdida de confianza de los poderes políticos que los han designado, gozando habitualmente de un mandato (normalmente superior) al de las legislaturas.

Los críticos con una excesiva independencia de estas instituciones las han denominado “instituciones ademocráticas” y entienden que su multiplicación procede en última instancia del recelo ante la voluntad de los ciudadanos. Pero no es precisamente este tipo de crítica en el que se apoya el PP para resistirse a la renovación de estos organismos. La solución a las patologías citadas no parece radicar en el campo de las normas (la regulación española es homologable a la de los países de nuestro entorno), sino a un cambio de cultura institucional. Ese cambio no ha llegado aún a las filas del partido de Pablo Casado.

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