El modo de vida europeo

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Aquella vicepresidencia de Protección del Estilo de Vida Europeo que se inventó, con escaso éxito, Ursula von der Leyen, no era una idea estrictamente suya. Bastante tiempo antes el filósofo alemán Jürgen Habermas había declarado que el único proyecto susceptible todavía de generar una movilización política era la defensa “del modo de vida europeo”. Dentro de ese modo de vida figura sin duda el desarrollo de un pilar social, que fue aprobado en la cumbre de Gotemburgo en 2017, y que apenas ha pasado de las palabras a los hechos. Entonces, el que era presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró: “Hoy asumimos un compromiso de un conjunto de 20 principios y derechos. Desde el derecho a salarios justos hasta el derecho a la asistencia sanitaria; desde el aprendizaje permanente, la conciliación de la vida privada y profesional y la igualdad de género; con el pilar europeo de derechos sociales, la UE defiende los derechos de sus ciudadanos en un mundo en rápida transformación”.

La puesta en marcha de ese pilar social es una parte central del capítulo dedicado a Europa del acuerdo entre los socialistas y Podemos, para crear un Gobierno de “coalición progresista”, en el caso de que Pedro Sánchez supere su investidura en el Congreso de los Diputados. Es significativo el espíritu europeísta que se desprende de estas páginas, conociendo que una de las partes firmantes era hasta hace poco tiempo renuente al proyecto de la Unión Europea tal como se estaba desarrollando. Ahora, los coaligados pretenden una Europa más democrática, más social y más comprometida en la reducción de las desigualdades, la precariedad y la pobreza que se han agravado durante la última década, desde dentro de sus instituciones.

Para ello se promueven medidas sociales (un seguro mínimo interprofesional europeo o un seguro europeo de desempleo), económicas (iniciativas para proteger mejor a los europeos ante la eventualidad de otra crisis económica, por ejemplo, mediante la creación de un seguro europeo de depósitos, o mediante una progresiva armonización fiscal para evitar el dumping entre los países, así como la erradicación de los paraísos fiscales), o ecológicas (un green new deal europeo, dotado de los recursos necesarios y con compromisos verificables de reducción de los gases de efecto invernadero).

Además de los aspectos citados, un pilar europeo de derechos sociales —que se une a los tres pilares existentes desde el Tratado de la UE, el comunitario, el de política exterior y de seguridad común, y el de cooperación judicial y policial— abordaría otros como un plan de empleo europeo, mecanismos automáticos anticíclicos que puedan evitar las disparidades existentes entre los resultados económicos y sociales de los Estados miembros, una inspección de trabajo europea, una directiva sobre desplazamientos de trabajadores para evitar la vulneración de la igualdad de trato o el dumping social, e incluso la regla de oro por la cual algunas inversiones sociales se excluyeran del cálculo de déficit público, como se hizo, por ejemplo, con las ayudas públicas a la banca. Se trata de que los derechos sociales no sean un factor de “nivelación hacia abajo” en la competencia intereuropea (para que una empresa se instale en un país se negocian a la baja los derechos laborales que rigen en ese país), ni una “variable de ajuste” para mejorar la competitividad dado que ya no existe en el seno de la eurozona la posibilidad de las devaluaciones competitivas.

En el texto del acuerdo de Gobierno no hay una decisión rotunda sobre la eliminación de las exigencias de unanimidad para la toma de determinadas decisiones de forma que resulten viables muchas de las anteriores propuestas, ni sobre la conveniencia de avanzar a distintas velocidades en el proceso de integración europea. Tan sólo se dice que “se estudiarán”.

Cuando la UE no avanza, retrocede. Además de la administración del Brexit y de aspectos tan centrales como la limitación de la emergencia climática y la solución del problema migratorio, la activación del pilar social es un elemento central como combatir la desafección ciudadana.