Colapso del fiscal en una jornada clave

Nunca en las 48 jornadas del juicio oral ha sido el Estado español peor defendido. El fiscal Jaime Moreno protagonizó ayer un colapso, muy visible, de la institución que representa. Y en un día clave. Pues la fase de las pruebas documentales lo es. La exhibición de vídeos contribuye a dirimir las contradicciones entre los testigos de las defensas y los de las acusaciones, en general favorables a los suyos.

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La recua de chapuzas y errores de bulto del ministerio público resultó interminable. Y melló así la credibilidad del trabajo acopiado. Moreno presentó los vídeos en total desorden, temático y cronológico. Ignoraba qué reflejaban. Repitió algunos ¡hasta cuatro veces! Confundía las fechas y los lugares: atribuyó a la huelga general del 8 de noviembre el llamado “paro de país” del 3 de octubre.

¿Un desliz de menor cuantía? Para nada. Porque el 8 de noviembre la policía autonómica la mandaba ya el Gobierno de Mariano Rajoy, tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, y no el Govern levantisco del fugado Carles Puigdemont. Y porque, por ende, queda fuera del plazo de “insurrección patente” con la que adjetiva aquel otoño la conclusión provisional de la Fiscalía.

Pero esto no fue lo peor, desde el interés presumible del ministerio público. La desgarbada selección de las filmaciones más bien favoreció que perjudicó a los reos. Algunos abogados brindaban haciendo con los ojos chiribitas.

En efecto, el relato fiscal que busca sustentar la rebelión describe una violencia ciudadana —seguidora de las instrucciones del Parlament, del Govern y de las asociaciones soberanistas— autónoma, automática, organizadamente desarrollada por la muchedumbre.

Y los vídeos mostraron por el contrario que, en algunas ocasiones clave, la secuencia fue inversa. En las imágenes de la jornada del ilegal referéndum del 1-O tomadas en Castellbisbal, en Sant Joan de Vilatorrada (Instituto Quercus), en Sant Esteve Sesrovires, en Dosrius, la iniciativa del uso de la fuerza fue de la Guardia Civil.No medió provocación previa de los votantes más que verbal (y no siempre). La Benemérita no alertó ni avisó, contra lo preceptivo, antes de intervenir, como hizo correctamente en Sant Martí Sesgueioles.

Otra cosa es que después de los golpes y pinchos de porra, y otras acciones muy duras —vimos ayer ancianos con las cabezas ensangrentadas y gentes lanzadas al suelo que no habían empleado ni un músculo—, el personal se revolviese: hubo lanzamiento de sillas, objetos, botellas, vallas: incluso por el ciudadano Roger Español, que perdió un ojo.

Lo nuevo y sorprendente es que los patrocinadores de esas imágenes no son los aguerridos propagandistas separatistas (que tanto las prodigan), sino la propia acusación. Corresponde a los magistrados determinar si las reacciones de votantes y manifestantes configuran una violencia autónoma, y suficiente, para organizar el delito máximo del que se acusa a nueve procesados. Pero el mero visionado tendía a ponerlo en duda.

Entre otras razones, porque la jornada más tensa previa al día del referéndum (el 20 de septiembre, que contempló movilizaciones de protesta contra las detenciones de altos cargos de la Generalitat) se vio de forma menos contundente.

Aunque hubo violencia en la manifa frente al departamento de Exteriores (golpes a coches de la Policía Nacional), la tónica en torno a la sede de la CUP, rodeada por miles de simpatizantes/protectores, fue de calma total.Y los vídeos del rodeo a la conselleriade Economía acreditaron las llamadas a la no violencia de los Jordis: “Los que nos quieren violentos están cabreados”, “hay que aislar a los violentos”, “os pedimos siempre una actitud no violenta”, queremos “una movilización cívica y pacífica”. Eso es lo que se escucha de sus bocas en el audio de varias grabaciones. Todas ellas propuestas por la Fiscalía.