Recomenzar

El Congreso de los Diputados rechazó este jueves la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. El desenlace de la sesión se confirmó anticipadamente la víspera de la celebración del pleno, cuando el Partido Socialista anunció que rompía las negociaciones con Unidas Podemos, alegando sus inasumibles exigencias para formar un Gobierno de coalición. El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez no condena a repetir las elecciones; antes por el contrario, obliga a recomenzar el proceso de investidura de modo que, esta vez sí, las principales fuerzas políticas conduzcan adecuadamente las negociaciones y pongan fin a la parálisis política en la que el país lleva instalado al menos desde 2015.

El resultado de la votación puso de manifiesto que no se puede seguir considerando negociación política lo que solo son escaramuzas propagandísticas, no para alcanzar acuerdos sobre la acción de gobierno, sino para acusar a la parte contraria de impedirlos. Posponer a causa de estas escaramuzas que el país pueda contar con un Ejecutivo tres meses después de celebradas las elecciones generales, retrasándolo hasta septiembre en la hipótesis más optimista, incorpora nuevos costes a los muchos afrontados en las dos legislaturas anteriores, marcadas por la parálisis y la inestabilidad. Costes, sin duda, económicos y sociales, pero también institucionales: el espectáculo ofrecido por el Partido Socialista y Unidas Podemos en las últimas jornadas son un ingrediente esencial del caldo donde fermenta el desprestigio de la representación política.

Ni siquiera en los raros momentos de discreción que han conocido los encuentros entre ambas fuerzas, la negociación se ha desarrollado en torno a lo que debía hacerlo: un programa de Gobierno para la legislatura. Subrayar una coincidencia genérica en las grandes líneas de acción, según la justificación a la que recurrieron este jueves Sánchez e Iglesias, no era una base suficiente para abordar entre socios potenciales la composición del Consejo de Ministros. Unidas Podemos llevó esta precipitación negociadora hasta la paradoja, al declarar que no reclamaba sillones, sino competencias, obviando el hecho de que estas deberían ser desarrolladas de acuerdo con un plan de gobierno del que los eventuales miembros de la coalición nunca hablaron. Así como Iglesias brilló en el primer discurso, este jueves fue Sánchez el que logró transmitir con más eficacia sus posiciones.

Desde el momento en que concluyó la votación dejó de estar en manos de los partidos desmentir la generalizada sensación de frustración que impuso el compás de espera desde el 28 de abril. Lo que, por el contrario, todavía se encuentra enteramente a su alcance es extraer las consecuencias políticas de la experiencia. Sobre todo, las más elementales, que consisten, simplemente, en asumir que en los sistemas parlamentarios el partido más votado no forma Gobierno si no es capaz de articular una mayoría en torno a un programa y que ese programa constituye la sustancia de la negociación, sea para llegar a acuerdos o para rechazarlos.

Entre tanto, el plazo para regresar a las urnas ha comenzado. Ni es una fatalidad ni hay por qué resignarse a que lo sea, en la medida en que solo significa que a partir de este momento está tasado el tiempo para volver a hacer las cosas como corresponde en un sistema parlamentario. Ninguna excusa es válida para que los principales partidos no comiencen desde hoy mismo la búsqueda de la mayoría que ahora no ha sido posible. En esta ocasión el candidato debería llegar a la nueva ronda que convoque el jefe del Estado con su obligación cumplida, es decir, con un pacto ya negociado. Las heridas abiertas por la estéril escenificación de estos meses constituyen un obstáculo. Pero, en contrapartida, la clarificación de los espacios políticos, que se ha producido sobre todo en la última jornada de la investidura, puede ser el instrumento para superarlo. Salvo Ciudadanos, Vox y Junts per Catalunya, que se situaron deliberadamente en vía muerta, el resto de las fuerzas, incluido el Partido Popular, expresaron una u otra disposición para que este legislativo cumpla con su primer deber constitucional: investir un Ejecutivo.