Salir del limbo

La situación de interinidad y la parálisis institucional en la que se encuentra RTVE desde hace año y medio está afectando al funcionamiento de la corporación pública. La compañía carece de un presidente y un consejo de administración que marque las líneas estratégicas a medio y largo plazo y tampoco tiene un presupuesto adaptado a las necesidades de la transformación digital que la empresa está obligada a abordar si no quiere quedar rezagada tecnológicamente o marginada en un mercado en el que tanto las cadenas privadas convencionales como los emergentes operadores transnacionales online exhiben una gran fortaleza.

La responsabilidad de que la renovación de RTVE esté varada hay que atribuírsela principalmente a los partidos políticos, incapaces de llegar a un acuerdo para designar con amplio consenso a la cúpula de la corporación. En su lugar, el Congreso aprobó a finales de julio de 2018 el nombramiento de una administradora provisional única, un cargo pensado para unos pocos meses que va camino de cumplir año y medio.

Al mismo tiempo, se puso en marcha un concurso público para elegir el consejo de administración, un proceso que sigue en el aire. El comité de expertos encargado de evaluar el centenar de candidaturas entregó en diciembre de año pasado 20 nombres —el doble del número de consejeros a designar— de aspirantes declarados idóneos para que finalmente el Congreso y el Senado abordaran el nombramiento del consejo de administración y del presidente de la corporación. Pero el normal desarrollo del concurso se ha visto paralizado por la larga crisis política, con el agravante de que sobre el dictamen del comité de expertos pesan una treintena de recursos e impugnaciones que deberían haber sido resueltos hace ya tiempo por los letrados de las Cortes. Al Congreso y al Senado les corresponde agilizar los plazos para sacar del limbo este agitado concurso. Darle carpetazo o adulterarlo contribuiría a sembrar sospechas sobre la utilización partidista de un servicio público.

Desde el Estatuto de 1980 hasta la ley de 2006, las plazas del consejo se han repartido conforme a cuotas políticas y los directores generales que han estado al frente de RTVE en esos cinco lustros lo han sido a propuesta del Gobierno de turno. En el último año y medio, la televisión pública ha hecho un gran esfuerzo por recuperar la independencia, el pluralismo informativo y la dignidad profesional. Al Gobierno y a los grupos parlamentarios les corresponde ahora definir el papel que ha de desempeñar la televisión pública y demostrar si realmente consideran que es una pieza clave de la democracia.