Estabilidad en RTVE

El prolongado bloqueo político ha congelado algunas de las reformas urgentes emprendidas en la anterior legislatura. La de la radio y la televisión pública es una de ellas. Los grupos parlamentarios modificaron hace más de un año una ley para elegir un nuevo consejo de administración de RTVE que devolviera la credibilidad y el pluralismo a un medio público cuyo funcionamiento ha estado lastrado por la permanente utilización partidista que hizo el PP durante sus años de Gobierno. Pero la incapacidad de las distintas formaciones de llegar a un acuerdo abocó al nombramiento de una administradora provisional única, tarea encomendada a la periodista Rosa María Mateo. Este cargo interino, pensado para dos o tres meses, ha superado ya el año, y en el horizonte no se prevé una designación de los órganos de gobierno de la corporación.

Durante este tiempo de provisionalidad, Mateo está desempeñando un trabajo solvente y con criterio. RTVE ha mejorado en aspectos sustanciales. Se han aminorado de manera significativa las denuncias —internas y externas— de manipulación informativa y ampliado las voces que participan en los programas de actualidad política; se han eliminado de la parrilla espacios incompatibles con una televisión pública y se ha avanzado en la incorporación de más mujeres a puestos directivos. Son progresos notables que chocan con una situación de precariedad institucional. El concurso público convocado para elegir un nuevo consejo de administración está varado en el Congreso, y sobre su desarrollo pesan una treintena de recursos. Las probabilidades de que esta fórmula de elección, inédita en la corporación estatal, llegue a su término se antojan inciertas.

Pero hay aspectos en los que RTVE no ha avanzado. Con un presupuesto congelado desde hace varios ejercicios, su situación financiera alcanza síntomas preocupantes. Carece de recursos para abordar producciones de elevado coste, un factor que impacta negativamente en la audiencia, y necesita una subvención adicional para adquirir los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, síntoma de la asfixia económica. Remontar esta situación requiere dotar a la corporación de una financiación estable y suficiente para desempeñar su labor de servicio público. La ley insta a la televisión estatal a conciliar la rentabilidad social con la necesidad de acceder a la mayor audiencia posible manteniendo los fines educativos, sociales e integradores propios de un servicio audiovisual de todos. También reconoce su labor como instrumento de comunicación, información y formación de la opinión de los ciudadanos, y su contribución a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. RTVE tiene encomendada la prestación de un servicio relevante para la sociedad, pero para acometer esta misión con garantías es preciso el respaldo de los partidos, demasiado acostumbrados a utilizarla en su provecho cuando están en el Gobierno y a usarla como arma arrojadiza desde la oposición.