Arréglense, pendejos

La pobreza infantil castiga en España a unos 2,2 millones de niños, un tercio del total. La de los mayores de 65 roza el 18 por ciento. La Estrategia Nacional contra la Pobreza y la Exclusión acaba de ser aprobada y debía durar hasta 2023.

Entre el 1 de enero de 2003 y el 13 de julio de 2019, 1.005 mujeres habían sido asesinadas por el simple hecho de serlo. Uno de cada cuatro hombres jóvenes afirma hoy que los celos son “una prueba de amor”.

Unos 43.000 migrantes y solicitantes de asilo han llegado a Europa a través del Mediterráneo a lo largo de 2019. La tercera parte llegó a España, cuya capacidad de acogida continúa ridículamente infradotada.

Durante la última década, el sistema español de cooperación fue destruido y el nivel de ayuda al desarrollo cayó un 66%. La ayuda humanitaria prácticamente desapareció, mientras las necesidades declaradas por la ONU se multiplicaban por cuatro.

Unos 130.000 enfermos de Hepatitis C accedieron en España, tras una dura negociación, a un tratamiento cuyo coste queda fuera del alcance de otros 71 millones de pacientes en todo el mundo. Pronto vendrán batallas similares.

Nuestro país recuperó hace un año su sistema sanitario universal con el acceso de los migrantes a los servicios públicos de salud. La medida ha sido contestada por varios partidos nacionales.

El año 2018 batió el récord de desahucios con más de 70.000. El acceso a una vivienda digna constituye uno de los derechos fundamentales más vapuleados en nuestro país.

El 75 por ciento del suelo español está en proceso de desertización. Un 20 por ciento de lo que queda estará en riesgo dentro de 50 años.

Nuestro país se ha embarcado en un proceso de transición ecológica que aspira, entre otras cosas, a obtener de fuentes renovables un tercio del abastecimiento energético en 2030. La oposición económica y cultural está siendo titánica.

Un español que nace en una familia de ingreso bajo tardará cuatro generaciones (120 años) en alcanzar una renta media. La pobreza aumentó durante la crisis cuatro veces más de lo que se ha reducido durante la recuperación. La desigualdad y la precariedad han roto el ascensor social.

La libertad de expresión y protesta ha sufrido un grave deterioro en nuestro país. Entre 2016 y 2017 se impusieron más de 25.000 sanciones por “desobediencia o resistencia a la autoridad” – con multas de hasta 30.000 euros– y más de 40.000 por “falta de respeto o consideración” a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Arréglense, pendejos. Cállense y arréglense.