El Gobierno se compromete a resolver uno de los mayores problemas de la ciencia

El Gobierno se ha comprometido hoy a que las principales subvenciones para investigación científica sean estables y predecibles, una de las principales reivindicaciones de la comunidad investigadora del país. El nuevo plan, que se publica hoy, prevé resolver el problema en el plazo de dos años para que a partir de 2021 las principales convocatorias de proyectos científicos salgan siempre el mismo mes. Es algo aparentemente sencillo pero que ha resultado imposible durante años debido a la farragosa burocracia estatal, la falta de complicidad entre ministerios y los problemas presupuestarios.

El funcionamiento de la ciencia pública en España es algo kafkiano. Cada año se convocan subvenciones del plan nacional de investigación con una cuantía de unos 350 millones de euros para financiar proyectos de unos 2.000 grupos de investigación del país, un tercio de todos los que existen. Los proyectos aportan fondos para tres años, por lo que cada trienio la inmensa mayoría de grupos tiene oportunidad de conseguir una ayuda de este tipo.

El problema es que la convocatoria no se realiza siempre el mismo día, ni el mismo mes, sino que depende de múltiples factores, como que haya presupuestos vigentes. El proceso legal para otorgar estas ayudas dura en torno a un año —es preceptivo dar derecho a subsanar errores, alegar, etc— y en ocasiones se retrasa tanto que hay que aprobar prórrogas seis meses más.

Para los científicos, en cambio, el reloj nunca deja de contar. Si consiguen una subvención, la Administración considera siempre que su proyecto de investigación comenzó el 1 de enero de ese año, aunque en realidad no reciben el dinero hasta septiembre. Este desfase de nueve meses tiene efectos directos en la estabilidad laboral de los investigadores, sobre todo los más jóvenes. En marzo de este año, un colectivo de prestigiosos científicos de centros punteros de investigación denunciaron en EL PAÍS que los retrasos suponen un recorte real de entre el 25% y el 50% en la financiación de los grupos científicos, lo que amenaza con hacer “colapsar” la investigación pública.

“Comparto las opiniones negativas de la comunidad científica”, dice Enrique Playán, director de la Agencia Estatal de Investigación

“Comparto en buena medida las opiniones negativas de la comunidad científica”, dice Enrique Playán, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Este organismo dependiente del Ministerio de Ciencia que dirige Pedro Duque (en funciones) es el encargado de gestionar la mayoría de los fondos públicos de I+D+i. Playán ha aprobado hoy un documento que detalla los plazos exactos de publicación y concesión de todas las convocatorias desde ahora hasta finales de 2021, año en el que concluye el Plan Estatal de Investigación (2017-2020) y en el que espera haber acabado con el desfase en la llegada de los fondos. La intención es que los mismos plazos sigan vigentes durante el periodo 2021-2028, lo que daría al sistema de I+D+i la predictibilidad que reclaman los científicos.

"Esto nos permitirá por primera vez funcionar en sincronía con el programa marco de la Unión Europea [el presupuesto para ciencia de la UE]”, resalta Playán. Este investigador del CSIC experto en regadíos fue nombrado a finales de 2018 y su mandato durará tres años, prorrogable a otros tres. Además del nuevo calendario, Playán pilota un plan de renovación informática que puede acortar un mes el proceso actual de concesión de ayudas y que podría estar listo antes del final de su primer mandato.

El reajuste contempla que el plan nacional correspondiente a este año se otorgue en septiembre de 2020 (aunque para la administración el reloj empezará a contar en junio) y el de 2020 en septiembre de 2021, ya con el reloj totalmente ajustado a la realidad.

El nuevo calendario no tiene rango de ley, ni se publicará en el BOE. El texto advierte que los plazos pueden cambiar “por causas de fuerza mayor”, como la tramitación presupuestaria o la modernización informática. Playán explica que el objetivo de esta medida es intentar recuperar la confianza de la comunidad científica y asegura que “la va a cumplir” con el personal y el presupuesto del que dispone actualmente la AEI. “En este nuevo Gobierno va a haber mucho mimo por la ciencia y la tecnología”, señala, como demuestra “que el primer pacto de Estado que propuso el presidente en funciones Pedro Sánchez sea el de educación y ciencia”, añade. Queda por ver si en la legislatura que comienza se mantiene el gran consenso de los principales partidos para sacar la ciencia del debate político y dotarla de una financiación estable y predecible.

La comunidad científica ha recibido el anuncio con amabilidad y escepticismo. “Es un paso en la buena dirección, pero se queda en una declaración de intenciones”, reconoce Luis Serrano, presidente de la alianza que agrupa a los centros de investigación más competitivos del país. En una entrevista en febrero, Serrano dijo que Pedro Duque "pasaría a la historia si los planes salieran el mismo día del año. El investigador señala que no es la primera vez que se aprueban calendarios similares sin que se lleguen a cumplir.

“La medida está muy bien para dar explicaciones de los retrasos, pero no aporta una solución clara”, opina Nazario Martín, presidente de las sociedades científicas de España. La solución que propone la comunidad investigadora es que la AEI tenga un presupuesto plurianual que le garantice estabilidad independientemente del momento político, algo bastante complicado de conseguir desde el punto de vista legal, según Playán, y que cae fuera de sus competencias, pues sería tarea de su jefe, Pedro Duque, y del Parlamento. Además hay otras posibles medidas que suavizarían el impacto de los retrasos, explica Xosé Bustelo, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, como “dar un presupuesto extra a los proyectos cuya renovación se ha retrasado para cubrir los meses en que los investigadores están sin dinero”.